La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los casos de desapariciones en México sean crímenes de lesa humanidad, en respuesta al Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
"Ellos utilizan datos de 2009 a 2017 en cuatro estados para extrapolar conclusiones hasta 2025, sin considerar los cambios recientes ni las acciones emprendidas", dijo la mandataria esta mañana.
Durante su conferencia de prensa, conocida como "La Mañanera del Pueblo", Sheinbaum Pardo reiteró lo que considera, son "debilidades" metodológicas del informe, aunque reconoció la gravedad de las desapariciones.
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Ayer, en medio del debate generado por el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de personas desaparecidas en México, el jurista ecuatoriano Juan Pablo Albán, integrante y presidente de dicho órgano, emitió un posicionamiento para aclarar el alcance del mecanismo internacional y responder a cuestionamientos sobre el documento.
El especialista, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, explicó que los llamados “órganos de tratado” —como el Comité contra la Desaparición Forzada— forman parte del sistema de supervisión de la ONU y fueron creados por acuerdos internacionales adoptados por los propios Estados miembros. Su función, dijo, es vigilar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los países en materia de derechos humanos.
Albán también subrayó que los integrantes de estos mecanismos son elegidos por los Estados parte de las convenciones internacionales, por lo que, aunque actúan con independencia, no operan al margen del sistema multilateral. “Somos mecanismos creados por tratados adoptados en el seno de la ONU y nuestra función es supervisar su cumplimiento”, puntualizó.
El experto defendió además la decisión adoptada por el comité en el marco de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que permite activar el procedimiento previsto en su artículo 34 cuando existen indicios bien fundados de desapariciones de carácter generalizado o sistemático.
En ese caso, explicó, el comité puede llevar la situación a la consideración de la Asamblea General de la ONU por conducto del secretario general.
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De acuerdo con Albán, la resolución publicada recientemente no constituye un informe dirigido a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sino una comunicación dirigida al máximo órgano deliberativo del organismo internacional.
El análisis del comité, añadió, no se limita a un periodo específico. Según el experto, el órgano ha examinado la evolución de la situación en México desde 2012, a partir del diálogo sostenido con el Estado mexicano.
Entre los elementos señalados destaca que, hasta el 19 de febrero de 2026, se contabilizaban más de 132 mil personas desaparecidas registradas oficialmente, cifra que continúa en aumento, lo que —indicó— refleja la magnitud del fenómeno a nivel nacional. También mencionó estimaciones oficiales que hablan de alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar a inicios de 2026.
El posicionamiento del presidente del comité se produce luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazara el informe presentado por el organismo internacional al considerar que contiene fallas metodológicas y no incorpora información reciente sobre las acciones emprendidas por su administración.
La respuesta del gobierno de México al informe de la ONU
Contexto: durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que el análisis se basó en casos de cuatro estados del país entre 2009 y 2017, cuyos resultados —afirmó— fueron extrapolados hasta 2025. A su juicio, esa metodología limita la validez de las conclusiones.
Sheinbaum también señaló que dependencias como la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores enviaron información actualizada al comité sobre reformas legales, fortalecimiento institucional y trabajo con colectivos de familiares de personas desaparecidas, elementos que —según dijo— no fueron considerados en el documento.
La mandataria insistió en que el delito de desaparición en México está relacionado principalmente con la delincuencia organizada y rechazó que el Estado utilice la desaparición forzada como mecanismo de control o represión.
Asimismo, afirmó que su gobierno mantiene comunicación con el sistema de derechos humanos de la ONU y buscará reforzar la relación con la oficina del Alto Comisionado para exponer las razones del desacuerdo.
En su mensaje, Albán subrayó que las diferencias entre el comité y los Estados pueden formar parte del diálogo internacional previsto por las convenciones de derechos humanos, pero advirtió que es importante preservar el respeto institucional hacia los órganos de supervisión.
El objetivo común, concluyó, debe ser fortalecer la prevención de las desapariciones, avanzar en la búsqueda de las personas desaparecidas, investigar los casos y erradicar este fenómeno en beneficio de las víctimas y sus familias.
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