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Impugnan designación en INE; acusan irregularidades en nombramiento de fiscalización

Consejeros solicitan al Tribunal Electoral que analice el caso y revoque la designación realizada por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala. Sostienen que el procedimiento vulnera disposiciones constitucionales y legales en materia electoral

Créditos: Cuartoscuro / Ilustrativa
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Consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron una demanda de juicio general ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar la designación de Mario Alberto Alejo García como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.

El recurso fue promovido por los consejeros José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan y Arturo Castillo Loza, quienes argumentan que el nombramiento, realizado el pasado 22 de abril mediante el oficio INE/PC/194/2026, es contrario a derecho al no cumplir con los requisitos legales establecidos para el cargo.

En el documento, los promoventes solicitan al Tribunal Electoral que analice el caso y revoque la designación realizada por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala. Sostienen que el procedimiento vulnera disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, particularmente las relacionadas con la integración de áreas técnicas clave dentro del instituto.

La impugnación se presentó bajo la figura de “demanda de juicio general”, mecanismo mediante el cual el Tribunal puede revisar actos administrativos cuando se presumen violaciones a la legalidad electoral.

El caso abre un nuevo frente de tensión al interior del órgano electoral, al poner en entredicho uno de los nombramientos estratégicos para la fiscalización de recursos en procesos electorales.

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Contexto.- La designación de Mario Alberto Alejo García forma parte de un reacomodo más amplio dentro de la estructura operativa del INE, en el que se han ajustado perfiles en áreas técnicas y administrativas consideradas neurálgicas rumbo a los próximos procesos electorales.

Las críticas no solo se centran en el cumplimiento de requisitos legales, sino en el fondo político del cambio, en quién controla la fiscalización, cómo se toman las decisiones internas y qué tan colegiado sigue siendo el funcionamiento del organismo. 

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