Karla Escobar ha pasado los últimos cuatro meses visibilizando la violencia vicaria, luego de que fue separada de su hijo de año y medio por una denuncia presentada por su ahora expareja.
En ese periodo, señala en entrevista con La Silla Rota, no sólo se ha tenido que enfrentar a los señalamientos de su entonces pareja, sino también a un sistema judicial que no actúa con perspectiva de género.
En menos de 24 horas, un juez de lo familiar en San José del Cabo, en Baja California Sur, radicó la denuncia presentada por su ahora expareja. Y en cinco días fue desalojada de su casa.
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“Creo que hay muchas leyes en favor de la mujer que se han generado en el último tiempo. Sin embargo, las leyes han quedado mucho en el papel y se aplican poco, porque falta que se instruya a las personas dentro del sistema judicial y el Ministerio Público en relación a la perspectiva de género”, expuso.
Subrayó que el sistema está colapsado lo que ocasiona la dilación de los procesos, que repercute en el bienestar de las niñas y niños.
Expuso que aunque se han aprobado leyes para sancionar la violencia vicaria, no sirve si no se pueden aplicar, por lo que la violencia también se traslada al ámbito institucional.
Karla también señaló que pasó por violencia económica, pues tras quedar embarazada tuvo que dejar de trabajar y su entonces pareja no le permitió volver a laborar después.
Su expareja accedió a darle una cantidad mensual únicamente para gastos de la casa, mediante un contrato con su empresa, y tenía prohibido ahorrarlo.
“Todos los trabajos son remunerados ¿Por qué el trabajo a nivel doméstico no lo puede ser?”, cuestionó.
Aunque no existen cifras oficiales de las mujeres que han sufrido violencia vicaria, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria realizó una encuesta en la que participaron 2 mil 231 mujeres que han atravesado estos casos.
Al respecto, Gabriela Pablos del colectivo Madres Libertarias, dijo que a pesar de los cambios a la ley federal y en los estados, las autoridades siguen siendo omisas y minimizan este tipo de violencia, a pesar de que puede ser la antesala a otros delitos como maltrato infantil y feminicidio.
Lamentó que hasta la fecha no existan cifras oficiales que permitan dimensionar la problemática que existe en el país, y que ese trabajo también lo han asumido las colectivas en contra de la violencia vicaria.
“Las autoridades siguen en este modelo de impartición de justicia tradicional, en el que le apuestan a que las personas que acudimos a los juzgados, pues nos hartemos o nos cansemos o nos quedemos pobres, hasta que se logre lo que ellos piden, que es que seamos amiguitas o amiguitos de nuestros agresores”, apuntó.
Sostuvo que han presentado denuncias contra jueces y magistrados que habrían sido cómplices al abordar estos casos, a fin de que llegue personal capacitado con perspectiva de género, además que existan fiscalías especializadas.