Fernando Gómez Mont, abogado de Ernesto Ruffo Appel, dio a conocer que como defensor del exgobernador de Baja California busca modificar las condiciones de internamiento de su cliente, debido a que está preso en el penal del Altiplano (Centro Federal de Readaptación Social No. 1), en Almoloya de Juárez, Estado de México, junto a capos del narcotráfico mexicano como Osiel Cárdenas Guillén y Héctor Luis Palma Salazar, alias "El Güero" Palma.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Gómez Mont indicó que "ha sido un proceso muy largo, porque son 8 detenidos, por lo tanto, son ocho defensas, aún no hay una valoración, pero sí queremos que queden asentados nuestros argumentos".
"El viernes fui a ver a Ernesto y me entero que convive con personas como (los narcotraficantes) Osiel Cárdenas (Guillén) y el "Güero" Palma (Héctor Luis Palma Salazar), creo que esto debe ser corregido inmediatamente, pues esto representa un riesgo".
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Por ello, informó que la defensa del exfuncionario detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California, y procesado el 23 de julio de 2026 con medida cautelar de prisión preventiva por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos (huachicol fiscal), está en el proceso de cambio de condiciones de internamiento "porque es injusto y cruel tener a un empresario en esas condiciones, esto se hace mediante un juez".
Subrayó que las acusaciones que pesan sobre el exgobernador tienen que revisarse a fondo, pues "a veces se revisa de manera frívola y torpe, entonces y se cambian las cosas".
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Aseguró que las autoridades no les han presentado evidencia física ni escrita sobre la posible relación directa de Ernesto Ruffo con la Transportadora Kevinson, empresa señalada de haber ingresado al país por aduanas combustible ilícito vinculada a la empresa Ingemar, dedicada a la importación y comercialización de hidrocarburos y de la que el exgobernador es accionista.
Por último, mencionó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha referido al caso de su cliente "sólo por lo que le dicen, pero lo que le informan es falso”
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"A la presidenta (Claudia Sheinbaum) no le toca revisar el expediente, ella está diciendo lo que le dicen y lo que le dicen es (información) falso, torpe y morbosa en mi opinión".
FGR rechaza que Ruffo sea preso político
La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó que el proceso penal iniciado contra Ernesto Ruffo responda a una persecución política, luego de que en distintos espacios se señalara que su detención tendría motivaciones relacionadas con sus vínculos o posturas políticas. La institución sostuvo que la investigación deriva exclusivamente de presuntos hechos delictivos vinculados con una red de contrabando de hidrocarburos.
En un comunicado, la FGR afirmó que Ernesto “N” es investigado por su probable participación en una organización dedicada al tráfico ilícito de combustibles, la cual habría ocasionado un daño a la hacienda pública superior a los cuatro mil millones de pesos. Agregó que las diligencias ministeriales y los elementos de prueba recabados apuntan a la posible responsabilidad de las personas vinculadas a proceso, por lo que descartó que el caso tenga un componente político.
De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones establecen que Ernesto “N” se incorporó en octubre de 2018 a la estructura de una empresa importadora y que para 2021 ya era accionista y secretario del Consejo de Administración. Desde ese cargo, presuntamente participó en decisiones estratégicas, en la representación legal de la empresa y en gestiones ante autoridades fiscales y aduaneras, en coordinación con José “N”.
La indagatoria comenzó tras el aseguramiento de 33 ferrotanques abandonados en Coahuila y posteriormente se amplió hacia operaciones detectadas en San Luis Potosí y Nuevo Laredo. Según la FGR, la organización utilizaba documentación irregular para declarar únicamente el 10 por ciento del combustible que transportaba, con el propósito de evadir controles y obligaciones fiscales.
La dependencia informó que hasta el momento ha integrado 96 datos de prueba, entre ellos dictámenes periciales en química, ingeniería, fotografía y criminalística, con los que busca sustentar las imputaciones. Asimismo, recordó que el delito de delincuencia organizada, por el que se sigue el proceso, contempla la prisión preventiva oficiosa, por lo que Ernesto “N” debe permanecer bajo esa medida cautelar mientras continúa el procedimiento judicial.
Finalmente, la FGR reiteró que el caso se desarrolla con apego a la Constitución y al marco legal vigente, por lo que aseguró que se respetan los derechos humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia del imputado, al tiempo que insistió en que no existe sustento para considerar a Ernesto “N” un preso político.
CAGC