Ocho pescadores del estado de Nayarit, siete de ellos residentes de la comunidad costera La Cruz de Huanacaxtle, en dicho estado, desaparecieron a mediados de febrero tras ser alcanzados por ataques con misiles de las fuerzas militares de los Estados Unidos en aguas internacionales; fuentes del gobierno federal que pidieron mantener su identidad en reserva confirmaron a La Silla Rota el reporte del periódico Los Ángeles Times.
Los incidentes se enmarcan en una nueva campaña de la administración de Donald Trump que clasifica a los objetivos como "narco-terroristas", permitiendo el uso de fuerza militar contra embarcaciones sospechosas de participar en el tráfico de drogas.
Las fuentes consultadas en México indicaron que la embarcación fue atacada fuera de la zona económica exclusiva (200 millas de distancia de la costa) en l derechos de soberanía exclusivos para explorar, explotar y conservar los recursos naturales, tanto vivos como no vivos.
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Los fallecidos fueron identificados por sus familiares como Edgar Valerio Ramos, Pedro Torres Falcón, Luis Torres Jiménez, Carlos Torres Zamora, José Reyes García, Diego Ocampo González, Abel Ramos Jiménez y Braulio Cruz Joya. Según testimonios recogidos en la localidad, era de conocimiento común que algunos pescadores "ganaban dinero extra transportando gasolina a alta mar" para abastecer lanchas rápidas que trasladan cocaína desde Sudamérica.
Contexto: La Silla Rota publicó el 19 de febrero que de acuerdo con información de familiares de las víctimas citada por medios locales, ocho de los 11 fallecidos en un ataque de Estados Unidos contra narcolanchas en el Pacífico y el Caribe, eran originarios del municipio de Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit, sin embargo, las autoridades no han confirmado la información.
Se detalló que siete de los nayaritas muertos eran de la comunidad de Cruz de Huanacaxtle y uno más de Corral del Risco.
Los hombres, de acuerdo con la nota de LA Times, partieron el 16 de febrero desde Punta Pérula, Jalisco, y esa misma noche el ejército estadounidense informó sobre dos ataques con misiles que resultaron en ocho muertes.
A pesar de que el Comando Sur de Estados Unidos sostiene que "cada narco-terrorista muerto durante las operaciones de Southcom era un miembro afiliado de una Organización Terrorista Designada", expertos legales y defensores de derechos humanos han advertido que estos ataques constituyen "ejecuciones extrajudiciales".
El gobierno mexicano ha mantenido una postura de cautela. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que México no aceptará "violaciones del territorio mexicano, ya sea por tierra, mar o aire", pero las fuentes indican que la muerte de estos ciudadanos ha pasado mayormente "desapercibida a nivel internacional" y no ha sido reconocida oficialmente por el gobierno federal. La Marina de México se limitó a confirmar que los ataques ocurrieron fuera de su Zona Económica Exclusiva.
El padre Rigoberto Cruz, un sacerdote católico local de 53 años en La Cruz de Huanacaxtle, citado por LA Times, se refirió a los pescadores fallecidos señalando que “ellos conocían los riesgos”.
Además, con respecto a las familias y personas que lamentan su pérdida, el sacerdote mencionó que ellos “entienden por qué sucedió todo esto”. Su testimonio se da en el contexto de una comunidad que estaba al tanto de que algunos pescadores aceptaban trabajos para transportar combustible a embarcaciones del narcotráfico debido a la necesidad económica.
El pasado 7 de julio, decenas de embarcaciones realizaron un memorial en La Cruz de Huanacaxtle para despedir a los fallecidos. Mientras tanto, los pescadores locales que realizan actividades legales manifiestan temor de ser víctimas de un error por parte de la vigilancia aérea estadounidense. Uno de los trabajadores del mar expresó: "Cada vez que escucho un avión volar por encima, me pregunto si viene a matarme".
Desde septiembre, la campaña de bombardeos de Estados Unidos contra presuntas embarcaciones de narcotráfico ha causado la muerte de un total de 221 personas en el Pacífico y el Caribe.