Un juez federal resolvió que la reforma constitucional al Poder Judicial aprobada en 2024 es incompatible con la Constitución de 1917, al concluir que vulnera derechos humanos, modifica principios fundamentales del sistema judicial y presenta irregularidades en el proceso legislativo con el que fue avalada. De acuerdo con Reforma, se trata del primer amparo concedido contra dichos cambios.
La resolución fue emitida por Agustín Archundia Ortiz, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco, dentro del juicio de amparo promovido por tres integrantes del Poder Judicial. El fallo únicamente protege a los promoventes y, por el momento, no tiene efectos generales, ya que deberá ser revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que tendrá la última palabra sobre la sentencia, según informó Reforma.
En su resolución, firmada el 31 de julio y cuya notificación está prevista para el 17 de agosto debido al periodo vacacional del juzgado, el juez sostiene que el Congreso no puede modificar aspectos esenciales definidos por el Constituyente de 1917. Entre sus argumentos, señala que la elección de jueces y magistrados mediante voto popular rompe con el modelo originalmente establecido para garantizar la independencia judicial.
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Asimismo, el juzgador cuestiona que la reforma sustituya el sistema de carrera judicial por mecanismos como la elección popular, al considerar que ello debilita los criterios de mérito, experiencia y evaluación para acceder a los cargos. También advierte que la remoción de juzgadores derivada de la implementación de la reforma podría afectar el principio de inamovilidad judicial, además de expresar objeciones a los cambios en materia salarial y de prestaciones, de acuerdo con Reforma.
SCJN propone revocar amparo
Un proyecto de sentencia que será discutido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) plantea revocar el amparo que un juez federal concedió contra la reforma judicial de 2024 y, en su lugar, sobreseer el juicio al considerar que la Constitución vigente ya no permite impugnar mediante amparo las modificaciones al propio texto constitucional.
La propuesta corresponde al amparo en revisión 555/2025, elaborado por el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, y deriva de un caso iniciado en Querétaro. En diciembre de 2024, un juez de distrito había concedido la protección constitucional al estimar que la reforma judicial vulneraba principios como la legalidad y la irretroactividad; sin embargo, el proyecto sostiene que esa decisión debe ser revocada porque el juicio resulta improcedente conforme al artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo y a la reforma constitucional que prohíbe impugnar cambios a la Constitución mediante ese mecanismo.
De aprobarse, la Corte no entraría al estudio de los argumentos sobre la constitucionalidad de la reforma judicial. En cambio, resolvería que el asunto debe concluir sin analizar el fondo, debido a que desde la reforma constitucional publicada el 31 de octubre de 2024 quedó establecido expresamente que el juicio de amparo no procede contra adiciones o reformas a la Constitución. El proyecto señala que esa disposición también aplica a los asuntos que ya estaban en trámite.
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La propuesta también sostiene que permitir el análisis judicial de reformas constitucionales implicaría someter a control jurisdiccional el propio texto constitucional, lo que —según el criterio planteado— está impedido por la Constitución vigente y por precedentes recientes del máximo tribunal. Bajo esa lógica, el proyecto concluye que el amparo únicamente puede utilizarse para revisar normas de rango inferior a la Constitución, por lo que ordena revocar la sentencia favorable a los quejosos, sobreseer el juicio y declarar sin materia la revisión adhesiva.
El expediente que originó este proyecto fue promovido por diversas personas contra los decretos de la reforma judicial y, posteriormente, concentrado en un juzgado federal de Jalisco como parte de la redistribución de los más de 500 amparos relacionados con ese tema. Tras la concesión del amparo en primera instancia, tanto los promoventes como diversas autoridades federales interpusieron recursos de revisión, lo que llevó a la SCJN a reasumir su competencia para resolver el caso.
Contexto: como antecedente, la reforma judicial de 2024 representó uno de los cambios constitucionales más amplios al sistema de impartición de justicia en México. Entre sus principales modificaciones se estableció la elección por voto popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces federales, además de la reconfiguración de diversos órganos encargados de la administración y disciplina del Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo con la cobertura de La Silla Rota, la iniciativa fue impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por el Congreso de la Unión tras obtener el respaldo de la mayoría calificada requerida.
La reforma también contempló la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal para sustituirlo por nuevas instancias con funciones diferenciadas en materia administrativa y disciplinaria, así como reglas para la renovación escalonada de cargos jurisdiccionales mediante procesos electorales.
La implementación de estos cambios implicó la expedición de legislación secundaria y la organización de elecciones judiciales por parte de las autoridades electorales.
Desde su aprobación, la reforma dio lugar a una serie de impugnaciones promovidas por integrantes del Poder Judicial, organizaciones civiles, partidos políticos y otros actores, quienes cuestionaron la constitucionalidad del proceso legislativo y de diversos aspectos del nuevo modelo de elección de juzgadores. La Silla Rota documentó que varios juzgados y tribunales federales conocieron de juicios de amparo relacionados con la reforma, en tanto que la Suprema Corte resolvió distintos recursos derivados de esos procedimientos.
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