Por segunda vez, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó la discusión del proyecto que analiza si es constitucional la Ley para la protección a la vida para el estado de Aguascalientes que reduce el periodo en que se puede interrumpir el embarazo.
La SCJN tenía previsto discutir el proyecto desde la primera semana de enero de este año, pero desde entonces hasta la fecha se ha ido aplazando, pese a tratarse de un tema de derechos humanos que afecta a mujeres de Aguascalientes.
El asunto
El Poder Ejecutivo federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovieron en 2024 acciones de constitucionalidad contra dicha ley, que en su artículo 1° establece que desde el momento en que un individuo es concebido, entra la protección de dicha legislación. En este caso lo que se promovió fue contra la porción normativa que habla “desde la concepción”.
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También lo hicieron contra el artículo 15, fracción IX, que establece un sistema normativo para proteger el derecho a la vida desde antes del nacimiento, además de reconocer como sujeto de derecho al no nacido, al categorizarlo como niña o niño.
Además, pidieron la invalidez de los artículos 101, 103 y 106, último párrafo del Código Penal para Aguascalientes, donde se prevén los tipos penales de aborto, aborto culposo, así como las excluyentes de responsabilidad y excusas absolutorias de dicho delito.
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El proyecto del ministro Espinosa va en el sentido de declarar procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad promovida por el Poder Ejecutivo Federal y la CNDH. Pero luego de que fue bajado de la discusión, no hay fecha para que se retome su discusión en la SCJN.
La SCJN también tiene pendientes de discutir acciones de inconstitucionalidad sobre leyes de San Luis Potosí y Yucatán relacionadas con el tema del aborto.
Un tema peliagudo: Irving Espinosa
Desde el 15 de diciembre pasado, previo a irse a su periodo vacacional, el ministro Espinosa se había referido al tema y reconoció que era difícil.
“Eso es un tema como dirían los colombianos, de los peliagudos, complicados y que tienen que ver con cuestiones íntimamente relacionadas con la bioética. Nosotros tenemos que ir valorando la constitucionalidad o no de aquella normativa que tiene que ver con el aborto dentro de cada entidad federativa”.
Esa mañana explicó que sus compañeros ministros también tendrían la posibilidad de estudiar su proyecto, realizar los comentarios y en su momento votarlo en el sentido que consideren.
Cuando un asunto de la SCJN se baja, es porque los ministros autores del proyecto en cuestión buscan escuchar más voces, porque están mal elaborados y alguien se los hace ver, o también por presiones políticas del momento, dijo una fuente de la corte a La Silla Rota.
“Puede ser por presión política, el ponente es el que dice que echa para atrás el proyecto, puede que un ministro le haga ver a su compañero que computó mal tal cosa, ‘no llegó en tiempo la demanda, no atendiste tal cosa de confección del proyecto y debes mejorarlo’, por ejemplo, o que otro ministro o político interesado le diga que no es el momento de discutirlo”, explicó la fuente.
Contexto
De acuerdo con la organización Mujeres vivas, mujeres libres, a 19 años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, actualmente, 24 entidades han despenalizado el aborto y la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional su criminalización.
Aunque el aborto esté despenalizado, sigue estando tipificado como delito en el Código Penal y por lo tanto, el mensaje es ambiguo: una persona puede enfrentar la justicia por ejercer su derecho a decidir.
“Esta ambigüedad tiene efectos reales y documentados”, precisó la organización.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Ciudad de México se registraron 7 mil 511 carpetas de investigación por abortos entre enero de 2015 y agosto de 2025. A nivel nacional, se han documentado miles de carpetas por la misma razón en los últimos años, incluso en entidades donde ya existen avances legales.
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El proyecto va por declarar la invalidez de varios artículos
El proyecto de Espinosa propone al Pleno de la SCJN declarar la invalidez de los artículos 101, 103 y 196 del Código Penal de Aguascalientes.
“Por tratarse de disposiciones que regulan tipos penales que pudieron haber sido aplicados desde su entrada en vigor, esta declaración de invalidez con efectos retroactivos a partir la fecha de su entrada en vigor. Y surtirá efectos una vez que sean notificados los puntos resolutivos de esta resolución al Congreso del Estado de Aguascalientes.
Además, dado que la Suprema Corte no cuenta con información sobre los procesos penales que pudieron haber sido iniciados con base en la aplicación de los artículos que se han declarado inválidos, corresponderá a los operadores jurídicos resolver lo que corresponda, según el momento procesal en que se encuentren los asuntos sometidos a su conocimiento.
“Sin embargo, dicha regulación es contraria a los derechos fundamentales de las mujeres y personas gestantes. En concreto, transgreden los derechos fundamentales a decidir, a la autonomía, a la libertad reproductiva, integridad personal, dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, a la vida privada, a decidir el número de espaciamiento de sus hijas y/o hijos, a la vida, a la igualdad y prohibición de discriminación, a la salud, así como al principio de progresividad de las mujeres, personas gestantes o con capacidad de gestar”, dice el proyecto de 124 páginas.
También declara la invalidez del artículo 15 fracción IX que alude directamente al producto de la concepción como niña o niño, por lo que le reconoce los derechos inherentes a ese grupo de la población.
El proyecto propuesto plantea que se trata de un exceso de competencias del Congreso de Aguascalientes, “al crear por medio de la ley impugnada a un nuevo sujeto de derechos. Esta facultad le corresponde exclusivamente a la Federación según la cláusula residual”.
VGB