La política migratoria endurecida del gobierno de Donald Trump ha tenido un impacto directo en la niñez migrante mexicana. Desde el inicio de su administración han sido deportados 8 mil 444 menores de edad mexicanos, y la mayoría de ellos regresaron al país sin la compañía de sus padres o tutores.
De acuerdo con estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, entre enero de 2025 y enero de 2026 se registró la deportación de 5 mil 798 niñas, niños y adolescentes no acompañados, lo que representa 68% del total en ese periodo. La proporción contrasta con el último año de la administración de Joe Biden, cuando 40.6% de los menores deportados viajaban solos.
Especialistas independientes en derechos humanos designados por la Organización de las Naciones Unidas han expresado preocupación por posibles violaciones a los derechos de la infancia durante los procesos migratorios en Estados Unidos.
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Entre los señalamientos destaca que, desde el 18 de febrero de 2025, el Departamento del Interior estadounidense ordenó suspender actividades a organizaciones sin fines de lucro que brindaban servicios legales a menores migrantes, lo que dejó sin financiamiento a abogados que representaban a niños y adolescentes no acompañados.
A ello se suman testimonios que apuntan a presiones hacia menores para aceptar un pago de 2 mil 500 dólares a cambio de deportarse voluntariamente. Según estos relatos, los jóvenes son advertidos de que, si rechazan la oferta, podrían enfrentar detenciones prolongadas y, al alcanzar la mayoría de edad, quedar bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).
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Organizaciones sociales también han denunciado condiciones precarias en centros de detención. Entre las quejas se encuentran el confinamiento de menores en celdas sin ventanas, la falta de atención médica adecuada y la separación de sus padres por periodos prolongados.
Los datos oficiales indican que durante 2025 y enero de 2026 sólo 69 menores mexicanos fueron repatriados vía aérea al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). En contraste, 540 fueron trasladados al aeropuerto de Tabasco y 562 al aeropuerto de Tapachula, en Chiapas.
La mayoría de los retornos, sin embargo, se realizó por tierra. En total, 7 mil 293 niñas, niños y adolescentes fueron repatriados a través de 13 puntos fronterizos ubicados en Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California.
En paralelo, desde los primeros meses del actual gobierno estadounidense se reabrió el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, ubicado en Dilley, instalación que había sido cerrada durante la administración de Biden. Organizaciones humanitarias como RAICES han documentado testimonios de migrantes detenidos tras redadas y trasladados a ese lugar.
Según reportes difundidos por la organización en febrero pasado, en el centro se han registrado problemas que van desde brotes de sarampión y escasez de agua y alimentos hasta falta de atención médica para las familias migrantes bajo custodia.
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