A pesar de los avances en gobernanza y digitalización, México enfrenta una debilidad persistente que impacta directamente en la calidad de vida de millones de personas: la infraestructura pública. Así lo advierte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a través de su informe “Panorama de las Administraciones Públicas 2025” que evalúa indicadores clave sobre gobernanza, desempeño institucional y percepción social en sus países miembro.
Una de las cifras más contundentes es que solo 46% de las personas en México considera que la infraestructura pública está bien mantenida, se trata de un nivel muy bajo en comparación con el promedio de 64% en los países de la OCDE.
Esto coloca a México entre las naciones con menor nivel de satisfacción en el grupo, por debajo incluso de otros países de América Latina evaluados.
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Este indicador engloba aspectos visibles y cotidianos, como calles, sistemas de drenaje, alumbrado público, transporte urbano, parques, escuelas y hospitales.
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La percepción negativa, señala la OCDE, no solo refleja deficiencias físicas, sino también una baja confianza en la capacidad del Estado para cuidar los bienes comunes.
“Los países deben garantizar que la infraestructura pública no solo esté bien construida, sino también bien mantenida, ya que su deterioro erosiona la confianza ciudadana y amplifica la desigualdad”, subraya el informe.
Contexto: el estudio ofrece una visión comparativa del funcionamiento de los gobiernos de la OCDE en áreas como transparencia, capacidad administrativa, eficiencia en la entrega de servicios públicos, confianza ciudadana y rendición de cuentas. A través de encuestas y datos oficiales, el documento busca medir no solo el desempeño operativo de los gobiernos, sino también cómo son percibidos por la población en aspectos clave como legitimidad, equidad y accesibilidad.
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Falta de coordinación entre niveles de gobierno
El estudio también identifica uno de los principales cuellos de botella: la débil coordinación entre los distintos niveles de gobierno, especialmente entre autoridades federales, estatales y municipales.
Esta fragmentación impacta en la planeación y mantenimiento de obras públicas, y deriva en inversiones desalineadas, duplicidad de proyectos o abandono de infraestructura clave.
En el caso mexicano, la OCDE señala que no existen mecanismos suficientemente sólidos de gobernanza intergubernamental, lo que impide una estrategia nacional coherente en materia de infraestructura. Además, el informe advierte que la falta de continuidad administrativa y el uso político de la obra pública minan la eficiencia de los recursos invertidos.
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Inversión y gestión: una deuda pendiente
Aunque el informe reconoce que México ha canalizado recursos hacia grandes proyectos de infraestructura en los últimos años, advierte que la inversión por sí sola no garantiza impacto, si no está acompañada de procesos robustos de evaluación, mantenimiento y participación ciudadana.
La OCDE recomienda establecer marcos institucionales claros, planes de largo plazo y mecanismos de monitoreo independientes, que garanticen que las decisiones en obra pública respondan a criterios técnicos y no a ciclos políticos.
“La infraestructura es un componente central para la equidad territorial y la cohesión social. Cuando su gestión es deficiente, quienes más sufren son las comunidades marginadas”, puntualiza el estudio.
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Un llamado para analizar la gobernanza de la infraestructura
La OCDE concluye que mejorar la infraestructura pública en México no requiere únicamente más inversión, sino mejor gobernanza, transparencia y visión de largo plazo.
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Mientras no se atienda la raíz del problema –la desarticulación institucional y la falta de profesionalización en la gestión de proyectos–, el país seguirá enfrentando una brecha entre lo que se construye y lo que realmente mejora la vida de las personas