La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer un caso clave relacionado con el llamado huachicol fiscal, una práctica vinculada con el contrabando y evasión de impuestos en la importación y comercialización de combustibles. Por unanimidad y mediante votación a mano alzada, el pleno del máximo tribunal del país acordó analizar el asunto para fijar un criterio jurídico sobre las facultades de las autoridades fiscales en este tipo de delitos.
La decisión se tomó a propuesta del ministro Irving Espinosa Betanzo, quien planteó que la Corte ejerciera su facultad de atracción para conocer el recurso de queja 39/2026. El acuerdo fue avalado por el pleno el pasado miércoles 18 de marzo, con el objetivo de resolver una controversia sobre qué institución del Estado mexicano tiene atribuciones legales para representar el interés fiscal de la Federación en investigaciones relacionadas con el contrabando de combustibles.
Con este proyecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá definir si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede asumir la representación del interés fiscal en delitos de huachicol fiscal o si dicha facultad corresponde exclusivamente a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Te podría interesar
La discusión surge tras la entrada en vigor del reglamento interior de la ANAM, que establece que la Dirección General de Investigación Aduanera es la instancia encargada de investigar conductas delictivas vinculadas con el contrabando. De acuerdo con esta normativa, dicha área también tiene la responsabilidad de coordinar con otras unidades administrativas la implementación de estrategias y acciones para combatir estas prácticas ilícitas en el comercio de combustibles.
Contexto: el huachicol fiscal se ha convertido en uno de los esquemas de fraude más costosos para las finanzas públicas en México. A diferencia del robo de combustible en ductos, este delito se basa en la importación irregular de gasolina o diésel mediante declaraciones falsas en aduanas, lo que permite evadir impuestos como el IEPS y el IVA.
De acuerdo con reportes citados por La Silla Rota, estas prácticas implican redes que incluyen empresas, operadores logísticos y presuntos funcionarios coludidos, lo que dificulta su detección y sanción.
Investigaciones periodísticas señalan que el fenómeno ha provocado pérdidas millonarias para el erario mexicano. En 2025, el impacto combinado del huachicol fiscal y el robo de combustibles generó un boquete estimado en 123 mil millones de pesos, según declaraciones citadas por La Silla Rota.
El esquema suele consistir en introducir combustibles al país clasificados como otros productos —como lubricantes o aditivos— para evitar el pago de impuestos.
Especialistas y autoridades han advertido que el huachicol fiscal comenzó a expandirse con mayor fuerza a partir de 2019, cuando se detectaron irregularidades en importaciones de combustibles y en el uso de permisos para su comercialización.
Desde entonces, el problema ha sido investigado por autoridades federales y señalado por expertos del sector energético como una forma de contrabando sofisticado que opera a través de redes empresariales, intermediarios y posibles actos de corrupción en puertos y aduanas.
djh