El Gobierno de México recurrirá a la figura del amicus curiae para intervenir en casos de connacionales fallecidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida forma parte de una estrategia jurídica y diplomática para denunciar presuntas violaciones a derechos humanos ante instancias internacionales.
Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que participará como amicus curiae en la demanda L.T. Mesrobian, presentada el 26 de enero de 2026 por la organización Public Counsel.
El caso está relacionado con la muerte de un mexicano ocurrida el pasado 25 de marzo en el Centro de Detención de Adelanto, donde ya se han registrado al menos otros dos fallecimientos. Según la demanda, en ese centro existirían condiciones deficientes, entre ellas:
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- Falta de atención médica adecuada.
- Aislamiento punitivo.
- Condiciones insalubres.
- Acceso limitado a aire libre, agua y alimentación adecuada.
La directora de Protección Consular, Vanessa Calva Ruiz, junto con cónsules y abogados, anunció esta estrategia en el Consulado General de México en Los Ángeles.
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¿Qué es el amicus curiae?
El término amicus curiae —que significa “amigo de la Corte”— es una figura del derecho internacional definida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un escrito presentado por terceros ajenos a un caso, quienes aportan argumentos, información técnica o análisis especializado para ayudar al tribunal a tomar una decisión.
En este contexto, México no actúa como parte directa en el litigio, sino como un actor que proporciona elementos jurídicos relevantes para fortalecer la protección de los derechos humanos de los migrantes.
Estrategia diplomática: presión internacional y apoyo legal
Cabe recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum informó recientemente sobre una nueva muerte de un mexicano en Estados Unidos, lo que refuerza la decisión de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El objetivo es visibilizar las condiciones en las que se encuentran los migrantes detenidos por autoridades estadounidenses y exigir una revisión internacional de estos casos.
Además de la presentación del amicus curiae, el gobierno mexicano ha desplegado una serie de acciones diplomáticas y consulares:
- Envío de 14 comunicaciones diplomáticas a Washington (12 ya respondidas).
- Reuniones con familiares de víctimas y organizaciones defensoras de migrantes.
- Seguimiento a denuncias penales y demandas civiles.
A su vez, el canciller Juan Ramón de la Fuente informó que, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, se han intensificado los operativos migratorios.
De acuerdo con Roberto Velasco Álvarez, entre 2025 y 2026 han fallecido 14 mexicanos bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios, una situación que calificó como “absolutamente dolorosa e inaceptable para el gobierno de México”.
Las víctimas, de entre 19 y 69 años, murieron por diversas causas: seis por complicaciones médicas, cuatro por presunto suicidio, dos durante operativos y una por un tiroteo en Dallas. Las investigaciones continúan.
En cifras oficiales:
- 177,192 migrantes han sido detenidos por el ICE.
- 13,722 personas permanecen bajo custodia.
- 192,500 migrantes han sido repatriados.
- Se han brindado 20,908 asesorías legales y hay 5,285 casos activos.
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¿Para qué sirve el amicus curiae en casos de derechos humanos?
El uso de esta herramienta legal tiene varios objetivos clave:
- Aportar argumentos técnicos y jurídicos especializados.
- Fortalecer la transparencia y el análisis judicial.
- Promover la participación de actores externos en procesos relevantes.
- Contribuir a la defensa de derechos humanos en tribunales internacionales.
Además, el contenido de un amicus curiae no se limita a cuestiones legales, ya que puede incluir opiniones de expertos en salud, derechos humanos o políticas públicas.
Importancia del amicus curiae en la defensa de migrantes
El uso del amicus curiae representa una herramienta clave para que México incida en procesos judiciales internacionales sin ser parte directa, reforzando la defensa de los derechos humanos de sus ciudadanos en el extranjero.
En un contexto de creciente presión migratoria y denuncias por condiciones en centros de detención, esta figura legal permite sumar argumentos técnicos y visibilizar problemáticas estructurales ante tribunales y organismos internacionales.
AJA