ELECCIONES 2027

Diputados aprueban aplazar la elección judicial a 2028 y reforma contra injerencia extranjera

En la reforma añadieron una modificación al proceso de revocación de mandato para permitir que la jornada sea el mismo día que la elección federal o local del año en curso

Diputados aprueban en comisiones aplazar la elección judicial a 2028
Diputados aprueban en comisiones aplazar la elección judicial a 2028Créditos: Especial | LSR
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Un año después de la primera elección del Poder Judicial, Morena y aliados aprobaron cambios para simplificar las boletas, modificar los comités de evaluación y aplazar el proceso electoral hasta 2028 por complicaciones logísticas y operativas en caso de coincidir con los comicios de 2027.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma en materia judicial enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum con 341 votos a favor y 124 en contra.

Se decretó un receso para reanudar la discusión en lo particular para este miércoles a las 9 de la mañana.

La sombra de los acordeones estuvo presente durante la discusión, en la que legisladores de oposición reclamaron el uso de estas listas para promover a jueces y magistrados afines al oficialismo.

Alertaron que se introduce un cambio al proceso de revocación de mandato para que coincida con el día de la jornada electoral o local del año que se realice. Aunque hace unos meses el Partido del Trabajo se opuso a esta modificación, en esta ocasión no expresó objeciones.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, subió un acordeón —el instrumento musical— a tribuna. Desde allí, señaló que se mantienen los “jueces a modo” porque no se elimina la tómbola ni se toman acciones contra estas listas de votación.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Ruíz Massieu, alertó que la ampliación del cargo a cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral es anticonstitucional.

Además, puntualizó que permanece intacta la concurrencia electoral para 2030 y 2033, así como la nominación de candidaturas concentrada en órganos políticos.

A nombre de Morena, el diputado Leonel Godoy, reconoció que están proponiendo cambios para mejorar el desarrollo del proceso electoral judicial y mejorar la calidad de juzgadores.

Casi al finalizar la sesión, el diputado del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla se negó a abandonar la tribuna tras finalizar su intervención, en la que llamó “asesino” al morenista Leonel Godoy y calificó como narcos a varios funcionarios de Morena.

Esta acción provocó que legisladores de Morena, encabezados por Leonel Godoy, subieran a la tribuna para que tomara la palabra, lo que derivó en un enfrentamiento a gritos.

Ante una posible escala del pleito, varios legisladores solicitaron a la presidenta Kenia López decretar un receso. Sin embargo, fue el propio coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien le pidió a su bancada regresar a sus asientos.

En la votación estuvieron ausentes 10 legisladores de Morena: Rocío Abreu, Manuel Espino, Gabriel García, Iván Peña, Rosa Graniel, César Hernández, Laura Ruiz, Paola Tenorio, Leonicio Morán.

Aprobada en comisiones

La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen con 29 votos a favor y 11 en contra. 

La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, reduce a dos el número de postulaciones por cargo de cada poder para facilitar la votación y homologa la revisión de las candidaturas mediante una Comisión Coordinadora.

También se implementan cambios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la creación de dos secciones para gestionar las cargas de trabajo que actualmente recae en el pleno, luego de que la reforma de 2025 eliminó las dos salas. 

Aunque no es materia judicial, la iniciativa incorpora cambios al proceso de revocación de mandato para que sea coincidente con la celebración de la elección federal o local del año en curso, el primer domingo de junio

Además, amplía un año el periodo de cuatro magistraturas de la Sala Superior: Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Mónica Soto y Reyes Rodríguez. Mientras que los magistrados que resulten electos en 2028 durarán cinco años en el cargo, y no seis como estaba previsto. 

La exministra en retiro y diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero, adelantó que presentará reservas en el pleno relativas a evitar la concurrencia de elecciones federales con la judicial; corregir la contradicción de elección de la presidencia de la Corte y sobre la estabilidad del personal del Poder Judicial.

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La diputada del PRI, Claudia Ruíz Massieu, apuntó que la propuesta no resuelve temas de fondo como la concurrencia de elecciones en los siguientes años; la nominación de candidaturas mediante órganos políticos y la insaculación de cargos.

La panista Cristina Márquez evidenció que, de acuerdo con el dictamen, existió saturación operativa, incremento exponencial de casillas, confusión ciudadana, voto desinformado y complejidad logística.

Expertos cuestionan cambios a la reforma judicial

Contexto: La iniciativa de reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso no solo plantea aplazar la elección de jueces y magistrados, sino que también retoma modificaciones que especialistas del Poder Judicial ya discutieron durante los debates previos a la aprobación de la reforma judicial de 2024.

Entre los cambios se encuentran el regreso de las salas de la Suprema Corte bajo una nueva figura denominada "secciones", ajustes al modelo de elección de juzgadores y nuevas reglas para quienes busquen competir por cargos judiciales.

Arturo Guerrero Zazueta, exsecretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, señaló que varias de las correcciones incluidas en la propuesta responden a observaciones que especialistas realizaron durante los foros legislativos de 2024.

Entre ellas mencionó la reorganización de la Suprema Corte y los mecanismos para dividir los circuitos judiciales en distritos electorales, esquema que el Instituto Nacional Electoral ya utilizó durante la primera elección judicial de 2025.

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Por separado, la jueza en retiro Marlén Ángeles expresó reservas sobre algunos aspectos de la iniciativa, particularmente la obligación de que los juzgadores que aspiren a otro cargo renuncien de manera definitiva antes de participar en una elección.

También cuestionó los criterios de evaluación de candidatos y la permanencia del sistema de insaculación para definir postulaciones, al considerar que todavía existen dudas sobre los mecanismos que garantizarán la selección de perfiles especializados.

Avanza reforma contra injerencia extranjera en elecciones

La Cámara de Diputados aprobó también en comisiones las reformas para que se considere la injerencia extranjera como una causal de nulidad, cuando esta conducta sea grave, dolosa y determinante para el resultado de la elección.

Las iniciativas propuestas por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, fueron aprobados por mayoría de por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Político Electoral.

Las resistencias no vinieron sólo de la oposición, sino que Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar, ambos de Morena, votaron en abstención del dictamen.

“Yo estimo que estamos frente a una norma abierta y esa norma abierta no establece con precisión su contenido y alcance y como juzgadora puedo decirles que se puede rellenar con cualquier cantidad de supuestos normativos”, advirtió la exministra en retiro, Olga Sánchez.

¿Qué dice la reforma sobre intervención extranjera en elecciones?

Los dictámenes para realizar cambios a la Constitución y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, definen como injerencia extranjera los actos de financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación, manipulación digital, intervención de gobiernos, organismos o agentes extranjeros.

La realización de actos de presión política, económica, diplomática o mediática que tengan por finalidad alterar la voluntad popular;

A nivel constitucional, se reforma el artículo 41 para añadir como casual de nulidad de elección su existe la intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias de los electores.

También contempla en estos supuestos la realización de actos de presión política, económica, diplomática o mediática que tengan por finalidad alterar la voluntad popular, además de la vulneración del territorio con fines de presión o intimidación del orden constitucional.