TUXTLA GUTIÉRREZ.- El gabinete de seguridad federal clasificó a Justo Aurelio Rivera Parrazales como el “operador financiero de un grupo delictivo”, pero el gobierno de Eduardo Ramírez le abrió la puerta de los reclusorios de Chiapas a su empresa Industrias Médicas Chiapanecas, para dar empleo a reos.
El 11 de julio del 2025, el secretario de Seguridad del pueblo de Chiapas (SSPCH), Oscar Alberto Aparicio, firmó con Rivera Parrizalez un “convenio de colaboración”, con vigencia hasta el 2030, en el que se otorga facultades para ingresar a los reclusorios para capacitar y emplear a los reos, con su respectiva remuneración.
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El documento firmado entre el gobierno de Chiapas y la empresa IMECH retrata un acuerdo en materia de industria penitenciaria enfocado en la capacitación y el trabajo para el programa "Reparando vidas". Su objetivo es fortalecer los centros penitenciarios impulsando la reinserción social a través de actividades productivas para las personas privadas de su libertad.
Rivera Parrizalez creó cuatro empresas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, entre ellas, Industrias Medicas Chiapanecas, Diagnosis Centro de Diagnóstico Integral, Servimedic del Sureste e Inmedicen. Ninguna de ellas con experiencia en materia de centros penitenciarios, pero a pesar de eso, la SSPCH le otorgó la tarea de capacitar a reos de las cárceles del estado.
Documentos oficiales muestran que el convenio tenía el objetivo de coordinar y desarrollar industria penitenciaria “en beneficio de las personas privadas de la libertad que se encuentran en los centros estatales de reinserción social de sentenciados en Chiapas, cuya finalidad primordial es la capacitación y el trabajo remunerado”.
IMECH se comprometió a “realizar la capacitación a las personas privadas de la libertad (PPL), para el desempeño de la actividad industrial consistente a la mano de obra, y evitar accidentes en la actividad productiva desarrollada.
También se comprometió a realizar pago del monto económico remunerado para las personas privadas de la libertad, que será establecido en los convenios específicos para el mismo fin. Y podía aumentar el monto del apoyo económico de “acuerdo con el desempeño de las personas privadas de la libertad y a los estándares de productividad”.
Vínculos con La Barredora y el Cártel del noreste
Según el comunicado del gabinete de Seguridad difundido este domingo, la Fiscalía General de la República imputa a Rivera Parrizalez ser operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación al que aluden como un grupo delictivo con presencia en diversos estados del país; así como vínculos con el Cartel del Noreste.
El CJNG, a través de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad del hoy senador morenista Adán Augusto López, operó tanto en Tabasco como en Chiapas para extender sus actividades de extorsión y robo de combustible, de acuerdo con reportes de inteligencia militar difundidos por el colectivo Guacamaya.
Autoridades federales informaron que durante cateos realizados a cuatro inmuebles propiedad de Rivera se aseguraron 15 vehículos de alta gama, entre ellos una camioneta Tesla Cybertruck, un Ferrari, un Porsche, una caja fuerte, dos armas de fuego, cartuchos, una bolsa con aparente metanfetamina, efectivo en moneda extranjera, joyería, dispositivos de banca electrónica, equipos de comunicación y de cómputo.
Sus relaciones políticas llegaron hasta el actual mandatario chiapaneco, Eduardo Ramírez, quien autorizó a una de las empresas de Rivera Parrizales tener el acceso a los reclusorios chiapanecos.