La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que fueron sancionadas 35 personas servidoras públicas y tres empresas por diversas irregularidades detectadas en dependencias federales, con inhabilitaciones de hasta 15 años y multas económicas que, en conjunto, superan los 67 millones de pesos.
De acuerdo con la dependencia, las sanciones derivan de investigaciones realizadas por la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (Pemex) y por los Órganos Internos de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Alimentación para el Bienestar (AliBien) antes Segalmex, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Servicio Postal Mexicano (Sepomex).
Los casos fueron resueltos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al tratarse de faltas administrativas graves.
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Entre las sanciones más severas destacan las impuestas a exfuncionarios de Pemex involucrados en la contratación para la operación y resguardo de aeronaves de la empresa productiva del Estado.
El Tribunal ordenó inhabilitaciones de 10 años, destituciones y sanciones económicas solidarias por más de 13.7 millones de pesos, al acreditar que omitieron formalizar contratos y validaron pagos por servicios que no fueron prestados durante 2017 y 2018.
En el IMSS también se impuso una de las sanciones más altas: un servidor público del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, en Jalisco, fue inhabilitado por 15 años por omitir informar a un paciente sobre los riesgos inherentes a un procedimiento quirúrgico realizado en 2017.
Uno de los apartados con mayor impacto corresponde a Alimentación para el Bienestar, antes Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), donde varios exfuncionarios y tres empresas fueron sancionados por autorizar pagos sin comprobar la entrega de productos y por el uso indebido de contratos públicos.
Entre las irregularidades se encuentran el pago de más de 13 mil cajas de fruta deshidratada y 50 mil latas de sardina sin evidencia de su entrega, así como la utilización de contratos destinados a la distribución de leche para transportar libros de texto gratuitos y tarimas. En estos casos se impusieron inhabilitaciones de entre seis y diez años y sanciones económicas solidarias que superan los 53 millones de pesos.
Asimismo, el ISSSTE y Sepomex registraron sanciones por autorizar pagos de obra sin respaldo legal, incurrir en nepotismo y favorecer a familiares mediante el otorgamiento de bonos, mientras que en otros casos se aplicaron suspensiones e inhabilitaciones de menor duración.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno también informó que, por faltas administrativas no graves, fueron sancionados servidores públicos de Pemex, la Guardia Nacional, la Secretaría de Salud, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el IMSS.
Las medidas incluyeron destituciones, suspensiones y amonestaciones por conductas como discriminación laboral, acoso sexual, uso indebido de información, incumplimiento de funciones y faltas de respeto en el servicio público.
La dependencia señaló que todas las sanciones fueron impuestas conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que las personas sancionadas conservan su derecho a impugnarlas. Asimismo, reiteró que continuará promoviendo acciones para combatir la corrupción y fortalecer la integridad en la administración pública federal.
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Segalmex, un caso que marcó al gobierno federal
El denominado caso Segalmex se convirtió desde 2022 en uno de los mayores escándalos de presunta corrupción registrados durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Diversas auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentaron irregularidades por miles de millones de pesos relacionadas con contratos, compras, almacenamiento y distribución de alimentos. A partir de esos hallazgos se iniciaron investigaciones administrativas y penales en distintas dependencias.
Las sanciones anunciadas este sábado corresponden exclusivamente a procedimientos administrativos, por lo que son independientes de las carpetas de investigación penales que continúan abiertas en la Fiscalía General de la República.
La Secretaría Anticorrupción precisó que las personas sancionadas pueden impugnar las resoluciones, aunque aseguró que defenderá las determinaciones emitidas por el Tribunal conforme a la ley.
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