La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) endureció los controles sobre el gasto público rumbo al cierre fiscal de 2026 y presionó a las dependencias federales para sujetarse a los criterios de austeridad republicana.
La instrucción quedó plasmada en el oficio No. 5.0.-470/2026, emitido por la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), documento en poder de La Silla Rota que retoma los lineamientos expuestos por la Subsecretaría de Egresos de Hacienda.
En el texto, la dependencia federal solicita a sus áreas administrativas aplicar medidas de control sobre plazas, pasivos, contrataciones y compromisos presupuestarios para cumplir con las directrices definidas por la SHCP.
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"Se enfatizó la necesidad de una planeación rigurosa y estricto control en temas como gestión de plazas, pasivos y registro de compromisos", señala el oficio fechado el 1 de junio de 2026.
El documento también ordena que las partidas sujetas a la Ley Federal de Austeridad Republicana mantengan un gasto igual o menor al registrado el año anterior, salvo actualizaciones derivadas de la inflación.
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El oficio que endurece el gasto
Entre las medidas incluidas en el documento destaca la obligación de obtener autorización previa de Hacienda para toda contratación correspondiente al concepto 3300.
"Toda contratación del concepto 3300 requiere anticipadamente contar con validación de la SHCP", establece el oficio distribuido entre titulares, directores generales y responsables administrativos de la SICT.
Además, el documento deja sin efectos un criterio vigente desde 2025 que permitía determinadas contrataciones no consolidadas mediante opinión de la Unidad de Administración y Finanzas.
La instrucción forma parte de las acciones que Hacienda implementó para reforzar el control presupuestario durante la segunda mitad del año.
Las áreas administrativas también deberán enviar con anticipación los procesos de compromiso de gasto para gestionar su autorización dentro de los plazos establecidos por la autoridad hacendaria.
Contexto: la austeridad republicana de la 4T
La austeridad republicana constituye uno de los principios centrales de los gobiernos de la Cuarta Transformación y forma parte del marco legal que regula el ejercicio del gasto público federal.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esta política impulsó reducciones en estructuras administrativas, límites salariales para funcionarios, cancelación de diversas prestaciones y controles sobre distintos rubros de gasto.
La administración de Claudia Sheinbaum mantuvo esos lineamientos y ratificó la aplicación de medidas de disciplina presupuestaria dentro de las dependencias federales.
La Ley Federal de Austeridad Republicana establece que los recursos públicos deben ejercerse bajo criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Bajo ese esquema, Hacienda solicita a las dependencias ajustar su operación presupuestaria a mecanismos de control que buscan contener el gasto administrativo y supervisar la contratación de bienes y servicios.
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Debate sobre los resultados
Desde la perspectiva oficial, la política de austeridad permitió liberar recursos para financiar programas sociales y proyectos de infraestructura impulsados por la administración federal.
Por otra parte, especialistas en finanzas públicas y centros de análisis económico señalan que el gasto gubernamental también recurrió al financiamiento mediante deuda pública para sostener distintos compromisos presupuestarios.
Los reportes de finanzas públicas muestran que la deuda del sector público mantuvo una tendencia de crecimiento durante los últimos años, mientras el gobierno sostuvo la política de austeridad en la administración federal.
En paralelo, organizaciones civiles y analistas cuestionaron el impacto de los recortes en áreas operativas de distintas dependencias y servicios públicos.
El oficio distribuido por la SICT muestra que, rumbo al cierre fiscal de 2026, Hacienda mantiene la aplicación de controles presupuestarios alineados con los criterios de austeridad republicana que la 4T colocó como uno de los ejes de su política de gobierno.
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