La industria del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en México opera al borde de la inviabilidad: mientras las empresas requieren al menos 4.25 pesos por litro para cubrir sus costos, el precio máximo fijado por el gobierno desde 2021 se mantiene en apenas 2.68 pesos, así lo advierte un análisis técnico elaborado por la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo (AIGLP).
Esta diferencia —de más de 1.5 pesos por litro— representa apenas el 63% del valor necesario para sostener el servicio, lo que ha desencadenado una crisis estructural que amenaza con desmantelar al sector formal.
El documento, presentado por la AIGLP, señala que la política de control de precios ha reducido severamente los márgenes operativos, provocando efectos en cadena: desinversión, abandono de rutas, deterioro de infraestructura y proliferación del mercado informal.
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Contexto: el gas LP es un commodity global cuyo precio se determina por factores internacionales como el tipo de cambio, la oferta y demanda, los costos logísticos y la variación del crudo. Sin embargo, la regulación de México impone un tope que no refleja esta lógica de mercado.
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Entre las consecuencias visibles se encuentran el rezago operativo en zonas menos rentables, la migración de usuarios a fuentes contaminantes como la leña, y la expansión de prácticas ilegales como el huachigas. Todo ello paraliza las inversiones en infraestructura segura, moderna y sostenible.
El gas LP, una energía esencial en riesgo
De acuerdo con el análisis de la AIGLP, el gas LP abastece a más del 90% de los hogares mexicanos y forma parte del sistema de bienestar nacional.
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Es decir que la distribución formal del gas LP cubre más de 60 millones de kilómetros mensuales, con altos estándares de seguridad y miles de empleos en juego. Sin embargo, la crisis regulatoria está minando la capacidad de respuesta del sector.
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La asociación advierte que las condiciones actuales no solo impiden operar con rentabilidad, sino que deterioran los estándares mínimos de calidad y seguridad justo en un momento crítico para la sostenibilidad energética del país.
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Llamado al diálogo para una solución sostenible
Desde marzo de 2025, la AIGLP reanudó el diálogo con autoridades mexicanas para rediseñar el modelo regulatorio.
Entre las propuestas destacan: establecer una banda de precios móviles referida a precios internacionales, aplicar subsidios focalizados para familias vulnerables, combatir el mercado informal y reactivar la inversión.
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“El gas LP debe dejar de ser rehén de la coyuntura política y de visiones desactualizadas. Se necesita una política pública con visión de Estado, que respete las leyes económicas y reconozca el rol estratégico del sector”, concluye el documento de la AIGLP.