La segunda ampliación del mandato de los magistrados del Tribunal Electoral, propuesta en el marco de la reforma a la elección judicial impulsada por Morena ha vulnerado la legalidad y la independencia de la máxima autoridad electoral del país, de acuerdo con juristas.
En una publicación del Instituto de Investigaciones Jurídicas, los especialistas Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio recapitulan que el 20 de octubre de 2016 la Cámara de Senadores eligió a quienes serían los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzáles (por tres años hasta el 31 de octubre de 2019); Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez Mondragón (periodo de seis años hasta el 31 de octubre de 2022(; Felipe de la Mata, Mónica Aralí Soto Fregoso y Janine Madeline Otálora Malassis (periodo de nueve años hasta el 31 de octubre de 2025”.
Sin embargo, el 3 de noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial un decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial para modificar la duración del tiempo en que permanecerían en el cargo cuatro de los magistrados recién nombrados: Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzales por siete años en lugar de tres, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez por ocho años en vez de seis.
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Los abogados consideran que la decisión de ampliar los mandatos tuvo consecuencias profundas para la salud democrática de la institución como la pérdida de autonomía porque al nacer de un acuerdo político, la Sala Superior se reveló desde su inicio como una institución "dócil y al servicio del poder en turno".
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Más ampliaciones de mandato
En 2024, pasadas las elecciones, antes de que se calificara la elección presidencial, mayoría en el Congreso ofreció a los magistrados de la Sala Superior del TEPJF ampliar su periodo hasta 2027, lo que fue aceptado por cuatro de los cinco magistrados que la componían.
Aunque el número debía ser de siete, el mismo Congreso se negó a elegir a los suplentes de Vargas Valdez e Indalfer Infante. Quienes aceptaron quedarse fueron De la Mata, Fuentes, Rodríguez y Soto, sólo la magistrada Janine Otálora sostuvo que la ley establecía el fin de su periodo en 2025 y se retiró.
Este miércoles, por la noche y sin previa discusión, en el marco de la reforma que aplaza a 2028 la segunda elección de jueces y magistrados, el morenista Sergio Gutiérrez presentó una reserva para ampliar nuevamente el periodo de los titulares de la Sala Superior.
Así, De la Mata, Fuentes, Rodríguez y Soto, calificados por especialistas como Javier Martín Reyes como parciales hacia Morena, podrán estar en la boleta y mantenerse hasta 2033, con lo que estarían 17 años en el cargo.
Especialistas consultados por La Silla Rota coincidieron que esa iniciativa puede ser una forma de retribuir sentencias favorables al gobierno en turno como la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados o desestimar el impacto de los acordeones en la elección judicial.
Juvenal Lobato, abogado constitucionalista e integrante del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, recordó que estas cuatro magistraturas fueron electas en 2016, y desde entonces, han tenido varias ampliaciones en sus periodos en el cargo, incluso antes de la reforma judicial.
Con el aplazamiento de la elección judicial en 2028, también se les amplía un año más en el cargo que se les había extendido hasta 2027.
“Me parece que sí es preocupante que se pretenda mantener a estas personas, incluso considerando los propios argumentos que en su momento dieron origen a la reforma al Poder Judicial, donde se cambiaron por lo menos a todos los ministros de la Corte en una sola elección”, apuntó.
Si bien expuso que la permanencia en los cargos le da cierta independencia a un juzgador porque así no está sujeto a los vaivenes de la política, en este caso preocupante porque es un periodo mayor al que tuvieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de la reforma.
Pago de favores
Luis Enrique Pereda, integrante del Consejo Consultivo de la Barra Mexicana de Abogados, señaló que esta modificación se trata de un albazo para tergiversar la reforma constitucional en materia judicial aprobada en 2024, aunque se había planteado como una iniciativa para hacer ajustes al proceso.
“Se premia una vez más a los últimos calificadores de una elección. Los mismos que son los autores de los acordeones que ni los vieron ni los oyeron; y los mismos que son los responsables de la sobrerrepresentación parlamentaria”, manifestó.
Recordó que en su momento, el Congreso también intentó extender el periodo del ministro Arturo Zaldívar en la presidencia de Corte, aunque finalmente no se concretó.
El abogado constitucionalista consideró que prolongar el periodo de estas magistraturas hasta 17 años significa afianzar a Morena en el poder y reducir las posibilidades de triunfo de otras fuerzas políticas.
Con la aprobación de la reforma judicial, en la que se les otorgó una ampliación a las magistraturas hasta 2027, puntualizó que la única en no aceptar esta extensión fue la magistrada Janine Otálora.
“No podemos decir lo mismo de los otros cuatro magistrados hoy todavía en funciones y que, digamos, no resulta ninguna sorpresa, duda o genera incertidumbre cómo van a resolver los asuntos que resuelven que resuelven en el pleno de la sala Superior”, señaló.
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