Pachuca.– En lo que va de 2026, al menos 27 familias se han acercado a la asociación civil Ley Sabina Hidalgo para solicitar acompañamiento en casos relacionados con pensión alimenticia y violencia familiar, informó Abigail Díaz, integrante del colectivo.
En entrevista con LSR Hidalgo, la activista señaló que, tan solo de enero a marzo, la organización ha recibido alrededor de 20 nuevos casos de pensión alimenticia, lo que consideró como un incremento en comparación con años anteriores.
Cabe mencionar que, durante 2025, la asociación brindó acompañamiento en aproximadamente 200 casos por pensión alimenticia y en 22 por violencia vicaria.
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Abigail mencionó que para este 2026, se sumaron 20 acompañamientos para mamás que solicitan la pensión alimenticia para sus infancias, así como siete casos de violencia vicaria. La defensora de derechos humanos agregó que el año pasado se resolvieron dos casos de mamás privadas de la convivencia con sus hijas e hijos, por lo que ahora solamente siguen 27 casos de este tipo.
Registro de deudores alimentarios en Hidalgo
El año pasado se aprobó la creación del registro estatal de deudores alimentarios en Hidalgo; sin embargo, hasta el momento aún no se ha implementado el mecanismo por el Registro Familiar hidalguense.
“Existe el registro federal, pero no todos los deudores están dentro. Además, los estados todavía no tienen un modelo claro de cómo alimentarlo o implementarlo correctamente”, señaló y mencionó que el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RENOA) presenta fallas y no todos los casos están integrados.
A pesar de ello, destacó avances en el ámbito judicial, ya que actualmente los jueces pueden ordenar de oficio la inscripción de deudores en el registro cuando se acredita el incumplimiento de más de 90 días en el pago de pensión alimenticia. Antes, este procedimiento debía ser solicitado por las víctimas mediante un proceso adicional.
No obstante, subrayó que aún no existe una plataforma digital accesible que permita consultar públicamente a los deudores, lo que limita la efectividad de la medida.
Las pruebas de pruebas de paternidad son onerosas
Para este año, Ley Sabina trabaja en uno de los obstáculos económicos que enfrentan las madres, que es el costo de las pruebas de paternidad, necesarias en procesos legales de reconocimiento. Según la activista, estos estudios pueden alcanzar hasta los 20 mil pesos, lo que dificulta el acceso a la justicia.
“Lo que buscamos es que estas pruebas sean gratuitas, porque actualmente la madre debe asumir el costo antes de iniciar un juicio por pensión alimenticia”, externó Abigail y dijo estar en busca de patrocinios que permitan a las mamás tener este apoyo.
Violencia vicaria, una problemática en crecimiento
La asociación ha identificado un aumento en situaciones de violencia vicaria, una forma de agresión en la que los hijos son utilizados para dañar a la madre, y también se detectaron deficiencias en las investigaciones de este tipo de agresión.
Díaz señaló que actualmente ella y sus compañeras trabajan con diputados locales en una iniciativa legislativa para atender vacíos jurídicos en esta materia, ya que, afirmó, existen limitaciones legales que impiden avanzar en los procesos.
“Hay casos prácticamente todos los días, en los que las madres no pueden avanzar porque no hay sustento jurídico suficiente”, indicó.
Entre los efectos más visibles de este tipo de violencia, mencionó el rompimiento del vínculo entre madres e hijos, derivado de manipulación psicológica que, en muchos casos, no es detectada por autoridades o especialistas.
sjl