El “plazo fatídico” de seis meses que establece la nueva regulación para el registro de líneas celulares en México debe aplazarse, porque va a ser imposible lograr el registro de 160 millones de líneas, aseveró Ernesto Piedras, director General de The Competitive Intelligence Unit.
Expuso en entrevista con La Silla Rota que los operadores necesitarán registrar un millón de líneas al día o 47 mil 666 por hora.
“Mi recomendación sería quiten ese plazo fatídico de 172 días, de que sea el último día de junio… por hora hay que registrar 47 mil 666 líneas, 24 horas al día, por 172 días. ¿Cuándo vas a hacer eso? Yo no veo el data center que esté procesando todo esto. Es una labor mayúscula, es decir, un millón de líneas al día no las veo registrándose”, enfatizó.
Te podría interesar
Consideró que el periodo para el registro debería de ser de un año y medio a dos años.
“Yo imagino que un año sería más accesible, pero tampoco estoy seguro que en un año lo logremos, porque en un año en lugar de ser un millón de registros al día sería medio millón y me sigue pareciendo una labor descomunal. Yo pienso que 2 años, un año y medio”, expuso.
Añadió la telefonía celular es muy dinámica, porque de aquí a marzo va a sumar 3 millones de líneas más y en junio van a ser cinco o seis.
Por separado, Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), expuso a este medio que hubo poco tiempo, poca información, muchas dudas sobre el nuevo registro de líneas telefónicas y con el problema de que se puede convertir en un cuello de botella.
“La idea es que no se convierta en un cuello de botella y la última semana un porcentaje considerable de esos usuarios que pueda tener miedo de que se suspenda su línea y con ellos sus derechos digitales, pues que saturen en un momento dado las bases de datos”, expuso Bravo.
Añadió que hay seis meses para que todos los mexicanos vayan haciendo ese registro y “no lleguemos como buenos mexicanos que somos al final”.
Consideró que los operadores tuvieron poco tiempo para hacer lo que le llaman el test o la prueba del estrés de la cantidad de usuarios que realmente se estén recabando, si solo son los datos que se piden, que pueda haber un exceso, que todas las ventanas puedan abrirse y queden protegidas para el usuario.
“Porque nadie quiere que nuestros datos queden expuestos”, abundó
Contexto: desde el pasado 9 de enero de 2026, todo los números de telefonía celular deben ser registrados, como una medida para combatir las extorsiones.
No terminará con las extorsiones
Bravo expuso que no hay evidencia empírica suficiente que demuestre que registros de este tipo en países donde existen como Perú, Ecuador, Brasil y Argentina, hayan logrado una disminución considerable.
“El dato más reciente que yo tengo es de Brasil y si han encontrado algún índice positivo de que se ha reducido un poco esa incidencia, pero la verdad es que no es categórico, no es determinante”, enfatizó.
En 2023 hubo 5 millones de intentos de extorsión, más del 85% fueron telefónicas, más del 12% incluso lograron cobrar la extorsión.
Piedras agregó que no va a terminar con la extorsión.
Dudas y preocupaciones
Bravo enfatizó que un aspecto preocupante del registro es que es obligatorio y si los clientes de pospago tienen que volver a registrarse, una vez que sus datos ya los tienes los operadores.
“Te voy a plantear una duda que no queda resuelta. Los que son usuarios de pospago también deben identificarse. Es decir, esos datos ya los tiene el operador, pero estamos ante un nuevo procedimiento, un nuevo registro que no queda claro si deben o no deben hacerlo.. ¿qué tiene que hacer el operador? Digamos, transferir esos usuarios al nuevo registro, bueno, es algo que también tendríamos que saber”, agregó.
Por su parte, Piedras añadió si las llamadas por números de WhatsApp no van a ser bloqueados.
“En la última semana, tengo llamadas de Oklahoma, Alabama, Canadá y Bielorrusia. Además, hace tres días me decía mi hermana: "Oye, me están entrando llamadas por números de WhatsApp, esos no van a ser bloqueados. Un registro de celulares va a prevenir esto”, añadió.
En México, existen casi 143 millones de líneas activas de teléfonos celulares, de los cuales 85% son de prepago y 15% de pospago.
Además, existe una cifra de entre 15 y 30 millones que pueden ser operadores móviles virtuales, es decir, proveedores que no tienen una infraestructura propia, pero dan servicios, venden chips a través de la red compartida o los operadores mediante servicios mayoristas. Esa base de datos la tiene que desarrollar Altán redes y ponerla posición de los operadores sin discriminación.
Dos intentos fallidos
Los expertos destacaron que es el tercer intento del Estado mexicano por hacer un registro de usuarios de telefonía móvil. Anteriormente, se planteó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), una propuesta lanzada en 2009 bajo el gobierno de Felipe Calderón y el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) en la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Piedras destacó que los dos intentos que fracasaron estrepitosamente, en los gobiernos de Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador porque no tenían presupuesto, no se capacitó al personal, no había un data center para consolidar la información y no había un software especializado.
“Y en esta ocasión nada de eso ha cambiado”, añadió.
Bravo expuso que en un caso la base de datos se filtró a internet en el segundo fue declarado inconstitucional por la Corte.Por su parte,
Incentivo perverso
El presidente de la Amedi dijo que, en “la villa del Señor”, están las personas que cumplen, los que desconfían completamente de la autoridad y quienes dicen que no lo van a hacer.
Sin embargo, agregó, al final tendrán que hacerlo, porque hay un incentivo perverso que es el de suspender la línea telefónica, con lo cual suspenden los derechos.
“Se suspende no solo la posibilidad de comunicarnos con nuestros seres queridos y amigos, sino el acceso a educación, salud, a plataforma de movilidad, a entretenimiento, a todo lo que hacemos con el dispositivo móvil, es una afectación pues directa a nuestro derecho de acceso a las tecnologías a cambio de tener más seguridad y que nos extorsionen menos”, destacó.
Sin confianza en el gobierno
Bravo dijo que, a diferencia de intentos pasados, donde las bases de datos eran públicas o estaban en el gobierno, en este caso las van a administrar los operadores de telecomunicaciones.
“Si tu preguntaras: "¿en quién confías más? en el gobierno que ha tenido pues múltiples hackeos, no crean suficientemente en la tecnología. No invierte en ciberseguridad, pues confío más en el operador de telecomunicaciones que va a cumplir todos estos mecanismos de ciberseguridad”.
Sin embargo, destacó, los operadores también tienen que aprender porque no se dedican a eso, ellos dan un servicio de telecomunicaciones, más no se dedica a registrar o a guardar esos datos.
Expuso que, aunque hubo un programa piloto, es muy pronto la regulación, los operadores tienen que desarrollar las plataformas, tienen que implementar todos los mecanismos de ciberseguridad y no habiendo un antecedente, pues puede haber algunas, vamos a decir, eh fallas, oportunidades o aprendizajes.