La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió 1,218 asuntos entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, es decir, 726 expedientes menos que la integración anterior, que en el mismo periodo de 2024-2025 resolvió 1,944 casos, lo que representa una caída de 37% en la productividad.
De acuerdo con un reporte de Integralia, además de la disminución en el número de resoluciones, la carga de trabajo no se distribuyó de manera homogénea entre los ministros y la actividad jurisdiccional se concentró principalmente en materias administrativas, penales y fiscales. El análisis también identifica que tres ministros concentraron casi la mitad de los asuntos resueltos: Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Arístides Guerrero.
Predominan resoluciones por cuestiones procesales
El informe señala que siete de cada diez asuntos concluyeron sin que la Corte analizara el fondo del caso, al ser resueltos por determinaciones procesales.
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Los casos que sí recibieron un análisis de fondo se concentraron principalmente en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, pese a que estos representan una proporción menor de los expedientes que llegan al máximo tribunal en comparación con los recursos de reclamación y los amparos directos en revisión.
En contraste, los medios de defensa individuales, especialmente los amparos directos en revisión, fueron desechados mayoritariamente por razones procesales, principalmente porque no planteaban cuestiones de relevancia constitucional.
El reporte también indica que las materias administrativas fueron las más frecuentes en las ponencias de Yasmín Esquivel, Arístides Guerrero, Lenia Batres y Sara Irene Herrerías, mientras que los asuntos penales se concentraron principalmente en las ponencias de Loretta Ortiz, Giovanni Azael Figueroa y Irving Espinosa.
Alto nivel de coincidencia y resultados favorables al Ejecutivo
Aunque existen diferencias entre los ministros, el estudio muestra un alto grado de consenso en las decisiones del Pleno. De las 1,118 votaciones analizadas, más de la mitad fueron unánimes y casi ocho de cada 10 asuntos se resolvieron por unanimidad o con mayorías de al menos ocho votos.
Respecto a la participación del Poder Ejecutivo, Integralia documentó que intervino como parte actora en 196 asuntos, entre ellos 15 acciones de inconstitucionalidad, 92 controversias constitucionales y 80 recursos de reclamación.
De esos casos, 64 fueron resueltos de fondo y en 53 la Corte declaró la invalidez de los actos impugnados, en línea con la pretensión del Ejecutivo, mientras que en los 11 restantes determinó la validez total o parcial de las normas o actos cuestionados, principalmente relacionados con decisiones de gobiernos estatales y municipales.
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Por otra parte, cuando el Congreso de la Unión o alguna dependencia del Ejecutivo fueron demandados, la SCJN resolvió de fondo 61 de 117 asuntos. En 36 amparos negó la protección a los promoventes, con lo que las resoluciones favorecieron al Congreso o al gobierno federal.
La Suprema Corte mantiene pendientes de resolución diversos asuntos de alto impacto constitucional, entre ellos impugnaciones contra reformas en materia minera, ambiental, electoral, aeronáutica, fiscal y de derechos humanos.
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