La magistrada Taissia Cruz Parcero reveló que por órdenes del Órgano de Administración Judicial (OAJ) la cambiaron de Tribunal un día antes de la sesión del pleno de su Tribunal, lo que le impidió sesionar este viernes, además de que es la última antes del periodo de vacaciones, y, como consecuencia, retrasa hasta finales de agosto el fallo de 22 asuntos, entre ellos la posible libertad de dos personas.
Cruz es la segunda magistrada crítica de la reforma judicial a la que remueven sin avisar del Tribunal Colegiado por parte del nuevo Poder Judicial, una postura de oposición que asumió públicamente durante todo el proceso de dicha reforma.
La juzgadora cuenta con más de 30 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación (PJF), donde ha ejercido como oficial judicial, secretaria de tribunal y jueza de distrito, antes de ser nombrada Magistrada de Circuito en octubre de 2014. Además, antes de que desapareciera el Consejo de la Judicatura Federal en septiembre del año pasado, se desempeñó como directora del Instituto Federal de Defensoría Pública.
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Una serie de ajustes administrativos y cambios de adscripción dentro del Poder Judicial de la Federación provocaron la suspensión de sesiones clave, dejando decenas de expedientes sin resolución y generando incertidumbre para las personas que buscan justicia, criticó una magistrada.
Tras notificarse el cambio de adscripción de personal jurisdiccional a distintos tribunales de apelación de manera inmediata, la magistrada criticó que la decisión impidió realizar las sesiones programadas para este viernes, lo que resultó en la parálisis de 22 asuntos que ya se encontraban listados para su resolución.
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“Más allá de todo lo complejo que es, administrativamente, un cambio así, ojalá que al Órgano de Administración de Justicia le importaran las personas justiciables”, escribió en un hilo en la red social X.
Entre los asuntos que han quedado pendientes de resolver destacan el cumplimiento de dos sentencias de amparo, entre ellas también, dos propuestas de libertad para personas privadas de la misma, cuya situación jurídica permanece en el aire debido a la falta de sesión.
La situación se vuelve más crítica debido al calendario institucional. Los dos Tribunales Colegiados de Apelación en materia penal de la Ciudad de México iniciarán su periodo vacacional la próxima semana. Dado que las sesiones se reanudarán hasta la segunda quincena de agosto, los casos pendientes podrían enfrentar un retraso de casi dos meses adicionales.
Contexto: renuncia magistrada; acusa patrón de presión y desgaste
El reciente cambio de adscripción de la magistrada Taissia Cruz Parcero se suma a una serie de movimientos controvertidos dentro del nuevo ordenamiento de la judicatura.
Apenas unos meses antes, la magistrada María Emilia Molina, quien fungía como presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, presentó su renuncia tras denunciar hostigamiento institucional.
Molina calificó su salida como "la única humanamente posible" ante las presiones sufridas.
A continuación se detallan los puntos clave de su separación del cargo:
- Falta de certeza laboral: Acusó al Órgano de Administración Judicial (OAJ) de obligarla a trabajar sin definir con claridad su estatus jurídico.
- Negativa de licencias: El organismo le negó una licencia sin goce de sueldo plenamente justificada por motivos de salud mental y emergencias familiares graves.
- Adscripciones imprevistas: Fue trasladada de forma sorpresiva desde el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de México hacia el estado de Guerrero.
- Patrón de disciplina: La juzgadora señaló públicamente que el manejo de los cambios geográficos y las solicitudes médicas configuran una estrategia de desgaste hacia los perfiles críticos de la reforma judicial.
Pese a su salida del servicio activo, Molina aseguró que mantendrá la defensa de la autonomía de las instituciones democráticas y la igualdad de justicia desde el ámbito civil.
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VGB