El Estado mexicano no respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para responder la petición P93525, presentada por el Cyrus R. Vance Center for International Justice en representación de 14 personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación cesadas tras la reforma judicial, aprobada en septiembre de 2024.
Los juzgadores mexicanos alegan violaciones a estándares de independencia judicial desarrollados por la CIDH, los cuales México tiene la obligación de cumplir, como son la inamovilidad de las personas juzgadoras, el debido proceso en los procesos de destitución y disciplinarios, la protección frente a injerencias políticas y el acceso a un recurso judicial efectivo
Pese a que el Estado mexicano tuvo dos plazos, el primero de tres meses a partir de que se le notificó el 15 de enero y que venció el 15 de abril, y otro de prórroga de un mes, que concluyó el 15 de mayo, pasada esta fecha, la comisión no ha sido notificado sobre la respuesta del Estado mexicano.
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Lo ven preocupante
Se trata de una señal política profundamente preocupante, dijo la magistrada en retiro María Emilia Molina, una de las 14 peticionarias.
“Un Estado que desmontó las garantías de independencia judicial, que reconoció públicamente ante la propia comisión haber impulsado una reforma sin diagnóstico previo y que ahora guarda silencio frente al escrutinio internacional, transmite un mensaje inequívoco: la ausencia de voluntad para rendir cuentas sobre una de las regresiones institucionales y democráticas más graves en la historia reciente del país”, señaló Molina.
La petición P93525 es la primera de varias presentadas por parte de personas juzgadoras cesadas en el marco de la reforma judicial en México, las cuales siguen trámites y plazos independientes.
Otra peticionaria, la magistrada en retiro y exconsejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, consideró que el silencio del Estado mexicano frente al sistema interamericano no debilita las denuncias.
“Por el contrario, fortalece la percepción de que la reforma judicial fue concebida desde la lógica de concentración del poder y no desde la protección de los derechos humanos ni de la ciudadanía que requiere de jueces independientes”, criticó.
Contexto: en septiembre de 2024 el Congreso de la Unión, bajo la mayoría de Morena y sus aliados, reformó la Constitución para que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueran electos, y ordenó la creación del Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, órganos que sustituyeron en sus tareas al Consejo de la Judicatura Federal.
La primera elección se celebró el 1 de junio del año pasado y el 1 de septiembre asumieron los primeros jueces, magistrados y ministros y ministras de la SCJN electos por el voto popular.
Lo que se reclama en la petición es que con la reforma judicial hubo violaciones a estándares de independencia judicial desarrollados por la CIDH, los cuales México tiene la obligación de cumplir, como son la inamovilidad de las personas juzgadoras, el debido proceso en los procesos de destitución y disciplinarios, la protección frente a injerencias políticas y el acceso a un recurso judicial efectivo.
También refiere el contexto de estigmatización pública y represalias hacia personas juzgadoras, bajo el cual se discutió y aprobó la reforma judicial.
El caso busca que la CIDH consolide estándares interamericanos sobre independencia judicial, con implicaciones para el debate regional sobre reformas a la judicatura y sus límites a la luz de las obligaciones de derechos humanos.
djh