La 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático realizada la semana pasada en Egipto, fue la ocasión para mostrar una vez más el abanico de las posiciones que los gobiernos nacionales y las grandes corporaciones mantienen ante el fenómeno del calentamiento global. Ante la tragedia anunciada que nos espera como consecuencia del imparable incremento de la temperatura promedio en este planeta, los pronunciamientos de los gobiernos nacionales oscilaron una vez más entre aquellos que vienen de un puñado de países responsables pidiendo acciones más drásticas y anunciando sus propios avances, y los de los gobiernos y países irresponsables que aprovechan la ocasión para reiterar sus acostumbradas letanías compuestas de evasivas, pretextos y promesas incumplidas.
Es cierto que el tema de las responsabilidades históricas sobre las causas del calentamiento global sigue siendo algo escabroso y la discusión está todavía lejos de ser razonablemente justa, pero eso tiene que ver con la repartición de los costos entre países, no con la voluntad de cada gobierno para contribuir solidariamente en la reducción del calentamiento global. Un esquema que simplifica las opciones disponibles diría que: o se asume una posición ética de apoyo a las acciones mundiales de combate al calentamiento global y se actúa en consecuencia; o se adopta la política del gorrón (aprovechando los recursos internacionales para beneficio propio sin hacer avances reales en los compromisos adquiridos); o se simula una posición aparentemente congruente con la corriente internacional, pero en la práctica se opera en sentido contrario. Revisando las acciones emprendidas por el gobierno de México, resulta muy claro que éste es miembro honorario del tercero de los grupos.
Como lo dice con todas sus letras el Climate Action Tracker, un organismo científico no gubernamental con financiamiento básicamente europeo, las políticas climáticas de López Obrador son abiertamente retrógradas porque priorizan el uso presente y futuro de los combustibles fósiles y desmantelan las políticas e instituciones relacionadas con el combate al cambio climático. Como una consecuencia directa, las emisiones de gases de efecto invernadero de México continúan aumentando a pesar de la breve caída causada por la pandemia de covid-19, y se prevé que continúen aumentando hasta el 2030. Las calificaciones otorgadas a México por este comité internacional van del “altamente insuficiente” al “críticamente insuficiente”, las peores que se pueden obtener de acuerdo a los criterios científicos del organismo.
El Índice de Desempeño del Cambio Climático (CCPI) es un instrumento para medir la transparencia en la política climática nacional e internacional. El CCPI utiliza un marco estandarizado para comparar el desempeño climático de 59 países y la Unión Europea, que en conjunto representan el 92% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. El desempeño de la protección climática se evalúa en cuatro categorías: emisiones de gases de efecto invernadero, energía renovable, uso de energía y política climática. En todas el desempeño de México respecto de los compromisos de París es calificado como completamente deficiente.
Los compromisos nacionales para el 2030 presentados por la Semarnat en la COP27 son no solamente risibles sino inalcanzables pues constituyen una lista de buenos deseos que puede parecerle prometedora al público en general, pero los científicos saben muy bien que sus cálculos responden más a criterios de propaganda política y a la magia de los otros datos, que a bases científicas serias. El gobierno de México fue a prometer que con su programa Sembrando Vida reducirá 4 millones de toneladas anuales de CO2, (al día de hoy no hay manera de saber si ha podido reducir una sola tonelada); que creará nuevas áreas naturales protegidas (¿cuáles?) que reducirán 8 millones de toneladas anuales de CO2; que con una misteriosa estrategia de promoción de vehículos eléctricos (¿alguien la conoce? ¿no que los combustibles fósiles de Dos Bocas tienen prioridad sobre todos los demás elementos de la matriz energética?) reducirá 30 millones de toneladas anuales de CO2; y la cereza del pastel: que logrará que mediante el trabajo remoto de al menos un millón de personas se reduzca un millón anual toneladas de CO2 equivalente (esta última ganaría un primer lugar internacional del concurso a la mejor ocurrencia climática, no porque no tenga lógica, sino porque todas las acciones de este gobierno apuntan en direcciones contrarias a la facilitación del trabajo remoto).
La seriedad con la que este gobierno se toma los temas ambientales, y en particular el cambio climático, es directamente proporcional al nivel jerárquico de la raquítica representación que envió a Egipto. Mientras muchos países fueron representados por sus jefes de Estado, entre quienes estuvo el presidente Biden por ejemplo, México envió a un encargado de despacho del INECC y a un jefe de unidad de asuntos internacionales.
Los daños y los costos ambientales provocados por el gobierno de López Obrador no tienen parangón en los últimos 30 años en México. En esta materia, su sexenio será recordado como el de mayor destrucción ambiental de la historia reciente del país.