El Instituto Nacional Electoral (INE) adjudicó un contrato con un costo de 227 millones de pesos para la remodelación de su sistema de videovigilancia en 40 de sus sedes, información que había reservado por un periodo de cinco años argumentando que podría vulnerar su seguridad.
El contrato obtenido por La Silla Rota, mediante un recurso de revisión de transparencia, señala que la empresa a cargo del servicio del Centro Estratégico de Seguridad Integral es AMPS para la Integración y Articulación SAPI de CV.
Además, como una excepción, para este contrato se realizó una adjudicación directa en lugar de una licitación pública, es decir, se abre una convocatoria para evaluar distintas ofertas.
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En años anteriores, la Dirección Ejecutiva de Administración estableció que el monto máximo para realizar adjudicaciones directas era de alrededor de un millón de pesos.
El gasto destinado al sistema de cámaras y vigilancia es casi equivalente al presupuesto asignado para la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para este año, que es de 230 millones 970 mil pesos. Esta área es la encargada del proceso de registro de nuevos partidos políticos, entre otras tareas.
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En enero de este año, el INE comenzó con la instalación de nuevas cámaras de seguridad, torniquetes, ponchallantas y sistemas electrónicos de identificación en sus oficinas centrales.
Las cámaras fueron colocadas en áreas comunes y pasillos, y de acuerdo con autoridades del Instituto no se colocaron en oficinas o zonas privadas. Sin embargo, sí aumentaron el número de cámaras en la sala de prensa de la sede de Tlalpan.
Las cámaras fueron fabricadas por la empresa Verkada, que en su sitio web tienen un precio de 3 mil 398 dólares (57 mil 168 pesos) a los 3 mil 698 dólares (64 mil 268 pesos), incluyendo hardware y licencia de 10 años.
También cuentan con una función para grabar audio mediante un interruptor de silenciamiento físico y digital, aunque funcionarios del órgano electoral aseguraron que esta función está deshabilitada en los equipos.
La reserva del contrato
La Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE reservó el contrato y su anexo técnico argumentando que se trataba de información de seguridad nacional que pone en riesgo la vida e integridad de las personas que laboran en las instalaciones.
Además, la unidad consideró que debía clasificarse el nombre del proveedor ante la posibilidad de que, por medio de ese dato, se pudiera llegar al personal de la empresa que colaboró en la instalación de los equipos y pudiera proporcionar datos sensibles.
En respuesta al recurso de revisión interpuesto por este medio, el Órgano Interno de Control (OIC) desestimó este argumento señalando que no hay pruebas o antecedentes que sostengan esta preocupación.
Por otra parte, sí confirmó la clasificación del anexo técnico, ya que contiene información detallada que podría propiciar un sabotaje en perjuicio del INE.
“Si cayera en manos de personas expertas o con más o menos altos grados de conocimiento en informática e infraestructuras tecnológicas, podría posibilitar su destrucción, inhabilitación o sabotaje”, alertó.
Servicio de videovigilancia
El servicio consta de más de 300 cámaras de seguridad instaladas en las 32 juntas locales y ocho oficinas centrales: Tlalpan, Tláhuac, Corum, Zafiro, Insurgentes, Quantum, Moneda y el Centro de Cómputo y Resguardo Documental.
El sistema de videovigilancia del INE no había sido renovado en 18 años, por lo que los equipos dejaron de funcionar de manera óptima.
El Instituto argumentó que el despliegue de personal de seguridad en las instalaciones, sin un equipo interconectado, no permitía un monitoreo global, incluyendo a las oficinas en los estados.
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