Todos los contribuyentes que proporcionen servicios digitales deberán permitir que las autoridades fiscales, en forma permanente, pueda tener acceso en línea y tiempo real a toda la información que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales que estén en sus sistemas o registros, avaló la Cámara de Diputados.
El artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que el Servicio de Administración Tributaria emitirá reglas de carácter general.
La medida que forma parte de las reformas al CFF pasó al Senado de la República para su aprobación, con la finalidad de que entre en vigor en 2026.
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Rolando Silva Briseño, vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), aseguró, en entrevista con La Silla Rota que la modificación que tendrán que hacer las plataformas en los sistemas, para dar de alta a un usuario que tenga los atributos de observar a esa profundidad las operaciones, es sumamente caro.
Otra observación, dijo, es que, en muchas ocasiones, los proveedores y asociados que se involucran en esos negocios no están en el país.
“Y los procesos de seguridad de datos personales eh la mayoría de los países con los que tenemos operaciones son mucho más regulados que los nuestros y estaríamos complicando algo que era sencillo”, agregó.
Expuso que cuando se habla de pequeños empresarios y emprendedores que van por ese camino, porque es nicho de mercado, se convierte pues en un inhibidor.
Expuso que no es una fiscalización coercitiva, sino una fiscalización par que no deberle al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Para Pedro Canabal, exadministrador Central de Planeación de Comercio Exterior del SAT, la medida fiscal es para tener una mayor fiscalización de las plataformas y los contribuyentes.
David Jensen, director general de Mercado Libre México, argumentó que es “otra medida que nos preocupa”.
Añadió que se debería especificar bien qué tipo de información y a través de qué mecanismos se podría acceder.
“Así que ahí, desde nuestro punto de vista, falta definir muy bien el detalle y acotarlo para que no se preste luego para usos que quizás no eran hoy los declarados o los intencionados”, dijo.
Contexto: el paquete económico que mandó la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión proyecta una recaudación de 10 billones 193 684 millones de pesos.
País autoritario
La Asociación de Internet MX aseveró que la modificación al Artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, incluido en el Paquete Económico 2026, llevará a México a seguir el ejemplo de países autoritarios que han recurrido a la vigilancia masiva como instrumento de control económico sobre las empresas.
“Se argumenta que la medida busca mejorar la recaudación y combatir la evasión fiscal, pero en la práctica habilita potencialmente un sistema de vigilancia masiva sobre las operaciones de las empresas y abre la puerta a violaciones para la privacidad de millones de usuarios de servicios digitales sin exigencia de orden judicial ni límites procesales claros”, detalló.
La asociación destacó que no existen precedentes en México ni en democracias comparables de una medida tan intrusiva.
Los aspectos negativos de la reforma aprobada por diputados son: poner en riesgo la privacidad; las sanciones son desproporcionadas y alarmantes; hay una violación de derechos humanos; implica un fuerte daño a la economía digital; incrementa enormemente los riesgos de ciberseguridad; debilita la confianza en las instituciones e implica riesgos para el Estado mexicano.
“Hacemos un urgente y enérgico llamado a los Senadores y Senadoras de la República para rectificar esta medida antes de que México sea percibido globalmente como un país que legaliza la vigilancia masiva. Aprobar el Artículo 30-B en sus términos representaría un retroceso democrático, con consecuencias imprevisibles para la estabilidad social, la innovación y la economía digital”, puntualizó.
¿Por qué preocupa que plataformas compartan datos de usuarios con la autoridad?
1.- Violación de la privacidad y derechos fundamentales
Los usuarios tienen derechos reconocidos — como la intimidad, la protección de datos personales, la libertad de expresión — que pueden verse afectados si las autoridades acceden a datos extensos sin controles estrictos.
2.- Uso indebido o discriminatorio de los datos
Datos entregados podrían servir para persecuciones políticas, discriminación, vigilancia masiva, espionaje, etc. Lo que originalmente podría parecer legítimo puede convertirse en abuso.
3.- Falta de transparencia, debido proceso y garantías legales
Cuando no hay claridad sobre qué datos se piden, por qué, quién los autoriza, con qué fin, por cuánto tiempo, etc., se corre el riesgo de abusos sin rendición de cuentas.
4.- Vulnerabilidad ante brechas o filtraciones
Cuantos más actores tengan acceso a datos sensibles, mayor riesgo de que se filtren, sean robados o usados indebidamente, incluyendo por terceros no autorizados.