La Embajada de Estados Unidos en México habría puesto en marcha una nueva y ambiciosa estrategia para combatir la corrupción, la cual contempla incluso la posibilidad de presentar cargos contra políticos mexicanos en tribunales federales estadounidenses, incluidos integrantes del partido Morena.
Así lo reveló el diario Los Angeles Times, que citó a fuentes confidenciales que solicitaron el anonimato debido a la sensibilidad del tema y a que se trata de asuntos internos en desarrollo.
De acuerdo con el reporte, esta iniciativa forma parte de una agenda más amplia impulsada por la administración del presidente Donald Trump, enfocada en perseguir a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado.
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El plan representaría un giro significativo respecto a medidas anteriores —como la cancelación de visas— y podría escalar hacia acusaciones formales en cortes federales de Estados Unidos.
El anuncio implícito de esta estrategia se produjo durante una visita del embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, al estado de Sinaloa, donde participó en la colocación de la primera piedra de una planta de metanol en la ciudad de Los Mochis.
Aunque el evento tenía como objetivo destacar la inversión extranjera, el diplomático aprovechó su intervención para lanzar un mensaje contundente sobre los efectos de la corrupción en el desarrollo económico.
“La corrupción no solo frena el progreso, lo distorsiona”, afirmó Johnson ante empresarios y autoridades locales, al advertir que este fenómeno incrementa costos, debilita la competencia y erosiona la confianza en los mercados. En ese sentido, subrayó que la falta de integridad es un obstáculo directo para el crecimiento y la estabilidad de proyectos de gran escala.
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El embajador también dejó entrever que Estados Unidos podría tomar acciones más firmes en el corto plazo. “La inversión es como el agua: fluye cuando las condiciones son adecuadas y se seca cuando no lo son”, señaló, al tiempo que recordó que el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá exige a los gobiernos tipificar y sancionar el soborno y la corrupción.
Según las fuentes consultadas por el medio estadounidense, fiscales en ese país podrían apoyarse en una amplia red de posibles informantes, incluidos exintegrantes de cárteles detenidos en territorio estadounidense, quienes estarían dispuestos a colaborar a cambio de beneficios judiciales. Entre ellos figuran operadores ligados al Cártel de Sinaloa, organización que históricamente ha mantenido vínculos con estructuras de corrupción en distintos niveles de gobierno.
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