El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó posponer todos los recursos que existen de revocación en materia fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) hasta que tome posesión la nueva integración del máximo tribunal en México.
El SAT a cargo de Antonio Martínez Dagnino alegó que, de no resolverse, podrían perder cuantiosos recursos públicos bajo el criterio que sostiene que, en el procedimiento de revocación, la autoridad fiscal está obligado a notificar nuevamente la resolución del crédito fiscal que se impugna, cuando el contribuyente niega conocerlo.
En la consulta realizada en los expedientes electrónicos señalados por el SAT, los cuales se encuentran en trámite ante diversos Tribunales Colegiados de Circuito en el país, existen 65 asuntos fiscales que están pendientes de resolución, se argumentó en la SCJN.
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Contención temporal
El socio de Baker Tilly en México, Pedro Canabal, aseveró que las consecuencias prácticas del aplazamiento deliberado radican en que 65 casos no tendrán justicia pronta y específica, con el impacto económico que ello pudiera implicar para los involucrados, ya sea el fisco o los particulares.
Argumentó que la decisión tiene la finalidad de un aplazamiento deliberado para hacer una contención temporal respecto a los criterios que la actual Corte pudiera decidir y el próximo máximo Tribunal lo variara.
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“Creo que previendo esto, el aplazamiento va para que sea la nueva Corte la que decida; al margen de las implicaciones jurídicas que pudiera tener de que el SAT sí debe o no, notificar nuevamente la resolución del crédito fiscal impugnado en el recurso”, expresó el exadministrador Central de Planeación de Comercio Exterior del SAT.
Añadió que esa situación parece lo secundario, pero en realidad sí es lo primario, ya que es lo sustancial para que haya un procedimiento administrativo correcto, en donde se respeten las garantías de audiencia, legalidad y tutela judicial efectiva.
“La incertidumbre procesal es la que no debiera aplazarse. El aplazamiento es una contención temporal para permitir que la conformación del nuevo organismo sean las que decidan”, expresó.
Con seis votos
La posposición aprobada este día para que sea la nueva SCJN que entra en funciones en septiembre próximo la que determine los casos fiscales del SAT, contó con el voto de las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Lenia Batres Guadarrama y Margarita Ríos Farjat; así como de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Contexto: en la actualidad, cuando el SAT determina un crédito fiscal por obligación o adeudos de pago de contribuciones, éste puede ser impugnado ante el propio SAT mediante recurso de revocación.
La resolución que se tome, a su vez, puede ser recurrida ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por medio de un juicio contencioso administrativo.
La semana pasada, la ministra Batres anunció que propondría a la SCJN que todos los asuntos fiscales pendientes de resolver en ambas salas de la Corte se voten en el Pleno, con el fin de que los argumentos y razones del voto de cada uno de los ministros y ministras sean públicos y transparentes. Esta propuesta será votada en la sesión del martes 1o. de julio.
Sheinbaum exige resolver juicios fiscales
La presidenta Claudia Sheinbaum urgió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a resolver los juicios fiscales que llevan años detenidos, en los que grandes empresas han evitado pagar millonarios adeudos al fisco mediante el uso reiterado de amparos.
Durante su tradicional conferencia matutina, la mandataria advirtió que hay casos que se han mantenido sin resolución desde hace más de dos décadas.
“Hay algunos que están desde 2004 y que, por los amparos y otra vez amparos… acaban sin pagar, siguen subiendo sus intereses”, declaró en su conferencia desde el Palacio Nacional.
Elektra deberá pagar deuda fiscal de 2 mil mdp, ordena tribunal
Grupo Elektra deberá liquidar un adeudo fiscal de dos mil millones de pesos referente a la omisión en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal de 2010, determinó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Contexto: el pasado 19 de junio, Grupo Salinas del empresario Ricardo Salinas fue sentenciado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa a pagar un adeudo fiscal por casi 2 mil millones de pesos por no pagar el ISR del ejercicio fiscal de 2012.
En marzo de 2020, durante la conferencia mañanera, el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, informó que el adeudo de Grupo Salinas con el fisco ascendía a 63 mil millones de pesos: por juicios fiscales más de 53 mil millones de pesos, del periodo 2008 a 2018 y créditos fiscales por más de 10 mil millones de pesos.
Los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, determinaron hoy que Grupo Elektra deberá paga dos mil millones de pesos para borrar el crédito fiscal al SAT.
Grupo Salinas acusa arbitrariedad judicial tras nuevo revés
Grupo Salinas, propietario de la empresa Elektra, denunció haber sido víctima de una resolución judicial que calificó como arbitraria, ilegal y guiada por intereses políticos.
A través de un comunicado, la compañía señaló que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó un amparo “sólidamente fundamentado”, lo que consideran una muestra más de un sistema judicial sometido a presiones externas.
La firma acusó a las y los magistrados de reproducir un fallo previo del Décimo Tribunal Colegiado sin tomar en cuenta pruebas clave, distorsionar el marco legal y omitir elementos contemplados expresamente en la legislación.
“No se trata de decisiones aisladas, sino de una justicia alineada y que responde a una agenda política”, advirtió Grupo Elektra.
En su mensaje difundido en redes sociales, la empresa subrayó que el fallo carece de sustento legal y contradice principios de legalidad, seguridad jurídica y equidad tributaria.
También advirtió sobre un fenómeno preocupante: “El Poder Judicial comienza a institucionalizar la extorsión fiscal desde los estrados judiciales, vulnerando —en lugar de proteger— los derechos de los contribuyentes”.
Entre las irregularidades señaladas destacan la exclusión de pruebas documentales, la aplicación de criterios que no se encuentran en la ley, y el uso de interpretaciones aisladas sin análisis jurídico serio.
Grupo Elektra sostuvo que el fallo no obedece al derecho, sino a motivaciones políticas que buscan justificar una resolución “arbitraria e ilegal”.
Finalmente, la empresa anunció que solicitará la revisión constitucional de la resolución ante el máximo tribunal del país.
“Ni la aplanadora oficial —impulsada desde el Ejecutivo y ahora lamentablemente respaldada por el Judicial— ni nadie nos doblegarán”, concluyó el comunicado.
Corte deja sin respaldo a TV Azteca
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el juicio de amparo promovido por Grupo Salinas contra un crédito fiscal de 2 mil 447 millones de pesos, una suma de dinero que fue determinada por las autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante la presunta omisión en el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio de 2009.
De forma directa, la actual ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, desechó la solicitud de atracción presentada por la televisora del empresario Ricardo Salinas Pliego.
El acuerdo de la Corte fue tomado desde el pasado 28 de abril, aunque fue notificado este martes.
Con dicha acción, la responsabilidad de resolver el amparo promovido por Grupo Salinas recae ahora en el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que ha tenido el expediente bajo su jurisdicción desde julio de 2022.
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Acumulación de deudas y estrategias legales
La empresa de TV Azteca, propiedad de Grupo Salinas, ha desplegado múltiples acciones legales para intentar frenar el fallo del tribunal, incluyendo el intento de recusar a los tres magistrados encargados del caso, lo cual ya fue desestimado.
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Este no es el único litigio fiscal en curso. La empresa también enfrenta un segundo proceso por una deuda adicional equivalente a los 2 mil 615 millones de pesos que es derivada del ejercicio 2013, en el que también buscó sin éxito la intervención de la Corte.
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En ambos casos, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ha validado la legalidad de los créditos fiscales en primera instancia.
En caso de que los tribunales colegiados nieguen los amparos, la única vía que le quedaría al empresario Ricardo Salinas Pliego sería promover acciones ante la SCJN exclusivamente por motivos de constitucionalidad, más no para impugnar directamente los hechos ni el fondo de las resoluciones emitidas por el SAT.
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Carga fiscal acumulada y presiones financieras
Contexto: el empresario Ricardo Salinas Pliego arrastra adeudos fiscales que ya superan los 5 mil millones de pesos.
Incluso en el pasado, el SAT ha llegado a embargar instalaciones de la televisora ubicadas en Periférico Sur como medida precautoria para asegurar el pago de diversas obligaciones tributarias.
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A la situación de TV Azteca se suma la de Grupo Elektra, otra empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que mantiene litigios fiscales con el SAT por más de 41 mil 500 millones de pesos, incluidos dos asuntos que se encuentran ante la SCJN y cuya resolución ha sido aplazada durante meses mediante recusaciones de ministros y otros recursos legales.
