El diputado de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, fue denunciado en 2023 para someterse a un juicio de reconocimiento de paternidad y para el pago de pensión retroactiva para su hija, de la que no se hizo cargo durante los primeros dos años de vida.
Organizaciones feministas agrupadas bajo la Red solidaria contra la impunidad, entre otras colectivas que combaten la violencia vicaria y hacia la mujer, emitieron una acción urgente al advertir un riesgo y denegación de la justicia en contra de la madre y la menor.
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Recorrido tortuoso
De acuerdo con la relatoría expuesta por las colectivas, la madre resultó embarazada en 2021.
Tras notificarle el embarazo, Prieto Gallardo, que en ese momento era diputado local por Guanajuato, le pidió abortar, a lo que ella se negó.
En abril de 2021, la madre intentó interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República, que respondió que debía canalizarse a la Fiscalía Estatal de Chihuahua, estado en que nació la madre. Sin embargo, por temas de salud mental y temor a represalias, decidió desistir del procedimiento.
Hasta 2023, luego quedarse sin trabajo, la madre interpuso una denuncia para reconocimiento de paternidad y pago de pensión alimenticia, como consta en el expediente 623/23, Juzgado 4° familiar de Ciudad Juárez.
El juzgado dictó orden de restricción y pensión provisional equivalente al 25% de las percepciones del entonces diputado local, notificando al Congreso de Guanajuato.
Sin embargo, una vez que asumió como diputado federal en 2024, Ernesto Prieto no le notificó al juez sobre el cambio de sus percepciones, para hacer el ajuste correspondiente para el pago de la pensión.
Hasta septiembre de 2025, un año después de haber asumido el cargo, el juzgado notificó a la Cámara de Diputados para hacer la retención mensual de 20 mil pesos según correspondía.
Entre septiembre de 2024 a agosto de 2025, la madre recibió 8 mil 200 pesos mensuales, de acuerdo con fuentes cercanas al caso.
El 30 de mayo de 2025, las autoridades realizaron la prueba de ADN, confirmando la paternidad biológica del diputado federal.
Además, el legislador interpuso un incidente para reducir el monto de la pensión para pasar de 20 mil a 9 mil pesos al mes, el cual sigue en proceso.
Denuncias sin avance
La madre interpuso dos denuncias más en 2025. La primera por el incumplimiento agravado de la obligación alimentaria con expediente 21-2025-0000047 y otra por violencia familiar con expediente 21-2025-0002268 ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género en Chihuahua.
Las colectivas argumentan que la justicia se ha visto obstaculizada debido a que el diputado federal cuenta con fuero, y por tanto no pueden avanzar las investigaciones.
Las denuncias fueron enviadas al Centro de Justicia para las Mujeres de Chihuahua, que fueron remitidas al departamento jurídico y al Fiscal General de la Fiscalía de Chihuahua.
En tanto, la Fiscalía de Chihuahua no ha solicitado un juicio para solicitar el desafuero en contra del legislador y poder continuar con la investigación, argumentando que el encargado de despacho, Francisco Sáenz Soto, no tiene facultades para esto.
En una audiencia del 18 de agosto de 2025, la Jueza Laura Yadhira Orta Pérez impuso a la madre una medida cautelar para impedirle hablar del caso en medios de comunicación, bajo el argumento de que estaría afectando su imagen pública.
Además, en 2026 el diputado Ernesto Prieto interpuso una denuncia contra la madre por fraude procesal, supuestamente por mentir sobre el monto recibido mensualmente, motivo por el que la madre fue citada ante el ministerio público el pasado 6 de junio.
La madre ha presentado ante la jueza los estados de cuenta de su banco, incluso la autoridad judicial los solicitó directamente con la institución bancaria, por lo que han sostenido que no hay evidencia de un fraude.
La Silla Rota contactó a Priego, también representante de su partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE), para recoger su versión de los hechos. El legislador no aceptó entrevista sino que envió una carta en la que no menciona el nombre de la madre de su hija.
"Las afirmaciones que este grupo de colectivos hacen público en su desplegado sobre mi persona son falsas y carecen de sustento. Lamento que se pretenda presentar como hechos consumados acusaciones que no corresponden a la realidad (...) Confío plenamente en que las autoridades competentes resolverán cualquier controversia con base en pruebas, hechos y conforme a derecho, no a partir de la falsa acusación ni de promover el odio ni el linchamiento mediático hacia mi persona y, mucho menos, buscar 'justicia' mediante la presión pública a las instituciones".
Aseguro que las organizaciones o personas que reproducen acusaciones sin esperar la determinación de las autoridades afectan el honor, la dignidad y el derecho a la presunción de inocencia de las personas.
"Reitero mi compromiso de actuar siempre por las vías institucionales y con absoluto respeto al interés superior de mi hija. Mi prioridad seguirá siendo proteger su bienestar, su estabilidad y su derecho a crecer alejada de la polarización, del odio y de la exposición pública que hoy algunos pretenden generar".
Contexto: en 2019, Ernesto Prieto fue expulsado del partido Morena por actos cometidos mientras era dirigente estatal del partido durante el proceso electoral de 2018.
La resolución de la Comisión Nacional y Honestidad de Justicia determinó que hubo “actos de corrupción, falta de probidad en su encargo partidista y realizar actos contrarios a la normatividad de Morena”.
Sin embargo, luego de que Prieto Gallardo impugnó la decisión, el Tribunal Electoral restituyó sus derechos partidistas. Y regresó como dirigente estatal en 2020.
El diputado fue nombrado como representante del Poder Legislativo de Morena ante el INE en 2025, en una votación que dividió a los morenistas en su reunión plenaria.
Durante su toma de protesta, algunas consejeras como Carla Humphrey y Dania Ravel salieron del salón de sesiones a modo de protesta por sus señalamientos de deudor alimentario.
La activista feminista Diana Luz Vázquez ayudó a impulsar la Ley Sabina, una reforma cuyo objetivo es prevenir y sancionar el incumplimiento de pensiones alimenticias.
Vázquez se ha manifestado ante la Cámara de Diputados y ante el INE para exigir justicia en este caso, como acompañamiento a la madre de la menor.
djh