El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 29 de abril de 2026 una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo vinculó con operaciones de narcotráfico asociadas a la facción conocida como “Los Chapitos”. El documento incluyó a otros nueve funcionarios y exservidores públicos por delitos como conspiración para importar fentanilo y posesión de armas.
La acusación señaló que los implicados operaron como una red que facilitó el crecimiento del Cártel de Sinaloa mediante protección institucional. Los fiscales federales Jay Clayton y Terrance C. Cole firmaron el expediente. El caso se radicó en una corte de Nueva York bajo la supervisión de una jueza federal.
Según el expediente, los funcionarios habrían permitido el flujo de drogas hacia Estados Unidos a cambio de recursos económicos. También habrían filtrado información sobre operativos de seguridad y brindado respaldo a integrantes del grupo criminal. Entre los señalados aparecen el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
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El documento también menciona a exfuncionarios de seguridad y procuración de justicia estatal. Entre ellos figuran el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, y el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra. La acusación los ubica como piezas dentro de una estructura de colaboración con el grupo delictivo.
CASO ROCHA MOYA - COBERTURA COMPLETA
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Elección de 2021 y origen político
El expediente ubicó el inicio de esta presunta relación durante el proceso electoral de Sinaloa en 2021. De acuerdo con la investigación, integrantes de “Los Chapitos” intervinieron para favorecer la victoria de Rocha Moya. Las acciones incluyeron intimidación, robo de urnas y privación de la libertad de operadores políticos.
El entonces candidato opositor, Mario Zamora Gastélum, denunció decenas de incidentes durante la jornada electoral. Reportó robo de material y agresiones contra simpatizantes. El Tribunal Electoral local validó la elección y confirmó el triunfo del candidato de Morena.
Rocha Moya obtuvo más del 56 por ciento de los votos. La acusación sostiene que, tras asumir el cargo, designó a perfiles afines en áreas clave de seguridad y administración. Entre los señalamientos figura la participación de funcionarios en la identificación de adversarios políticos.
La investigación también incluyó referencias a estructuras dentro de corporaciones estatales. De acuerdo con la fiscalía, mandos policiales restringieron la actuación de agentes en zonas específicas durante el proceso electoral. Estas acciones habrían permitido la manipulación de resultados.
Rocha Moya y la captura de "El Mayo"
El caso retomó fuerza tras los hechos del 25 de julio de 2024. Ese día, Ismael “El Mayo” Zambada fue privado de la libertad en una propiedad ubicada en las afueras de Culiacán. Posteriormente fue trasladado a territorio estadounidense, donde quedó bajo custodia de autoridades federales.
De acuerdo con versiones difundidas en ese momento, al encuentro acudirían integrantes de “Los Chapitos” y actores políticos locales. El exrector Héctor Melesio Cuén también se encontraba en el lugar. En ese mismo evento, el exfuncionario fue asesinado.
Reportes periodísticos indicaron que el traslado de Zambada se realizó en una aeronave privada hacia una zona cercana a la frontera con Nuevo México. El propio Zambada afirmó después que fue engañado y llevado por la fuerza. Negó haber pactado su entrega con autoridades de Estados Unidos.
En comunicaciones posteriores, el líder criminal mencionó la presencia de elementos de seguridad estatal durante la reunión. Estos señalamientos se integraron a líneas de investigación en Estados Unidos. Fuentes consultadas indicaron que sus declaraciones formaron parte del expediente presentado en 2026.
Reacciones y crisis política
Tras esos hechos, el gobernador negó cualquier vínculo con lo ocurrido. Señaló que no se encontraba en Sinaloa en esa fecha y refirió un viaje personal. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador expresó respaldo público al mandatario estatal.
En agosto de 2024, Morena reunió a gobernadores y dirigentes para cerrar filas en torno a Rocha Moya. Legisladores y cuadros del partido manifestaron apoyo político en actos públicos. La dirigencia nacional rechazó los señalamientos y los calificó como parte de una campaña en su contra.
En los meses siguientes, la violencia en Sinaloa registró un aumento. Reportes oficiales documentaron miles de homicidios y desapariciones. Las disputas internas entre facciones del Cártel de Sinaloa impactaron distintas regiones del estado.
Organizaciones y grupos de abogados presentaron denuncias en México en febrero de 2026. Las querellas solicitaron investigar posibles responsabilidades del gobernador. Estos recursos se sumaron al escenario previo a la acusación estadounidense.
Acusación en 2026 y respuesta oficial
El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia formalizó la acusación en Nueva York. La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Los documentos fueron turnados a la Fiscalía General de la República para su análisis.
El gobierno federal indicó que la solicitud carecía de elementos probatorios suficientes en su presentación inicial. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que cualquier acción dependería de pruebas. También sostuvo que no permitiría decisiones externas sin sustento legal.
Este viernes 1 de mayo, la Fiscalía General de la República informó que no identificó condiciones para ejecutar una detención provisional. Señaló que no existieron datos que justificaran una medida urgente contra el mandatario estatal. Con ello, el proceso de extradición no avanzó en esta etapa.
Postura del gobernador y panorama legal
Rubén Rocha Moya rechazó los señalamientos y descartó solicitar licencia al cargo. Afirmó que continuará al frente del gobierno estatal mientras se desarrollan las investigaciones. También se deslindó de las acusaciones dirigidas contra otros funcionarios.
Especialistas en derecho señalaron que el fuero constitucional representa un obstáculo para cualquier proceso de extradición. Indicaron que se requeriría un pronunciamiento del Congreso local y de la Cámara de Diputados en caso de involucrar a otros cargos federales.
El proceso podría extenderse si se presentan recursos legales como amparos. La Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene la facultad de decidir sobre una eventual entrega. Estados Unidos cuenta con un plazo legal para complementar la información del caso.
Alrededor de las 23:00 horas de este viernes 1 de mayo, el gobernador anuncio que solicitará licencia para separarse del cargo luego de las acusaciones por narcotráfico en su contra hechas por el gobierno de Estados Unidos.
En un vídeo publicado en sus redes sociales, Rocha Moya dijo tener la conciencia tranquila y hará lo necesario para aclarar los señalamientos.
Impacto económico y presión política
Tras la acusación, agencias calificadoras colocaron la deuda de Sinaloa en revisión. Instituciones financieras evaluaron su relación con el gobierno estatal ante el nuevo escenario. El sector empresarial advirtió posibles efectos en el acceso a financiamiento.
En el Congreso, legisladores de oposición solicitaron la comparecencia del gobernador. Exigieron claridad sobre los señalamientos y el avance de las investigaciones. Representantes del oficialismo defendieron el debido proceso y rechazaron las acusaciones.
En Estados Unidos, comités legislativos plantearon ampliar las investigaciones sobre redes de narcotráfico vinculadas a actores políticos. El caso se integró como referencia para futuros procedimientos. La relación bilateral enfrentó tensiones por el alcance de las acusaciones.
Contexto de seguridad y seguimiento
Instancias de seguridad mantuvieron vigilancia sobre el entorno político de Sinaloa desde 2024, de acuerdo con reportes oficiales. Las alertas incluyeron posibles vínculos entre estructuras institucionales y grupos delictivos. El proceso en Nueva York reactivó el debate sobre financiamiento ilícito en campañas.
El expediente también incorporó casos como el del comandante Juan Valenzuela Millán. Autoridades estadounidenses lo vincularon con secuestros y homicidios relacionados con informantes. La fiscalía sostuvo que estas acciones formaron parte de una estructura de protección criminal.
Con la decisión de la FGR del 1 de mayo de 2026, el gobernador permanece en funciones. El caso continúa abierto en Estados Unidos y sujeto a la evolución de pruebas y procedimientos legales en ambos países.
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