El gobierno de México, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha puesto en marcha un ambicioso plan de infraestructura ferroviaria que busca transformar la movilidad en el país, proyectando la construcción de más de 3,000 kilómetros de nuevas vías para trenes de pasajeros antes de que concluya su mandato en 2030.
Esta iniciativa se produce en un contexto donde el transporte ferroviario de pasajeros había prácticamente desaparecido tras la privatización del sector en la década de 1990, cuando las concesiones se centraron casi exclusivamente en el transporte de carga.
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Un plan calificado de "dramático"
Aunque naciones como China y Turquía también están realizando inversiones significativas en este sector, el analista ferroviario Andrew Young describe para la revista The Economist los sueños de México como "dramáticos". Según Young, el país está comenzando "más o menos de la nada", en una región del continente que no se caracteriza por su cultura ferroviaria, y está construyendo "con velocidad".
El funcionario a cargo de este despliegue, Andrés Lajous, explicó que el objetivo central es "conectar áreas metropolitanas contiguas". Las rutas planeadas incluyen conexiones desde la Ciudad de México hacia Pachuca y Querétaro, extendiéndose luego hacia Irapuato y Guadalajara. En el norte, se proyecta una línea que conectará Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo.
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La experiencia de "El Insurgente"
El optimismo del gobierno se apoya en resultados recientes como los de El Insurgente, el tren que conecta la capital con Toluca y que comenzó a operar en su totalidad en febrero de 2026.
Los pasajeros han reportado que el viaje, que por carretera puede tomar varias horas en condiciones de tráfico intenso, ahora se realiza en aproximadamente una hora a un costo menor a seis dólares. Un usuario consultado por The Economist calificó como "maravilloso" el poder evitar el congestionamiento vial.
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Lecciones del Tren Maya
La nueva estrategia busca diferenciarse de proyectos anteriores, como el Tren Maya, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Aquella obra, que recorre 1,500 km en la península de Yucatán, ha enfrentado críticas por daños ambientales y por una planificación influenciada por consideraciones políticas que ubicó estaciones en lugares poco convenientes. "No hemos visto los beneficios que nos dijeron que veríamos", afirmó un guía turístico en la estación de Calakmul.
Para evitar problemas de saturación, el plan actual contempla construir las líneas de pasajeros junto a las de carga existentes para asegurar el derecho de vía, pero evitando que circulen por los mismos rieles, algo que suele retrasar los servicios en países como Estados Unidos.
Desafíos financieros y de ejecución
A pesar de la celeridad —con trabajos ya iniciados hacia Pachuca y Querétaro—, expertos señalan obstáculos críticos. El primero es la rentabilidad, ya que "solo un puñado de rutas de alta densidad en todo el mundo son rentables" y los trenes de pasajeros suelen requerir subsidios públicos constantes para mantener tarifas asequibles.
Oscar Ocampo, del centro de investigación IMCO, señaló a The Economist que mientras rutas como Ciudad de México-Querétaro o Saltillo-Monterrey tienen sentido, el caso para otras líneas es "no tan claro". Ocampo sugiere que parte de los recursos estarían "mejor gastados mejorando aún más cosas como el transporte ferroviario de carga, los puertos y las conexiones de corredores industriales".
Cambio en el modelo de gestión
La administración de Sheinbaum ha mostrado una postura menos dogmática que la anterior respecto a la participación privada.
Aunque el Estado mantendrá el liderazgo y operará los servicios, se espera que empresas privadas construyan porciones sustanciales de la infraestructura a través de licitaciones para estaciones, puentes, señalización y electrificación.
Finalmente, existe la preocupación de que la rapidez de la construcción comprometa la calidad y la seguridad. Como antecedente, se menciona el ferrocarril Interoceánico, cuyos servicios fueron suspendidos tras un descarrilamiento en diciembre que resultó en la muerte de 14 personas. La revista destaca que, si bien el viaje eficiente vale la inversión, también lo es "llegar de una sola pieza".
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Contexto: la apuesta ferroviaria de México entre desarrollo, conectividad y debate ambiental
En la última década, México ha retomado el desarrollo de grandes proyectos ferroviarios como parte de una estrategia para fortalecer la movilidad, impulsar el crecimiento económico y reducir las brechas de conectividad entre distintas regiones del país. Desde el Tren Interurbano México-Toluca "El Insurgente" hasta el Tren Maya y las nuevas rutas impulsadas por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el ferrocarril ha vuelto a ocupar un lugar central en la política de infraestructura nacional.
El Tren Maya representa el proyecto ferroviario más ambicioso construido en México en las últimas décadas. A dos años de haber iniciado operaciones, el sistema recorre 1,554 kilómetros a través de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico del sureste, diversificar la actividad turística más allá de los destinos tradicionales del Caribe mexicano y facilitar el transporte de pasajeros y, en una segunda etapa, de carga.
El Gobierno federal sostiene que el proyecto permitirá generar nuevos polos de desarrollo alrededor de sus estaciones, fortalecer las cadenas logísticas regionales y atraer inversión privada. Como parte de esta estrategia, en 2025 comenzaron las obras para habilitar el transporte de mercancías, considerado por las autoridades como un componente clave para garantizar la viabilidad financiera del sistema a largo plazo.
Sin embargo, el Tren Maya también ha estado acompañado de un intenso debate ambiental y social. Organizaciones civiles, especialistas y comunidades agrupadas en la denominada Misión Civil de Observación han documentado presuntas afectaciones derivadas de la construcción del proyecto, entre ellas la tala de millones de árboles, la modificación de cavernas y cuevas, así como posibles impactos sobre acuíferos y corredores biológicos de la Península de Yucatán. Mientras los colectivos advierten que parte de estos daños podrían ser irreversibles, el Gobierno ha defendido que las obras cumplen con medidas de mitigación ambiental y forman parte de un modelo de desarrollo regional de largo plazo.
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Otro de los proyectos emblemáticos es el Tren Interurbano México-Toluca "El Insurgente", cuya construcción comenzó en 2014 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto con la meta de conectar el Valle de Toluca con el poniente de la Ciudad de México. Aunque originalmente se estimó una inversión cercana a 38 mil millones de pesos y su conclusión para 2017, la obra acumuló retrasos, modificaciones técnicas y un incremento considerable en su presupuesto.
Finalmente, en 2026 fue inaugurada la totalidad de la línea con la apertura de las estaciones Santa Fe y Observatorio. De acuerdo con el Gobierno federal, la inversión total superó los 100 mil millones de pesos. El sistema cuenta con 57.7 kilómetros de vía, siete estaciones, 20 trenes con capacidad para 719 pasajeros cada uno y una demanda estimada de hasta 140 mil usuarios diarios. Además, permitirá realizar el trayecto entre Toluca y Observatorio en aproximadamente 50 minutos, enlazando con el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Observatorio y otros sistemas de transporte de la capital.
La apuesta ferroviaria no concluye con estos dos proyectos. La administración de Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha un programa nacional de expansión de trenes de pasajeros que contempla la construcción de más de 3,300 kilómetros de nuevas vías. Entre las rutas prioritarias destacan los corredores AIFA-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro, además de proyectos estratégicos como Querétaro-Irapuato, Saltillo-Nuevo Laredo, Guadalajara-Tepic, San Luis Potosí-Saltillo, Hermosillo-Nogales y Mazatlán-Los Mochis, entre otros.
Paralelamente, el Gobierno mantiene la ampliación del Tren Maya para transporte de carga y la continuidad del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con conexiones hacia Chiapas y Tabasco. La mayoría de estas obras son desarrolladas con la participación de ingenieros militares y, según las autoridades, aprovechan derechos de vía existentes para reducir costos, agilizar la construcción y disminuir el impacto ambiental.
Con estos proyectos, México busca consolidar una red ferroviaria moderna que fortalezca el transporte público, incremente la competitividad logística y contribuya al desarrollo económico regional. No obstante, su evolución continuará siendo objeto de análisis por el elevado monto de inversión pública, los desafíos operativos, la rentabilidad de largo plazo y los efectos ambientales y sociales que generan algunas de estas obras.
AJA