Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, acusado por Estados Unidos de trabajar para una facción de Los Chapitos, contactó con el Departamento de Justicia a través de abogados para convertirse en testigo colaborador en el proceso que se sigue contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha, y varios de sus colaboradores, sin embargo, las autoridades norteamericanas lo rechazaron.
La Silla Rota tuvo conocimiento de que Díaz Vega, empresario de la construcción que pasó al sector público cuando ya gozaba de una fortuna considerable, buscó a un abogado para gestionar un acercamiento con la justicia estadounidense; este lo refirió con un especialista en casos de esa índole quien hizo contacto y llevó a cabo el papeleo necesario, pero no obtuvo la respuesta esperada.
El Departamento de Justicia hizo saber al operador financiero más cercano de Roche Moya, quien controlaba contratos, adjudicaciones y el flujo de miles de millones de pesos del presupuesto estatal, que tenían pleno conocimiento se su papel en el gobierno, las relaciones que forjó con los hijos del Chapo Guzmán y que otras fuentes habían aportado más información de la que él podía entregar.
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Investigaciones judiciales señalan que Díaz operó como recaudador de fondos para la campaña de Rocha y este lo nombró secretario de Administración y Finanzas hasta julio de 2024, cuando decidió retirarlo.
A su salida del cargo, contaba con propiedades millonarias y empresas privadas y otros bienes. Díaz Vega acumuló al menos 42 propiedades valuadas en aproximadamente 131 millones de pesos, muchas de ellas adquiridas al contado.
CASO ROCHA MOYA – COBERTURA COMPLETA
Encuentro con Los Chapitos
Testimonios que se han integrado a las investigaciones dan cuenta de el primer encuentro de Los Chapitos con Díaz fue indirecto y, en principio, desventajoso para el empresario. Prestó dinero a una persona que no cumplió con el compromiso y recurrió a los tribunales para recuperar su dinero; pese a que las autoridades le dieron la razón, la deuda no se cubrió.
En algún momento, emisarios de Los Chapitos contactaron a Díaz para hacerle saber que quien le debía era cercano a ellos, por que lo sería mejor olvidarse del préstamo.
El operador financiero de Rocha prefirió y, a partir de ahí, se trabó una buena relación entre él y la familia de Joaquín Guzmán Loera.
Transferencias millonarias
De acuerdo con las investigaciones difundida fiscales estadounidenses siguen una pista financiera de al menos 240 millones de pesos transferidos entre 2021 y 2023 desde Housesin Desarrollos, empresa vinculada a Díaz Vega, hacia Constructora Chocosa, relacionada con familiares de Rubén Rocha Moya. Las operaciones son investigadas como un posible retorno de recursos derivados de contratos públicos.
Las acusaciones en Estados Unidos sostienen además que Díaz Vega habría ayudado presuntamente a colocar funcionarios para proteger operaciones del Cártel de Sinaloa y facilitar información sobre opositores políticos que posteriormente eran amenazados.
Entre las compañías en las que aparece relacionado destacan Housesin Desarrollos, Olympo Farms, Innova Construcciones del Pacífico, Comercial Digax y Cashforcars, firmas ligadas a negocios inmobiliarios, compra-venta de vehículos y desarrollos privados. Parte de estas sociedades comparten relaciones comerciales con empresarios cercanos al círculo de Rocha Moya y personajes de peso económico en Sinaloa.
La acusación apuntan que mientras Díaz Vega controlaba las finanzas estatales y el flujo de contratos públicos, su red empresarial y patrimonial se expandía aceleradamente mediante adquisiciones de terrenos, locales, viviendas y operaciones inmobiliarias millonarias.
Díaz Vega adquirió al menos 10 nuevas propiedades durante su paso por el gobierno de Sinaloa, de acuerdo con sus propias declaraciones patrimoniales. Entre ellas aparecen terrenos, locales comerciales y viviendas cuyos valores individuales superan en algunos casos los 3 millones de pesos. La mayoría de las operaciones se habrían realizado sin créditos hipotecarios ni financiamiento bancario.
La revisión de sus declaraciones patrimoniales también exhibe que gran parte de sus ingresos no provenían del servicio público. En su último año como funcionario reportó ingresos por 7.8 millones de pesos, pero únicamente alrededor de 300 mil pesos correspondieron a su salario dentro del gobierno estatal. Más de 7.5 millones fueron atribuidos a actividades privadas, principalmente arrendamientos y venta de vehículos.
Además de las propiedades, se revelaron la posesión de vehículos de lujo, cuentas bancarias en Estados Unidos y participación accionaria en distintas empresas inmobiliarias y comerciales.
Entre las unidades reportadas aparecen vehículos de alta gama como Lexus, Land Rover y BMW, además de embarcaciones recreativas. También se documentaron cuentas en instituciones estadounidenses como PNC Bank y fondos de inversión en Alterna Securities.
Hasta ahora, Rocha Moya ha rechazado los señalamientos y ha defendido la honestidad de su administración. El gobierno de Sinaloa incluso ha presumido estar entre las entidades con menos observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Sin embargo, el crecimiento patrimonial de uno de sus funcionarios más cercanos ha colocado nuevamente bajo escrutinio el manejo financiero del sexenio.
jcm