El Gobierno de la Ciudad de México respaldó el posicionamiento de la administración federal encabezada por Claudia Sheinbaum frente al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y cuestionó la metodología y conclusiones del reporte internacional sobre la situación de las desapariciones en el país.
En un pronunciamiento fechado el 5 de abril, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sostuvo que el informe del comité de la Organización de las Naciones Unidas se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, por lo que —afirmó— extrapola ese periodo a la realidad actual de México sin reconocer los cambios en la política pública en materia de seguridad y atención a personas desaparecidas.
El gobierno capitalino consideró grave que en el documento no se haya incluido evidencia presentada por el Estado mexicano y señaló que los resultados del informe “son cuestionables”, pues —asegura— el comité no valoró adecuadamente las medidas adoptadas para enfrentar el fenómeno.
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También señaló que el reporte no distingue con claridad entre desapariciones forzadas cometidas por el Estado y aquellas perpetradas por civiles u organizaciones criminales.
En el posicionamiento, la administración de la capital sostuvo que en la actualidad el gobierno federal no reprime ni desaparece personas, y afirmó que se impulsa una política pública integral para atender la problemática y erradicar las violaciones a derechos humanos.
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El documento también hace referencia al contexto histórico de las desapariciones en el país, al señalar que durante gobiernos del antiguo régimen se registró una represión sistemática contra la población, con miles de casos de desaparición forzada atribuidos al Estado. Asimismo, menciona la llamada “guerra contra el narcotráfico” declarada por el expresidente Felipe Calderón como un factor relacionado con el aumento de las desapariciones en años posteriores.
El gobierno capitalino destacó además diversas acciones impulsadas durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como la creación de comisiones de búsqueda en los estados, la construcción del Centro Nacional de Identificación Humana y el incremento del presupuesto destinado a la localización de personas desaparecidas, así como la publicación de información sobre personas no localizadas.
En el caso de la Ciudad de México, la administración de Clara Brugada señaló que la atención a víctimas es una prioridad y afirmó que se instaló un gabinete permanente para atender la problemática. También destacó la creación de un Centro de Atención Integral para acompañar a las familias desde distintas instituciones, como la fiscalía local, la Secretaría de Seguridad y la Comisión de Búsqueda.
El gobierno capitalino informó además sobre la creación de un Centro de Resguardo Temporal para personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, con el objetivo de garantizar procesos de identificación y entrega digna a sus familiares.
En su posicionamiento, la administración local reiteró su respaldo a la postura del gobierno federal frente al informe del comité de la ONU y rechazó lo que calificó como narrativas sobre una supuesta colusión entre el crimen organizado y el Estado mexicano. También criticó el uso político del informe para, dijo, promover agendas que vulneren la soberanía del país.
Finalmente, el gobierno capitalino expresó su solidaridad con las familias de personas desaparecidas y aseguró que continuará trabajando, junto con organizaciones civiles y colectivos de búsqueda, en la construcción de políticas públicas “cada vez más integrales, humanas y eficaces” para atender la crisis de desapariciones.
Contexto: el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó un procedimiento extraordinario para analizar la situación de las desapariciones en México y pidió al secretario general del organismo llevar el caso ante la Asamblea General, al considerar que existen indicios de que este delito podría cometerse de manera generalizada o sistemática en el país.
La decisión se tomó tras revisar información de organismos civiles, víctimas y reportes previos sobre la crisis de personas desaparecidas.
De acuerdo con el comité, México concentra más acciones urgentes por desaparición forzada que cualquier otro país, además de registrar un aumento en los casos y fallas estructurales en la búsqueda, investigación y atención a las víctimas.
El organismo también advirtió que algunas desapariciones podrían involucrar participación directa de funcionarios públicos o la aquiescencia de autoridades, lo que podría configurar responsabilidades internacionales del Estado.
Ante estos señalamientos, el Gobierno de México, a través de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob), rechazó el informe al considerar que presenta conclusiones “tendenciosas” y carentes de rigor jurídico, además de omitir información actualizada y los avances institucionales implementados en los últimos años para combatir este delito.
Las autoridades mexicanas sostienen que muchas desapariciones están vinculadas a organizaciones criminales y no necesariamente a agentes del Estado, por lo que argumentan que el mecanismo internacional activado por la ONU —previsto para contextos de desapariciones sistemáticas cometidas por autoridades— no corresponde a la realidad actual del país.
djh