El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación formal y solicitud de detención y extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. Minutos después de conocerse las imputaciones, el Rocha Moya rechazó "categórica y absolutamente las imputaciones formuladas" y aseguró que es un ataque a la denominada cuarta transformación.
"Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de drogas a Estados Unidos", se lee en el anuncio.
CASO RUBÉN ROCHA MOYA - COBERTURA COMPLETA
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El fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, presentaron la acusación formal contra:
- RUBÉN ROCHA MOYA, gobernador de Sinaloa
- ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ, senador de Morena, exsecretario de Gobierno de Sinaloa, y expresidente del Poder Judicial de la entidad
- ENRIQUE DÍAZ VEGA, secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa
- DÁMASO CASTRO ZAAVEDRA, vicefiscal de Sinaloa
- MARCO ANTONIO ALMANZA AVILÉS, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa
- ALBERTO JORGE CONTRERAS NÚÑEZ, alias “Cholo”, excomisario general de la Policía de Investigación
- GERARDO MÉRIDA SÁNCHEZ, exsecretario de Seguridad Pública
- JOSÉ ANTONIO DIONISIO HIPÓLITO, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa
- JUAN DE DIOS GÁMEZ MENDÍVIL, actual alcalde de Culiacán
- JUAN VALENZUELA MILLÁN, alias “Juanito”, por delitos de narcotráfico y armas, comandante de la Policía Municipal.
Además, Millán enfrenta cargos adicionales relacionados con su participación en secuestros de una fuente de la DEA y un familiar de dicha fuente, que resultaron en sus muertes.
El caso fue asignado a la jueza Katherine Polk Failla.
El administrador de la DEA afirmó que el cártel depende de la corrupción y el soborno para operar, y que los acusados habrían utilizado sus cargos para proteger sus actividades, permitiendo el flujo de drogas letales hacia Estados Unidos.
Los acusados, según la fiscalía, desempeñaron roles clave:
- Proteger a líderes del cartel de arrestos
- Filtrar información de operativos
- Ordenar a fuerzas policiales la protección de cargamentos de droga
- Permitir violencia sin consecuencias
A cambio, habrían recibido millones de dólares.
La acusación señala que los implicados estaban alineados con la facción conocida como “Los Chapitos”, hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
"Los Chapitos" ayudaron a Rocha a ganar elección
La acusación señala que Rocha Moya recibió apoyo de este grupo para ganar la elección mediante intimidación y secuestros. A cambio, habría prometido protección al cártel de Sinaloa.
Otros funcionarios habrían recibido pagos mensuales a cambio de protección e información.
También se acusa a algunos de participar directamente en secuestros y asesinatos, incluyendo el caso de una fuente de la DEA en 2023.
Contexto: el periodista Salvador García Soto, en su columna Serpientes y Escaleras del periódico El Universal publicada el lunes 12 de agosto de 2024, publicó que en agosto de 2021 entrevistó al entonces gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien le preguntó que cómo veía la transición con Quirino Ordaz, el gobernador saliente.
"A toda madre, el Quirino se ha portado a la altura y ya estamos avanzados en la entrega-recepción”, le respondió al periodista
“¿Y cómo se gobierna un estado con un cártel tan poderoso?”, le solté, reseñó García Soto. “Pues, mira Salvador, no nos hagamos pendejos. Aquí todo mundo sabe cómo está la cosa. Yo fui y hablé con ellos, los conozco porque soy de Badiraguato. Y yo fui a pedirles su apoyo. Quien te diga que quiere gobernar Sinaloa y no tiene el visto bueno de ellos, te miente. Así es la cosa aquí, para qué nos hacemos pendejos”, me contestó el gobernador electo en un ataque de sinceridad.
Antes, en una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, Rubén Rocha Moya, cuando era candidato a gobernador, a pregunta expresa de si hay que coordinarse con el narco, Rocha Moya respondió:
“Hay que buscar una forma de hacerlo”
Y dijo que los gobiernos en general niegan cualquier acercamiento o plática con los delincuentes; sin embargo, hay una cosa, los contactos se hacen de personeros del gobierno con el narcotráfico, con delincuentes.
“En ese sentido de coordinarse hay que diseñar una política de estado, que no sean los personeros del gobierno sino que sea una política de estado que se respete y que se refleje en las leyes como se refleja en Estados Unidos en las leyes”.
FGR: se procede si hay elementos
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que iniciará investigación por la acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa; sin embargo, adelantó que los señalamientos del Departamento de Justicia no presentan pruebas.
Indicó que será la fiscalía la instancia que evalúe la viabilidad de las solicitudes conforme a la ley mexicana.
La Fiscalía General de la República informó que en este caso deben cumplirse todos y cada uno de los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente en la materia.
En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que "recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición que serán turnadas a la FGR. En los documentos no se anexan pruebas".
La embajada de Estados Unidos en México, a su vez, respaldó la acusación presentada en Nueva York
Rocha e Inzunza se defienden
El gobernador de Sinaloa dijo en sus redes sociales: "rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.
"Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la cuarta transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa. Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable. A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia", dijo.
Posteriormente, indicó a N+ que tiene el apoyo de la presidenta Sheinbaum y se enteró por el comunicado del gobierno de Estados Unidos.
"Sí, claro", respondió a preguntas de los periodistas sobre si la mandataria le apoya tras las acusaciones de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, al tiempo que informó que habló con ella sobre el tema después de que se hiciera público.
En su primera declaración pública desde que estallaron estas acusaciones, Rocha se declaró "tranquilo" y dijo estar "trabajando" por Sinaloa, por lo que, añadió, "no pasará nada"
“Sigo desempeñando mi cargo de gobernador; no tenía conocimiento del retiro de mi visa, oficialmente no he recibido ninguna notificación. Hago un llamado a seguir trabajando por Sinaloa”.
Tras las acusaciones, el senador Enrique Inzunza dijo que rechaza las acusaciones por falsas y dolosas y catalogó las acusaciones como un ataque a la llamada cuarta transformación.
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Amparos y fuero pueden frenar extradición
La solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa y del senador es viable, pero el proceso sería tardado por el fuero que ambos poseen y la posibilidad de recurrir a amparos, coincidieron especialistas.
En el proceso, la solicitud fue entregada a la Secretaría de Relaciones Exteriores y será la dependencia encabezada por el canciller Roberto Velasco quien tenga la última palabra para decidir si entrega o no a ambos personajes políticos al gobierno estadounidense.
En el caso del mandatario de Sinaloa, el fuero es local, por lo cual el Congreso estatal debe pronunciarse. En el caso de Inzunza, tiene federal y sería la Cámara de Diputados la que tendría que decidir su futuro. Ambos tendrían que ser desaforados por congresos que están en manos de la mayoría morenista a la que pertenecen.
Pero si eso llegara a ocurrir, contarían con la posibilidad de solicitar amparo, y si el caso escala, hasta recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Una salida distinta sería la política, que el gobierno de México decidiera entregarlos, agobiado por la presión política de la administración de Donald Trump, que podría apretarle las tuercas con el Tratado de Comercio, dijeron a La Silla Rota los expertos en derecho internacional, la académica de la universidad Iberoamericana, internacional, Virdzhiniya Petrova y el abogado Jesús Coronado, socio de JMJ Partners & Lawyers.
Sin embargo, para el politólogo Carlos Matienzo, no se requieren pruebas para la detención provisional según el Tratado de Extradición de México y Estados Unidos.
“Hay un periodo de 60 días para presentar las pruebas una vez detenidas las personas”, escribió en sus redes sociales.
Respalda Morena a gobernador
Morena respaldó la actuación del gobierno de México frente a las solicitudes de extradición realizadas por Estados Unidos.
El Comité Ejecutivo Nacional señaló que el proceso debe apegarse a derecho y seguir el cauce legal en que la Fiscalía General de la República es la única instancia facultada para determinar si existen elementos suficientes para la extradición.
En la oposición, el Partido Acción Nacional (PAN) advirtió en un comunicado que estamos frente a una crisis de Estado que exige respuestas firmes y acciones inmediatas. Por ello, consideró evaluar en el Senado la desaparición de poderes en la entidad como medida prevista en la Constitución para situaciones extraordinarias.
En tanto, el senador panista Ricardo Anaya, en tribuna en el Senado exigió la presencia del gobernador Rocha Moya, “queremos que haya claridad”.
También Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, pidió al gobierno federal se deslinde de Rubén Rocha Moya y permita que sea investigado. “Rocha no debe seguir siendo gobernador”, advirtió.
Acusación de EU se fraguó tras secuestro y entrega del “Mayo” Zambada
La acusación del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presunta colaboración con el narcotráfico comenzó a fraguarse el 25 de julio de 2024 cuando en una finca a las afueras de Culiacán fue secuestro Ismael “El Mayo” Zambada por Joaquín Guzmán López, hijo de su compadre Joaquín “El Chapo” Guzmán.
A esa reunión acudirían “El Mayo” Zambada, Archivaldo Guzmán y Joaquín Guzmán López; además del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén. “El Mayo” afirmó en dos cartas difundidas por su abogado que a dicha reunión acudió el también gobernador Rubén Rocha Moya, y que dicho cónclave era para dirimir diferencias sobre la conducción de la universidad.
No obstante, en la reunión Zambada fue emboscado y secuestrado. Posteriormente subido a una avioneta y se le traslado al poblado de Santa Teresa, Nuevo México, muy cerca de la frontera con Chihuahua, donde se le entregó a las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En esa misma reunión, de acuerdo con "El Mayo", asesinaron a Melesio Cuén.
El periódico The New York Times y el portal CrashOut informaron en 2024 que los capos (“El Mayo” y Joaquín Guzmán López) fueron transportados en un Beechcraft King Air turbohélice. Incluso, una fuente del Cártel de Sinaloa afirmó a CrashOut que había agentes estadounidenses en la casa de Culiacán cuando Zambada fue secuestrado.
La carta del “Mayo” Zambada
La primera carta, fechada el 10 de agosto de 2024, negó que se hubiera entregado de manera voluntaria.
“El Mayo" Zambada negó haber cooperado con las autoridades estadounidenses y aseguró que fue secuestrado en Culiacán.
El capo narró que fue engañado y llevado a una habitación oscura, donde fue emboscado, golpeado y trasladado en un avión privado. En su carta, enfatizó que su llegada a Estados Unidos fue forzada y que la versión de su entrega voluntaria es "completa e inequívocamente falsa".
Zambada dijo que en esa reunión acompañaron a Rocha elementos de la fuerza de seguridad del estado y de la Fiscalía estatal; en la acusación que se dio a conocer este 29 de abril de 2026, se señala a Damaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisario general de policía de investigación; Gerardo Mérida- Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipolito, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa; y Juan Valenzuela Millán, comandante de la policía municipal de Culiacán.
Una fuente con conocimiento de la política de Sinaloa, consulta por La Silla Rota y bajo reserva de anonimato, señaló que la acusación de Estados Unidos contra Rocha Moya tiene su origen en las declaraciones del “Mayo” Zambada, quien aceptó cooperar con la justicia de ese país, a cambio de no ser sentenciado a muerte.