México seria el país más afectado en caso de que el Congreso de Estados Unidos apruebe un impuesto del 3.5% sobre las remesas enviadas por personas no ciudadanas, así lo advierte el Center for Global Development (CGD, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con un estudio elaborado por dichas autoridades, la medida impositiva reduciría el flujo de remesas enviadas a través de canales formales por más de 2,600 millones de dólares anuales, estiman.
La propuesta de gravar remesas forma parte de un paquete legislativo promovido por el presidente Donald Trump, ya aprobado en la Cámara de Representantes, y se dirige a los fondos enviados por migrantes sin ciudadanía estadounidense, incluidos residentes permanentes, trabajadores temporales e inmigrantes indocumentados.
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En total, se estima que la medida afectaría a unos 40 millones de personas, así como a sus familias receptoras en países de bajos y medianos ingresos.
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Efectos en cadena para México y América Latina
Contexto: el informe detalla que el impacto económico para México se calcula tomando como base los 64,000 millones de dólares recibidos en remesas en 2024. Aunque el impuesto se aplicaría directamente en Estados Unidos, su efecto económico se reflejaría en los países receptores.
Además de reducir el monto enviado por remesa, el CGD advierte que el nuevo impuesto podría desincentivar completamente el envío de dinero por canales formales. Esto no solo afectaría a los hogares que dependen de esos recursos para alimentación, vivienda o salud, sino que también tendría repercusiones en el consumo interno y la estabilidad macroeconómica de varias economías latinoamericanas.
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El CGD señala que un aumento del 3.5% en el costo de envío —como consecuencia del impuesto— podría provocar una caída del 5.6% en el monto total de las remesas, tanto por el efecto directo del gravamen como por la disuasión que generaría para seguir enviando dinero por vías formales.
Además de México, países como India, China, Vietnam, Guatemala, República Dominicana y El Salvador también se verían seriamente afectados, ya sea en volumen absoluto o en relación con su Ingreso Nacional Bruto (INB).
En el caso de El Salvador, por ejemplo, las pérdidas equivaldrían a más del 1% de su INB.
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Alternativas informales y consecuencias económicas
En su análisis, el CGD señala que esta política también podría generar un efecto colateral: un incremento en el uso de vías informales para el envío de dinero, tales como transferencias entre personas, uso de intermediarios con ciudadanía estadounidense o sistemas no bancarizados.
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Estas prácticas no solo son más difíciles de rastrear y regular, sino que también pueden aumentar el riesgo de fraude o actividades ilícitas, advirtió la organización. Por otra parte, podrían limitar el acceso a servicios financieros formales y encarecer los costos generales del sistema.
Aunque el objetivo declarado del impuesto es financiar parte del gasto en seguridad fronteriza y desalentar la migración irregular, el CGD considera que la medida sería contraproducente. “Gravar el dinero enviado a países de bajos ingresos podría generar hasta 940 millones de dólares al año, pero causaría pérdidas por más de 2,500 millones de dólares en esos mismos países”, concluye el análisis.
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En el caso de México, el informe subraya que, aunque sus migrantes podrían tener una mayor capacidad para absorber el impacto, el golpe económico seguiría siendo considerable. El rechazo ya ha sido expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien calificó la propuesta como “inaceptable”.
MA