La elección que llevó al poder a Rubén Rocha Moya en 2021 volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que resurgieran denuncias presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una presunta intervención del crimen organizado durante los comicios en Sinaloa.
En agosto de 2021, dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD viajaron a Washington para entregar un expediente ante la Organización de Estados Americanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la CIDH, donde acusaron una supuesta “narcoelección” en la entidad.
De acuerdo con los señalamientos entregados ante este organismo internacional en algunas regiones de Sinaloa hubo reportes de robo de urnas, bloqueos carreteros y presencia de grupos armados que presuntamente buscaban inhibir la participación electoral o favorecer a Morena. La oposición aseguró que existieron condiciones de coacción y terror que alteraron el desarrollo normal de los comicios.
Te podría interesar
Uno de los puntos más delicados del documento señalaba que candidatos y equipos de campaña denunciaron haber sido retenidos o amenazados por presuntos integrantes del crimen organizado durante los días previos y posteriores a la elección. Los partidos acusaron además una supuesta “intervención sistemática” de grupos criminales en zonas consideradas estratégicas para la votación.
De acuerdo con las acusaciones, grupos criminales habrían intervenido en diversas regiones de Sinaloa para favorecer electoralmente a Morena y a Rocha Moya. Los partidos opositores señalaron que existieron condiciones de intimidación y violencia que vulneraron los derechos políticos de candidatos y ciudadanos.
CASO ROCHA MOYA - COBERTURA COMPLETA
Aunque la CIDH recibió la documentación y las denuncias, el organismo internacional no emitió una resolución para invalidar la elección ni abrió un procedimiento contra el entonces candidato morenista.
Posteriormente, las autoridades electorales de Sinaloa validaron los resultados y entregaron la constancia de mayoría a Rocha Moya como gobernador electo. Si bien el Tribunal Electoral reconoció diversos incidentes violentos durante la jornada, concluyó que éstos no eran suficientes para anular la elección.
El tema volvió a cobrar fuerza en 2026 luego de que la Fiscalía General de la República retomara investigaciones relacionadas con posibles vínculos entre actores políticos y grupos criminales en el proceso electoral de 2021.
Las nuevas indagatorias resurgen en medio de señalamientos y declaraciones relacionadas con el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, situación que nuevamente colocó bajo escrutinio el proceso electoral que llevó a Rocha Moya al gobierno de Sinaloa.
Contexto.-El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia territorio estadounidense.
La acusación fue presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York e involucra también a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Rocha Moya habría conspirado con integrantes del Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de “Los Chapitos”, a cambio de apoyo político, protección institucional y sobornos.
Según el Departamento de Justicia, los funcionarios señalados habrían facilitado operaciones de tráfico de narcóticos, filtrado información a la organización criminal y garantizado protección desde estructuras gubernamentales y de seguridad pública. Las acusaciones incluyen delitos relacionados con narcotráfico, conspiración criminal, armas y lavado de dinero.
Autoridades estadounidenses también sostienen que Rocha Moya recibió respaldo del grupo criminal durante la elección de 2021 en Sinaloa. La investigación señala que existieron reuniones entre operadores políticos y líderes criminales para asegurar protección al cártel a cambio de apoyo electoral y control territorial.
Tras hacerse pública la acusación, la Fiscalía General de la República confirmó que Estados Unidos solicitó la detención provisional y extradición de los implicados; sin embargo, el gobierno mexicano aseguró que la petición no incluía pruebas suficientes para proceder de inmediato.