Tras el éxito de El rey del cash, Elena Chávez nos sumerge una vez más en las entrañas de un sistema político donde la corrupción parece haberse convertido en la norma. A través de testimonios contundentes, se pone al descubierto cómo el presidente y sus cómplices han creado intrincados esquemas ilegales en beneficio propio.
En esta investigación, la autora aborda casos alarmantes que van desde la Secretaría de Educación Pública, convertida en una escuela de malversación, hasta la policía transformada en una caja de fondos ilícitos. También explora los coqueteos de la presente administración con el crimen organizado y la destrucción de instituciones como Notimex. Además, expone las prácticas de influyentismo y nepotismo de diversos funcionarios públicos, las finanzas inexplicables de la autodenominada «no primera dama» o las actividades extorsionadoras de los hijos del presidente. Sin embargo, el epicentro se sitúa en el robo a los adultos mayores, el programa estandarte de López Obrador. A pesar de sus condenas de «pecado social» hacia sus opositores, este libro presenta pruebas de que una de sus operadoras principales también ha cometido un «pecado social» al desviar millones de pesos, inflando de manera exponencial el padrón de beneficiarios.
Así, esta obra desenmascara al Rey del cash bajo otro nombre, el Gran corruptor, y se constituye como un llamado a la reflexión crítica y una valiente denuncia de los abusos de poder que amenazan el futuro del país.
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Fragmento del libro de Elena Chávez “El gran corruptor”, publicado por Grijalbo, Cortesía de publicación Penguin Random House.
Elena Chávez es egresada de la escuela de periodismo Carlos Septién García. Trabajó como reportera en Excélsior (1990-1994), unomásuno (1995) y Ovaciones (1998-2000). Se desempeñó como reportera interna en el Senado de la República (1996) y en la Secretaría de Gobernación (1997).
El gran corruptor • Elena Chávez
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Adultos mayores: robo inmoral
#PrimeroLosPobresdela4T
Si creen que Andrés Manuel López Obrador dejará la presidencia de México con los 200 pesos que dice tener en su cartera, déjenme decirles que miente, nos miente a todos los mexicanos. Son los adultos mayores, los abuelos, uno de los sectores más vulnerables, quienes, sin saberlo, le están llenando las maletas de cash que, con el apoyo de Ariadna Montiel, una de sus operadoras, viene de su programa estelar. Estas “pensiones” lo han “sostenido” moralmente para pelearle, en la oscuridad, el título del hombre más rico del país a Carlos Slim. La estafa económica en este programa asciende, tan solo de enero a junio de 2022, a 41 mil 706 millones de pesos que el tabasqueño ha intentado ocultar inflando el padrón de beneficiarios.
Todo el dinero público representa una fuente potencial de recursos para López Obrador. Entre más grande es el presupuesto gubernamental destinado a sus programas sociales, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBPAM), más escandaloso e inmoral es el robo. El autodenominado “humanista”, el hombre que acuñó la frase “por el bien de todos, primero los pobres”, los ha traicionado y les ha robado. El presidente ha encontrado en los adultos mayores el mecanismo ideal para desviar el cash que obtiene de los impuestos que pagamos muchos mexicanos, principalmente de la clase media a la que tanto desprecia y ataca.
Una llamada telefónica de empleados de la Secretaría de Bienestar me advirtió de la gran estafa que se había gestado en el programa tan presumido por el presidente. La denuncia llegó a mis manos meses después de haber publicado El rey del cash, por lo que me propuse, con la ayuda de expertos en finanzas, descubrir el crimen financiero cuasi perfecto perpetrado por la titular de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel. La misma que en sus días como estudiante de arquitectura, protagonizó un intento de homicidio al tratar de quemar vivo a un hombre que supuestamente era un espía del gobierno, con el fin de frenar la huelga estudiantil de aquellos años, según lo que me contó Raúl Flores, expresidente del prd en la Ciudad de México, quien como servidor público impidió que se llevara a cabo ese atentado.
Los resultados no me sorprendieron. Como lo dije en El rey del cash, AMLO corrompe a todos, tanto a mujeres como a hombres que, al igual que él, son vulgares ladrones, no solo de los ricos, sino también de los más pobres, lo cual es aún más oprobioso.
Antes de adentrarnos en los números, que les aseguro que los escandalizarán, es importante exponer la torcida actuación de la responsable de la Secretaría de Bienestar, quien, en una entrevista con Hernán Gómez, dijo que el consejo que recibió del tabasqueño fue no enamorarse del dinero, sino de los adultos mayores a quienes abraza y besa en sus giras proselitistas disfrazadas de actos públicos, mientras en la práctica los apuñala por la espalda. No obstante, este consejo pareció entrar por un oído y salir por el otro, ya que la funcionaria, desde antes de asumir la Secretaría de Bienestar, adquirió una finca en el municipio de Tepoztlán, en Morelos, con un valor superior a los 20 millones de pesos, ubicada muy cerca del hotel La Buena Vibra. A esta finca han asistido tanto sus amigos como varios servidores públicos, como Jesús Valencia, exdelegado en Iztapalapa, quien casualmente dejó Segalmex después de conocerse la estafa en esa dependencia, para irse a trabajar junto a la secretaria de Bienestar.
Valencia, un pobre con aspiraciones venido a rico, que pasó de vivir en Iztapalapa al Pedregal, es prestanombres de Montiel, ya que en una fiesta realizada en la finca le dijo a un periodista que el inmueble era suyo, cuando en realidad pertenece a Montiel Reyes, quien durante la pandemia envió a su hija a vivir allá, cuidada por un séquito de “nanas”.
Cientos de miles adultos mayores “fantasmas”
El programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se ha convertido en el emblema del gobierno de López Obrador, no tanto por su impacto presupuestario, sino por su relevancia mediática y política. Sin embargo, como suele suceder con muchas de las iniciativas del presidente, este programa también esconde un lado oscuro: es una estafa, tanto en términos financieros como morales.
Tras un arduo trabajo que nos llevó varias semanas de análisis exhaustivo de documentos y cifras, así como de una minuciosa revisión del informe de gobierno presentado por López Obrador en 2022, las cifras relacionadas con el programa de adultos mayores revelan con precisión esta doble estafa, con pesos y centavos.
Solo en el primer semestre de 2022 se identificó un “sobrante” de más de 41 mil 706 millones de pesos que, siguiendo instrucciones de la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, se desviaron hacia una “partida secreta” que, según la ley, no debería existir. Esta cantidad es mayor que el escándalo conocido como la “Estafa Maestra” y casi tres veces el monto de otro fraude notorio, el de Segalmex. Resulta aún más alarmante si consideramos que este desvío se registró solo durante el primer semestre de 2022, a pesar de que el programa ha estado en marcha desde el inicio del sexenio. Además, no debemos olvidar que la Secretaría de Bienestar maneja otros 16 programas sociales con el mismo nivel de opacidad. Dada su magnitud y la falta de transparencia en su operación, el programa de adultos mayores se ha convertido en el artilugio perfecto para el fraude, parte del sistema de saqueo que López Obrador parece disfrutar implementar.
En el Cuarto informe de gobierno, con datos hasta junio de 2022, se afirma que el programa benefició a 10 millones 197 mil 769 personas, con un presupuesto ejercido en ese periodo de 159 mil 491 millones de pesos. Cada beneficiario recibía un apoyo mensual de mil 925 pesos.
Un cálculo simple es extremadamente revelador: PBPAM, enero-junio de 2022
Según varios empleados que operan en el blindado piso 18 de Reforma 51, donde se gestionan los recursos, tarjetas y padrones, el dinero fue transferido a una “partida secreta” por orden directa de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, quien ha sido una recaudadora constante de cash para el mandatario tabasqueño, para René Bejarano (su padrino político) y, por supuesto, para sí misma.
En los seis meses siguientes este “sobrante” desaparece oficialmente, según lo indican las cifras proporcionadas por la propia Secretaría de Bienestar. De acuerdo con el cuarto informe trimestral de la dependencia, se ejecutó un presupuesto total de 244 527.6 millones de pesos en 2022, incluyendo las ampliaciones presupuestales otorgadas por la Secretaría de Hacienda. Hacia el cierre de 2022 el programa de adultos mayores supuestamente atendía a 10 millones 936 mil 764 personas. Esto marca un aumento excepcional en la cobertura del programa. En tan solo medio año se agregaron 738 mil 995 personas, lo que equivale a más de 4 mil 100 personas por día. Los montos entregados mensualmente parecen concordar con este impresionante aumento en el número de beneficiarios durante el segundo semestre, lo que aparentemente tiene consistencia.
Sin embargo, se olvidaron de un detalle crucial: estas más de 700 mil personas simplemente no existen en el México del año 2022. ¿Cuántos adultos mayores (personas de 65 años o más) vivían en el país durante ese año? Según la Secretaría de Bienestar, al menos 10.94 millones de personas estaban recibiendo la pensión. No obstante, el Censo de Población y Vivienda hecho por el Inegi en 2020 establece que la población total del país en ese año fue de 126 millones 014 mil 024 personas. De ese total, según la pirámide poblacional estimada por el propio Inegi, 8.2% tenía 65 años o más, lo que equivale a 10 millones 333 mil 149 personas.
En 2022 se estima que la población total del país aumentó a alrededor de 130.1 millones de personas. Si extrapolamos generosamente un aumento similar, podríamos calcular que habría alrededor de 10.7 millones de adultos mayores de 65 años en ese año. Según estas estimaciones, el programa de adultos mayores, a finales de ese año, tenía entre 200 mil y 300 mil personas adicionales de las que podría justificar legítimamente en función de la población en ese grupo de edad.
En esta gráfica se muestra cómo explota el padrón a finales de 2021.
La propia Secretaría de Bienestar presenta información que revela una discrepancia significativa en las cifras relacionadas con el PBPAM. Según sus propios datos, la “población objetivo” del programa son 10 millones 321 mil 914 personas, mientras que afirman estar entregando recursos a 10 millones 936 mil 764 personas. Esto implica que, según las cifras oficiales, más de 600 mil personas están recibiendo un apoyo que supera la población objetivo establecida por el propio programa. Estos números refuerzan la sospecha de que se ha inflado artificialmente el número de beneficiarios del programa de adultos mayores.
Otra fuente oficial, el Padrón Único de Beneficiarios (PUB), confirma una discrepancia enorme. Según los registros de este, en noviembre-diciembre de 2022 el número total de adultos mayores que recibieron el beneficio fue de 10 millones 391 mil 366.
La discrepancia entre esta cifra y el cuarto informe trimestral de la Secretaría de Bienestar es sorprendente: 545 mil 398 personas. Si multiplicamos esta cantidad por los mil 925 pesos que cada beneficiario recibe mensualmente, obtenemos un total de mil 049 millones 891 mil 150 pesos al mes.
Además, debemos considerar que no todos los adultos mayores de 65 años en México, sin excepción, reciben la pensión que se entrega cada dos meses. La falta de transparencia en este gobierno hace imposible determinar cuántos no la reciben. Sin embargo, podemos afirmar con certeza que no todos los adultos mayores del país, desde Carlos Slim hasta la persona más vulnerable, se han beneficiado de este programa.
Como resultado, hay cientos de miles de “pensiones” que no llegan realmente a quienes se supone que deberían recibirlas. Si consideramos la población objetivo oficial, se trata de más de 600 mil personas. Si extrapolamos a partir del Censo de Población y Vivienda 2020, la cifra se sitúa entre 200 y 300 mil personas. La diferencia entre los registrados en el pub y el número presentado por la Secretaría de Bienestar es de casi 550 mil personas. Sumando a cualquiera de estas cifras las personas que no reciben la pensión, muchas de las cuales no la solicitan porque no la necesitan, podríamos estar hablando de alrededor de un millón de personas.
Cada uno de estos supuestos beneficiarios debió recibir mil 925 pesos mensuales durante ese año, lo que representa una fuente significativa de recursos, tanto a través de transferencias electrónicas como en efectivo, como es característico con López Obrador. Según el cuarto informe trimestral de la Secretaría de Bienestar, al cierre de 2022, 69% de las pensiones se entregaron por transferencia electrónica, mientras que 31% se entregaron en efectivo, casi una tercera parte del total.
Si alguien pensaba que en 2023 ya no se agregarían más personas al PBPAM, dado que se había alcanzado a la población objetivo y parecía haber un excedente, se sorprenderá al saber que, según la información proporcionada por la propia Secretaría, resaltada por su titular Montiel Reyes durante una mañanera con el presidente, la población atendida para el bimestre marzo-abril ascendió a 11 millones 239 mil 840 personas, con un presupuesto de 61 mil 786 millones de pesos y un apoyo mensual de 2 mil 400 pesos por persona. En tan solo cuatro meses se agregaron poco más de 300 mil personas al PBPAM, con lo que se superó en más de un millón la población objetivo establecida a finales de 2022.
A pesar de esta notable expansión en la población oficialmente beneficiada, otra vez el presupuesto asignado fue mucho mayor de lo necesario, lo que nos lleva a cuestionar si existe otro “sobrante” similar al que se observó en el primer semestre de 2022. En tan solo ese bimestre de marzo-abril de 2023 estamos hablando de un exceso de 7.83 miles de millones de pesos. Sí, ese dinero siguió la misma ruta y terminó en la denominada “partida secreta”, tal como se había establecido previamente por orden de la secretaria.
No se puede argumentar que esta diferencia represente los gastos operativos del PBPAM, ya que dicha cifra equivale a 12.7% del presupuesto total ejecutado, lo cual supera significativamente el 3.61% de los gastos operativos autorizados para 2022.
El pbpam se ha convertido en una fuente de recursos opaca, un agujero negro en el que el dinero público parece destinarse a cientos de miles de beneficiarios que ni siquiera existen, posiblemente incluso rozando el millón de personas ficticias. El padrón de beneficiarios sigue creciendo de manera explosiva. ¿Cuál podría ser la razón detrás de este aumento constante en el padrón? Quizá sea la forma de justificar los miles de millones que sobran en el programa. Cuantos más beneficiarios inexistentes se agreguen, más dinero habrá disponible para desviar hacia otros destinos, ya sea el presidente, la propia Ariadna Montiel o las campañas políticas.
La gran disparidad entre el número oficial de beneficiarios del PBPAM y la realidad, que al menos se cifra en medio millón de personas, es solo la punta del iceberg en cuanto a inconsistencias y contradicciones. En el programa se entregan recursos tanto a personas fallecidas como a otras que simplemente no existen. Hay casos de personas que no estaban contempladas en el padrón, se les cambió la tarjeta y se perdió el recurso. En resumen, es un programa mal documentado, con un padrón inflado que no coincide con la imagen presentada por el presidente en sus discursos y mañaneras, y esto representa un engaño financiero y moral de proporciones monumentales.
Para corroborar estas afirmaciones, basta con echar un vistazo a la página de Facebook de Ariadna Montiel, donde cientos de adultos mayores expresan sus quejas sobre la falta de apoyo, la falta de retroactivos, los errores en las transferencias o el hecho de que sus solicitudes no son atendidas durante meses. Este problema parece extenderse a lo largo y ancho del país.
Otro asunto preocupante es la falta de transparencia en torno a la información. Recientemente, toda la información proporcionada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (inai) de la Secretaría de Bienestar, respaldada por los enlaces que se proporcionaron, fue retirada de su plataforma. . Esto ocurrió después de que el presidente López Obrador considerara al inai un gasto innecesario y presionara para su desaparición y absorción en otra entidad. . Además, el nombramiento de nuevos comisionados para el inai está estancado en el Senado.
Una auditoría muy reveladora
En 2021, según la información registrada en la tercera parte de la fiscalización de la Cuenta Pública realizada por el auditor superior, David Colmenares, se destinó un presupuesto de 146 mil 064 millones de pesos para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con el fin de entregar apoyos, y mil 866 millones de pesos para gastos de operación. Sin embargo, la Secretaría de Bienestar no logró aclarar el destino de 60 mil 600 millones de pesos de esos recursos destinados para las entregas de apoyos y de 16 mil 600 millones de pesos de los fondos destinados a gastos de operación. Esto indica que hubo pagos en exceso en los gastos operativos.
En 2021 se identificaron varias irregularidades, como pagos a personas fallecidas por un total de 48 mil 700 millones de pesos, así como la entrega de 5 mil 600 millones de pesos a 347 personas cuyos nombres registrados en el padrón de beneficiarios no coincidían con la información del Registro Nacional de Población (Renapo). Además, se hicieron pagos por 3 mil 200 millones de pesos a 2 mil 385 supuestos deudos de beneficiarios por concepto de “pago de marcha”; pero, al revisar la información del Renapo, se reveló que los beneficiarios no estaban registrados como personas fallecidas. También se efectuaron pagos por 2 mil millones de pesos a 105 personas menores de 65 años, lo que incumple las reglas de operación del programa, que establecen que la edad mínima para ser beneficiario es de 65 años. Se suman pagos duplicados por un millón de pesos a 273 personas con números de identificación iguales, y 100 mil pesos a 11 personas que compartían el mismo número identificador.
Es importante enfatizar que estas cifras, por más desproporcionadas que parezcan, provienen directamente del informe de la auditor, quien pidió a la Cámara de Diputados que se solicitara una aclaración a Ariadna Montiel, pero nunca hubo una respuesta.
A pesar de estas irregularidades y la detección de beneficiarios inexistentes, el PBPAM continúa creciendo exponencialmente como el buque insignia de los programas sociales del presidente López Obrador. En 2023 se autorizó un presupuesto de 335 mil 499 millones 400 mil pesos, lo que representa un aumento de 34% en comparación con 2022. Este programa es el que dispone del mayor presupuesto, lo que lo convierte en un objetivo atractivo para desviar cash en beneficio propio.
Es importante destacar que López Obrador se ha mantenido alejado de manera directa de estas prácticas corruptas y ha usado a sus operadores, incluyendo a miembros de su familia cercana. En el caso del PBPAM, la clave parece residir en la dependencia responsable y, sobre todo, evidentemente, en Ariadna Montiel.
La farsa de anular las partidas secretas
En marzo de 2021, a iniciativa del presidente, el Senado de la República reformó el artículo 74 de la Constitución con el propósito de prohibir las partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Sin embargo, la realidad dista de las expectativas, como señaló la oposición en el Senado durante las discusiones. Afirmaron que el presidente hablaba de honestidad en la gestión gubernamental, pero que sus acciones no reflejaban esta retórica, y consideraron que esta reforma era una simulación.
El argumento central en contra de esta reforma fue que, aunque parecía ser un paso positivo, no eliminaba las partidas secretas, sino que simplemente las disfrazaba al trasladar los gastos discrecionales a la Secretaría de Hacienda, lo que permitía un mayor control de los recursos por parte del presidente sin tener que rendir cuentas. En otras palabras, la reforma promovía la corrupción.
Además, se recordó que, el 1º de julio de 2019, con la aprobación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se permitía al presidente contar cada año con una partida secreta de alrededor de 90 mil millones de pesos. Este monto era equiparable al presupuesto de dos o incluso tres estados pequeños y se usaría sin tener que rendir cuentas a nadie.
Un ejemplo claro de la ineficacia de esta reforma que supuestamente eliminaba las partidas secretas del pef es que, a través de un programa incluido en el propio presupuesto, como el PBPAM, se extraen recursos que luego se pierden en una partida literalmente secreta, fuera del escrutinio público y controlada por un pequeño grupo de personas. Se ha denunciado que este dinero se está desviando hacia esta partida secreta por orden de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel. Algunos empleados de la Secretaría, que han solicitado mantener el anonimato, creen que gran parte de estos fondos terminan en manos del presidente, mientras que otros se destinan al respaldo de las aspiraciones políticas, como la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum para las elecciones de 2024. Sheinbaum, quien cuenta con el aval presidencial, es una cercana aliada de Montiel.
Intermediario problemático: el Banco del Bienestar
La institución financiera que desempeña un papel crucial en la entrega de estas pensiones, el Banco del Bienestar, es señalada como un regazo de ineficiencia y corrupción. Aunque se encuentra registrado como un banco de desarrollo ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (cnbv), se ha enfrentado a una serie de problemas. Según fuentes dentro de la propia Comisión, el Banco del Bienestar es considerado un banco con numerosos problemas: carece de la capitalización necesaria para ser una entidad financiera efectiva y no cuenta con la conectividad a internet requerida para proporcionar un servicio de calidad.
Es posible que para capitalizar al Banco del Bienestar y hacer que sus mil 500 sucursales actuales funcionen de manera adecuada el gobierno haya tomado la decisión de cancelar las cuentas bancarias que tenía en la banca privada. La Secretaría de Hacienda publicó el 15 de febrero de 2023 en el Diario Oficial un exhorto a todas las dependencias y entidades federales a cerrar sus cuentas bancarias en la banca privada.
El argumento presentado por la titular de la Tesorería, Elvira Concheiro, fue que los 24 bancos que prestan servicios a la Tesorería “sudan el dinero cuando menos dos días” y, además, “cobran por las operaciones más de lo que dan como intereses”.1 Concheiro criticó duramente a la banca privada y la calificó como “banca parasitaria que vive de los recursos públicos”. . Señaló que los bancos habían reportado ganancias por más de 200 mil millones de pesos en 2022, sugiriendo que gran parte de esas ganancias provenían del sector público.
También expresó la posibilidad de que la Tesorería ya no dependiera de la banca privada, sino de sus propios bancos gubernamentales, como el Banco del Bienestar. Esto podría tener implicaciones importantes, como ocultar el manejo del dinero y las inversiones hechas con él, lo que a su vez podría hacer que las partidas secretas sean aún más secretas.
¿Quiénes manejan la Secretaría de Bienestar?
En 2018 Ariadna Montiel se unió a la institución como subsecretaria de Desarrollo Social y Humano. Luego, en febrero de 2022, el presidente López Obrador la nombró secretaria.
Montiel y su círculo cercano juegan un papel central en el manejo del presupuesto de la Secretaría de Bienestar y la supervisión de programas clave. Además de ella, otros funcionarios importantes en esta estructura son los siguientes:
1. Carlos González Torres fue subalterno de Montiel cuando fue directora general de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). Es titular de la Unidad de Administración y Finanzas, un cargo que tiene el nivel de oficial mayor. A pesar de que el presidente López Obrador anunció la eliminación de los oficiales mayores, simplemente se cambió el nombre del cargo, en una de las clásicas simulaciones del régimen.
2. Susana Serrano Camargo es la directora de área de la Subsecretaría de Bienestar y juega un papel relevante en la gestión de programas y recursos.
3. Miguel Ángel García Gómez se desempeña como director general para la Validación de Beneficiarios; es el “administrador del contrato” de los padrones de Bienestar, responsable de su administración y supervisión.
4. Lizbeida Solís Vences ocupa el cargo de directora general adjunta de Operación de Programas de Atención a Grupos.
5. Álvaro Zavala Cano se encarga del padrón de beneficiarios de las personas con discapacidad.
6. Jeny Vargas Varela, quien antes ocupó el cargo de directora de Análisis del Presupuesto y firmó el presupuesto asignado a los programas, también forma parte de este círculo y ha trabajado con la secretaria desde su tiempo en la RTP.
7. Carlos Torres Esquivel, en la Oficialía Mayor (que hoy forma parte de la Unidad de Administración y Finanzas), se desempeña desde febrero de 2022 como coordinador de Programas para el Bienestar. Anteriormente ocupaba el cargo de secretario técnico de la Presidencia, pero su área se fusionó con la Coordinación de Atención a las Oficinas de Bienestar en los estados, y ahora gestiona los recursos de Bienestar para la Presidencia. Dentro del círculo íntimo de Montiel también destaca
8. Alejandro Gonzalo Polanco Mireles, quien cumple el rol de abogado general y comisionado para la Transparencia de la Secretaría. . Ha trabajado estrechamente con Montiel durante muchos años y también se desempeña como catedrático en la UNAM. Además, en el equipo de Polanco Mireles se encuentra su mano derecha,
9. Pablo Chávez Ramos, quien ocupa, para disimular, el cargo de director general de Normatividad y Asuntos Contenciosos. Es una figura importante en el manejo de asuntos legales y cuenta con un equipo de 20 abogados bajo su supervisión; recibe un sueldo bruto mensual de 142 mil 285 pesos.
El blindaje del piso 18
El incidente que tuvo lugar el 5 de julio de 2022 se originó cuando Leonardo Hernández Rejón, quien trabajaba en el piso 18, fue informado de que había descargado un software que resultó ser un malware y, como resultado, se eliminaron repentinamente todos los padrones de beneficiarios del Programa para el Bienestar de Niñas, Niños y Adolescentes. Del PBPAM se habría eliminado el concepto y el apoyo.
En realidad, esto sucedió porque el director general de Validación de Beneficiarios, Miguel Ángel García Gómez, había descargado un software sin autorización para realizar una compra, y no era la primera vez. “Nadie está autorizado para hacer descargas, solo los jefes tienen ese poder y, como nadie le dijo nada, lo volvió hacer”, me reveló un informante.
Tras la primera descarga que causó problemas, se hicieron esfuerzos para solucionar la situación, formateando los equipos y reiniciando los sistemas. Sin embargo, García Gómez descargó nuevamente un software no autorizado, lo que llevó a que se blindara el piso 18, donde se administran las bases de datos de los programas de Adultos Mayores y de Niñas, Niños y Adolescentes.
García Gómez negó haber sido él quien había hecho la descarga y se buscó culpar a un empleado de nivel inferior. En este punto, Luis Ignacio Rosales Barrio, quien era director general de Recursos Materiales y Servicios Generales en ese momento, junto con el abogado Alejandro Gonzalo Polanco Mireles, planearon acusar a Leonardo Hernández Rejón de manera injusta y llevar a cabo un acoso laboral en su contra. Inicialmente se le impidió regresar al piso 18 e incluso se asignó personal de vigilancia en su contra. Posteriormente, Hernández Rejón fue llamado para firmar una especie de confesión que terminó como un acta que llegó a la fgr. En esta trama, Jasmín San Martín López, directora general de Bienestar para Niñas, Niños y Adolescentes, también estuvo involucrada.
Polanco Mireles informó a Hernández Rejón que estaba siendo acusado de robo de padrones, una unidad usb, mal uso de la información y jaqueo de la máquina de su jefe, García Gómez, quien fue la causa inicial del problema al descargar un archivo con malware.
Ahí ya estaba consignando quién lo acusaba, pero, paradójicamente, en el acta que le levantaron, otra persona lo había acusado, por lo que pidió que le aclararan quién había sido. Se negaron y pusieron que fueron diversas áreas, para atribuirle más culpa de lo que había hecho su jefe, en un acta redactada por otro cómplice: Pablo Miguel Sánchez Ramos.
Al final, la información que supuestamente Leonardo extrajo incluía el diagrama de flujo del pago del semestre julio-agosto, el calendario de pago y 50 claves de tarjetas, pero no había un listado de estado bancario que indicara de dónde se extrajo el dinero de los beneficiarios. Por lo tanto, el acusado solicitó que se realizara un peritaje en las máquinas que tenía asignadas, pero este nunca se llevó a cabo.
Ese piso 18 sigue blindado; nadie puede acceder. Ariadna Montiel lo tiene sitiado con elementos de la Guardia Nacional, como si cualquier criminal común pudiera entrar a las instalaciones. La realidad es que los delincuentes están dentro, tienen credenciales de funcionarios públicos de alto rango y viajan por el país. Comienzan con ella, diciendo que “amor con amor se paga”. Efectivamente, los adultos mayores les devuelven amor por las dádivas que los mexicanos pagamos. El presidente, Montiel y sus subalternos convierten ese amor en cash, inflando el padrón con personas inexistentes.
¿Qué hacer?
En un gobierno que se jacta de su integridad, pero que está sumido en la corrupción, el programa social más destacado refleja esa hipocresía y cinismo. Hablamos de la estafa financiera y moral del obradorismo. No se trata de un contrato otorgado sin transparencia a un amigo o compadre, sino de una fuente constante de recursos, en gran parte gracias a un padrón inflado que no deja de crecer. Además, se han descubierto artimañas como la entrega de apoyos a personas fallecidas o a quienes ni siquiera tienen 65 años.
El presidente López Obrador elige meticulosamente a aquellos a quienes les confía la tarea de recaudar, desviar y ocultar ese dinero. Esos recursos se usarán según su propia voluntad, en su mayoría en beneficio de sus allegados y su círculo cercano, así como para financiar su movimiento político y ejercer influencia en las campañas electorales. Aunque no aparecerá oficialmente en la boleta, su objetivo es mantener el poder y la protección para él y sus seguidores.
Desde diciembre de 2018 López Obrador tiene a su disposición el presupuesto del gobierno federal, que maneja prácticamente a su antojo gracias al apoyo incondicional de los legisladores de Morena y sus aliados. Cuanto mayor es el programa gubernamental, mayor es la oportunidad de desviar parte de estos fondos.
Desde su tiempo como jefe de gobierno de la Ciudad de México, López Obrador desarrolló su programa social más emblemático, aquel que lo diferenciaba de los gobiernos anteriores y que resonaba fuertemente entre la ciudadanía: “Por el bien de México, primero los pobres”. Para los pobres era una esperanza de mejora; para las clases medias y altas, una acción de justicia.
Este programa consistía en una pensión universal, sin otros requisitos que la edad, y se suponía que debía ser otorgada a todos los ciudadanos. Esto tuvo un gran impacto político y electoral. Aunque la cantidad que recibían los beneficiarios no era exorbitante, marcó la diferencia para los más necesitados, y les otorgó una sensación de dignidad y alivio de la carga económica para sus familiares. Ironías de la vida, el programa para adultos mayores a nivel federal fue iniciado por su némesis político, Felipe Calderón Hinojosa.
Hay que escribirlo con todas sus letras, López Obrador ha cometido peculado con los adultos mayores, ya que hay evidencia de malversación de fondos públicos. El peculado es un delito federal que debe perseguirse sin importar quién sea el responsable, y López Obrador debería actuar de la misma manera si el infractor fuera un adversario político. Sin embargo, en este caso, se ha intentado encubrir el delito.
Como ciudadanos mexicanos, nos queda el derecho de expresar nuestra indignación y exigir transparencia en este programa emblemático. Algunos sugieren que podríamos presentar una demanda multitudinaria por daño moral en nombre de todos los contribuyentes. Sería un hecho histórico que obligaría al presidente a rendir cuentas por el dinero que ha desviado junto con Ariadna Montiel usando a los adultos mayores.
Andrés Manuel López Obrador ha manipulado el padrón de adultos mayores para inflar artificialmente el número de beneficiarios. No es un mesías, es un ladrón.
1 Javier Tejado Dondé, “El gobierno federal cancela todas sus cuentas en los bancos y les llama ‘parásitos’?”, El Universal, 14 de marzo de 2023.