El acceso a los derechos sucesorios como herencias, pensiones entre parejas del mismo sexo se ha alcanzado, principalmente, mediante resoluciones del Poder Judicial.
Luis Guzmán, integrante de la asociación civil Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad (Codise), recordó que la aprobación del matrimonio igualitario en las leyes locales se dio porque las personas también deberían tener acceso a los mismos derechos que ya tenían las parejas heterosexuales.
El activista enfatiza que, si bien, esos derechos ya se encuentran estandarizados en el país, fueron necesarias muchas batallas en tribunales para alcanzarlos.
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A 17 años de la aprobación del matrimonio igualitario en la Ciudad de México, organizaciones reconocen que se han logrado avances, aunque han encontrado obstáculos en el trayecto.
La sentencia que marcó diferencias
En 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un proyecto a cargo del ministro Javier Laynez, en el que una persona se amparó contra la resolución del IMSS de negarle la pensión por viudez de su concubino que cotizaba en esta institución, ya que la Ley del Seguro Social realizaba una distinción con base en la orientación sexual de las personas.
La segunda sala resolvió que el artículo de dicha ley era inconstitucional, pues condicionaba el derecho a la seguridad social traducido en el otorgamiento de una pensión de viudez, a un modelo de familia en el cual las personas invariablemente son de sexo opuesto y provocaba que las parejas homosexuales no tuvieran acceso a ese derecho.
Por tanto, la medida legislativa generaba un trato desigual y se sustentaba en conceptos que desconocen otras formas de relaciones afectivas, lo cual materializaba la discriminación.
Originario de Guadalajara, en 2010 viajó con su pareja a la Ciudad de México para poder casarse por el civil. Y lograron ser la primera pareja del mismo sexo que el IMSS reconoció con sus derechos de seguridad social, aunque los trámites tardaron dos años.
En este caso, el IMSS no les negó directamente este derecho, sino que argumentó que su sistema no lo dejaba dar de alta a dos personas del mismo sexo por matrimonio.
“Sabíamos que esto era una homofobia institucionalizada, pero nunca decían que era porque no querían, ellos decían: ‘no se puede’. Al final pues fue cuando ya no pudieron resistirse más y tuvieron que cambiar sus sistemas, que era el pretexto que ellos ponían y así fue como se empezaron a dar este tipo de derechos de seguridad social, pero posteriormente comenzaron el tema de las pensiones”, apuntó.
Tras garantizarse la seguridad social, en caso del fallecimiento de uno de los cónyuges, también se podía heredar.
“Ya en casi todos estados del país pues se reconoce matrimonio igualitario, solamente quedan dos que faltan de manera legal que es Aguascalientes y Chiapas, donde hay una resolución del Poder Ejecutivo, pero que no se ha reformado la ley”, expuso.
Nuevos conceptos de familia
Gloria Careaga, coordinadora de la Fundación Arcoiris, expuso que la obtención de estos derechos parte desde el concepto de qué es la familia y quiénes la conforman.
“Tengo la impresión de que esa es una deficiencia general que tenemos en México del no reconocimiento del acceso a la justicia. Y que muchas veces los trámites jurídicos o los trámites administrativos son tan complicados. Dicen que en México es uno de los países más burocráticos”.
Careaga, quien también es psicóloga social, sostuvo que también hay una falta de educación sexual, porque parte de la discriminación y homofobia viene por parte del desconocimiento, incluso de las propio Poder Judicial.
Advirtió que hay un deterioro en la capacitación de los juzgadores en materia de estos derechos, ya que desde hace seis años se han dejado de lado las capacitaciones por parte de asociaciones.
“Lo que yo estoy viendo es que el gobierno ha tratado de resolver el problema de la capacitación con capacitaciones en línea en algunos casos, en algunos temas, pero no hay seguimiento, no hay evaluación de esas capacitaciones”, dijo.
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Contexto
La Ciudad de México fue la primera en aprobar el matrimonio igualitario en 2009, y actualmente tiene validez legal en todo el territorio mexicano.
A raíz de la legislación en los estados se han garantizado derechos de concubinato, seguridad social y de adopción.