El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) informó la imposición de una sanción administrativa contra tres exfuncionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), quienes deberán cumplir una inhabilitación de 10 años para ocupar cargos públicos y cubrir un monto de 261 millones 211 mil 579 pesos por concepto de reparación del daño. La resolución corresponde a hechos relacionados con la autorización de contratos para la adquisición de granos básicos sin registro de entrega.
La determinación recayó sobre René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas; Oliverio Pérez Santoyo, exgerente de Operaciones, y Miguel Carrillo Villarreal, exdirector de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos. La Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del TFJA estableció que los involucrados incurrieron en abuso de funciones durante 2019 al aprobar compras bajo un esquema de urgencia sin sustento documental.
Los magistrados María Ozana Salazar, Luis Ángel López Vera y Jesús Omar Sánchez Sánchez emitieron la sentencia tras un proceso que se extendió por más de dos años. El expediente deriva del oficio 08-OIC-SEGALMEX-TAR-045-2024, presentado en enero de 2024 ante la Oficialía de Partes Común para las Salas Regionales del tribunal, donde se integraron pruebas sobre las decisiones administrativas que originaron el daño patrimonial.
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El fallo establece que los contratos se formalizaron para adquirir maíz y frijol mediante adjudicación directa, sin que existiera evidencia de una situación de desabasto que justificara la medida. La resolución también indica que no se acreditó la recepción de los productos, lo que derivó en la imposición de la indemnización de manera solidaria entre los tres exservidores públicos.
Contratos y esquema de compras en 2019
Entre marzo y agosto de 2019, Segalmex autorizó diversos contratos para la compra de granos básicos y servicios logísticos. De acuerdo con el expediente, se aprobaron 17 contratos para maíz por un monto de 178.7 millones de pesos y dos contratos para frijol por 20.2 millones de pesos, además de 62.2 millones destinados a transporte. Estas operaciones se realizaron fuera del esquema del Programa de Precios de Garantía.
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El TFJA determinó que las adquisiciones se llevaron a cabo a precios de mercado bajo un mecanismo de excepción que requería justificar una emergencia en el abasto de tiendas Diconsa. La resolución señala que los responsables no demostraron la existencia de dicha condición, por lo que el procedimiento de adjudicación directa resultó improcedente conforme a la normativa aplicable.
En el proceso, los exfuncionarios argumentaron que las decisiones se tomaron de manera colegiada y con autorización de la dirección general de Segalmex en ese periodo. La defensa expuso que las compras respondieron a instrucciones superiores; sin embargo, la Sala resolvió con base en las atribuciones y responsabilidades directas de los cargos involucrados.
La sentencia establece que los sancionados no podrán desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público ni participar en contrataciones gubernamentales durante el periodo de inhabilitación. Asimismo, fija la obligación de cubrir el monto determinado como reparación del daño al erario.
Procedimiento administrativo y posibles recursos
El procedimiento administrativo que derivó en la sanción inició a partir de una denuncia presentada por el Órgano Interno de Control en Diconsa en septiembre de 2023. A partir de esa acción se integró el expediente que incluyó documentación contractual, registros administrativos y análisis de operaciones financieras relacionadas con las compras.
Los exfuncionarios cuentan con la posibilidad de impugnar la resolución ante un tribunal colegiado. En caso de confirmarse la sentencia, la ejecución del cobro corresponderá al Servicio de Administración Tributaria, que podrá aplicar mecanismos como créditos fiscales, embargo de bienes o intervención de cuentas bancarias para recuperar los recursos.
Este procedimiento administrativo se mantiene independiente de los procesos penales que enfrentan algunos de los implicados. Las autoridades distinguen entre las responsabilidades administrativas y las investigaciones por posibles delitos relacionados con el uso de recursos públicos.
El TFJA indicó que la resolución se basa en la acreditación de conductas que contravienen la normativa en materia de adquisiciones y manejo de recursos, sin que el fallo implique por sí mismo la determinación de delitos penales.
Procesos penales contra René Gavira
René Gavira Segreste enfrenta diversos procesos penales abiertos por la Fiscalía General de la República. Desde diciembre de 2023 permanece en el Reclusorio Norte, donde sigue procedimientos por delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y defraudación fiscal.
Las investigaciones incluyen operaciones relacionadas con la compra de títulos bursátiles, movimientos financieros sin respaldo y contratos para adquisición de productos que no registraron entrega. Las autoridades federales mantienen varias causas abiertas que se desarrollan de manera paralela al procedimiento administrativo resuelto por el TFJA.
En conjunto, los expedientes penales atribuyen montos que superan los 2 mil 600 millones de pesos en distintas operaciones. Estas investigaciones se integran a partir de denuncias presentadas por dependencias federales y auditorías practicadas a Segalmex durante el periodo 2018-2020.
El seguimiento de estos casos se realiza en distintas instancias judiciales, donde se analizan pruebas documentales, testimoniales y periciales relacionadas con las operaciones financieras del organismo.
Nueva imputación por contrato en Zacatecas
De manera adicional, la Fiscalía General de la República integró una nueva imputación contra Gavira por un presunto desvío de 13 millones 800 mil pesos vinculado a un contrato de mantenimiento en Zacatecas. La acusación señala que los recursos se asignaron a la empresa Inmobiliaria Terbix S.A. de C.V. mediante adjudicación directa en 2019.
El contrato contempló trabajos de conservación en inmuebles ubicados en al menos 29 entidades federativas. En el caso de Zacatecas, las investigaciones indican que no se realizaron las adecuaciones previstas, y en su lugar se construyeron estructuras distintas a las establecidas en el acuerdo, una de ellas inconclusa.
La denuncia incluye facturas que suman el monto señalado y que forman parte de las pruebas presentadas por el área jurídica de Segalmex. El expediente se turnó a autoridades judiciales en Zacatecas luego de que una jueza en la Ciudad de México declinó competencia por tratarse de hechos ocurridos en esa entidad.
La Fiscalía solicitó audiencia inicial para imputar también a otros excolaboradores vinculados con el contrato. El proceso se encuentra en etapa de definición sobre la autoridad judicial que asumirá el caso.
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Contexto del caso Segalmex
Segalmex inició operaciones en 2019 con el objetivo de coordinar la compra y distribución de alimentos básicos a través de programas públicos. Desde sus primeros años, auditorías federales detectaron irregularidades en contratos, inventarios y operaciones financieras relacionadas con la adquisición de productos.
La Auditoría Superior de la Federación estimó un daño patrimonial por más de 12 mil 500 millones de pesos en revisiones correspondientes al periodo 2018-2020. Las observaciones incluyeron pagos por bienes no entregados, contratos sin respaldo documental y diferencias entre registros contables e inventarios físicos.
Las investigaciones derivaron en denuncias penales, órdenes de aprehensión y procesos administrativos contra exfuncionarios y particulares. Diversos casos se encuentran en curso en instancias judiciales federales, mientras continúan las acciones para determinar responsabilidades y recuperar recursos.
Como parte de la reorganización institucional, el gobierno federal transfirió funciones de Segalmex a Diconsa y Liconsa, y posteriormente integró estas operaciones en el esquema denominado Alimentación para el Bienestar, que mantiene la distribución de productos básicos a través de redes públicas.
VGB