La discusión para poner un límite a las llamadas “pensiones doradas” de exservidores públicos avanzará esta semana en la Cámara de Diputados. La iniciativa será analizada este martes en la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, en el recinto legislativo, donde se prevé revisar el alcance de la reforma y sus posibles efectos en el sistema de pensiones del sector público.
La propuesta plantea establecer un tope para las pensiones que reciben exfuncionarios, de modo que ningún pago pueda superar la mitad del salario que percibe la persona titular del Ejecutivo federal. Actualmente, el sueldo de la Presidencia de la República ronda los 134 mil pesos mensuales, por lo que el límite fijado equivaldría a aproximadamente 67 mil pesos al mes.
De acuerdo con el planteamiento, la reforma no afectará los recursos que ya hayan sido entregados a los beneficiarios. Sin embargo, sí aplicará para los pagos subsecuentes una vez que la modificación constitucional entre en vigor, con el objetivo de ajustar los montos de las pensiones a un límite máximo establecido por ley.
Te podría interesar
Los promotores de la iniciativa han señalado que la medida busca evitar percepciones consideradas excesivas dentro del servicio público y establecer criterios de austeridad en las remuneraciones que reciben exfuncionarios tras concluir su encargo. El dictamen deberá ser discutido y votado primero en comisión antes de pasar al pleno de la Cámara de Diputados para su eventual aprobación.
Contexto: en México, las llamadas “pensiones doradas” se refieren a jubilaciones de alto monto que reciben exfuncionarios y exdirectivos de empresas públicas y organismos del Estado. Estos beneficios han sido cuestionados durante años por su costo para las finanzas públicas y por la brecha que representan frente a las pensiones que percibe la mayoría de los trabajadores del país.
En algunos casos documentados, estos pagos mensuales alcanzan cientos de miles de pesos e incluso más de un millón, principalmente en instituciones como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad o la extinta Luz y Fuerza del Centro.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido públicamente la reforma contra las llamadas “pensiones doradas”, argumentando que busca terminar con privilegios en el servicio público y reducir el gasto del Estado en jubilaciones millonarias.
Sheinbaum envió al Senado una iniciativa de reforma constitucional para poner un tope a las jubilaciones de altos mandos del sector público, particularmente de empresas del Estado y organismos gubernamentales.