Los hombres mexicanos se quedan con un 101% de los ahorros, mientras que las mujeres mexicanas se encuentran en -1%, de acuerdo con el análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Dentro del análisis, se observó que no solo hay una clara diferencia en los ahorros, sino que esto también afecta a los ingresos, ya que los hombres concentran un 62% y las mujeres solo un 38%, "lo que evidencia una distribución desigual por género", señaló el informe realizado por Ricardo Cantú, investigador del CIEP.
Los datos, tomados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, mostraron que el 3% del ingreso de las familias mexicanas corresponde a personas de 0 a 18 años.
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Las personas de 19 a 65 años tienen el 88% de los ingresos y, de 65 años o más, solo obtienen un 9%, lo que da cuenta del ciclo de la vida, explicó el CIEP.
Gastos de familias mexicanas
Contexto: el gasto de los bolsillos de las familias mexicanas en servicios de salud se mantiene como el más alto entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de acuerdo con el informe “Government at a Glance 2025” publicado este jueves.
En este documento, en poder de La Silla Rota, la organización toma en cuenta cifras de 2022; en estas se estima que las familias mexicanas gastan 39% en servicios de salud y, frente a 2020, significa una baja de 3 puntos porcentuales.
Sin embargo, las tasas nacionales están "comparativamente altas" en comparación con otros países y son un 20% más altas que el promedio de la OCDE.
Se debe comprender que el gasto de bolsillo incluye los pagos directos realizados por los hogares para servicios y bienes de atención médica que no están totalmente cubiertos por seguros públicos o privados.
Ahorros por nivel de ingresos
Por otro lado, al comparar los niveles de ingresos con sus ahorros, se reflejó una brecha amplia en la cual las familias con el menor ingreso, que en promedio es de 3,863 pesos, gastan más de lo que generan, lo que causa un déficit de 1,059 pesos en sus ahorros.
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Debemos considerar que, a nivel nacional, los ingresos son de 19,698 pesos mensuales, los gastos de 14,893 pesos y los ahorros de 5,075 pesos.
Igualmente, las familias con el segundo menor ingreso, aquellas con 6,791 pesos mensuales, presentan un déficit de 142 pesos en sus ahorros.
Por otro lado, las familias con los ingresos más altos en México, de 72,277 pesos mensuales, pueden ahorrar mensualmente 24,411 pesos.
Una mejora en políticas públicas
De acuerdo con el estudio, la concentración del ahorro en los hombres y el déficit persistente de las mujeres obliga a diseñar políticas que impulsen su participación en el mercado laboral formal, redistribuyan las tareas no remuneradas, garanticen igualdad salarial y faciliten la acumulación.
La situación es más crítica entre los hogares de menores ingresos, lo que limita su capacidad para invertir en educación, vivienda o salud. Para revertir este escenario, el CIEP plantea la necesidad de incrementar las capacidades productivas de estos hogares y fomentar su inserción laboral en el sector formal, con el fin de ampliar su margen de ahorro.
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Además, el análisis subrayó la importancia de asegurar transferencias entre generaciones para cubrir las necesidades de menores y personas adultas mayores. Esto incluye garantizar un retiro digno y recursos para salud y cuidados, mediante políticas que equilibren la protección de las generaciones dependientes con la capacidad contributiva de la población trabajadora, asegurando así la sostenibilidad fiscal y el bienestar social a largo plazo.
¿Por qué es importante?
La desigualdad en el ahorro y los ingresos no solo refleja una brecha económica de género, sino que también limita las oportunidades de desarrollo para millones de familias mexicanas.
El déficit de ahorro en los hogares de menores ingresos impide su capacidad para invertir en aspectos clave como educación, salud y vivienda, perpetuando ciclos de pobreza.
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Además, el gasto de bolsillo en salud agrava la presión económica sobre los hogares. Atender esta problemática mediante políticas que promuevan la igualdad salarial, la inclusión laboral formal y la redistribución de las tareas no remuneradas es esencial para garantizar un crecimiento económico más equitativo y sostenible.
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