Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecen que la entrega de ciudadanos mexicanos a Estados Unidos es una decisión que depende del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y que las autoridades mexicanas no deben valorar las pruebas para demostrar que se cometió un delito como si fuera un proceso penal local, sino únicamente verificar que sean idóneas para sustentar la acusación en el extranjero.
De acuerdo con el estudio sistematizado por el Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN en su obra "Cuadernos de jurisprudencia: extradición" del 2023, el máximo tribunal establece que la Constitución mexicana no contiene ninguna garantía que impida la entrega de nacionales a un Estado extranjero.
Esta determinación se apoya en el artículo 9.1 del Tratado de Extradición entre ambos países, que otorga al Ejecutivo la potestad de decidir la entrega "a su entera discreción" si sus leyes no se lo impiden.
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Discrecionalidad, no arbitrariedad
La Corte aclara que esta facultad discrecional no implica un poder absoluto o arbitrario. Para que la SRE conceda la extradición de un mexicano no sentenciado, el país que requiere (Estados Unidos en el caso de la acusación contra Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa) debe cumplir con requisitos rigurosos:
- Presentar una copia de la orden de aprehensión librada por una autoridad judicial extranjera.
- Aportar pruebas que, conforme a las leyes mexicanas, justificarían el enjuiciamiento del reclamado si el delito se hubiera cometido en territorio nacional.
- Explicar debidamente qué leyes aplican para el acuerdo de entrega, respetando las formalidades del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.
El criterio judicial subraya que la extradición tiene como fin que el sujeto sea juzgado bajo el derecho interno del Estado solicitante, por lo que las autoridades mexicanas no deben valorar las pruebas para acreditar plenamente el cuerpo del delito como si fuera un proceso penal local, sino únicamente verificar su idoneidad para sustentar la acusación en el extranjero.
El vacío legal: mexicanos con fuero
Sin embargo, en los "Cuadernos de jurisprudencia: extradición" del Centro de Estudios Constitucionales se establece que no hay precedentes específicos sobre la entrega de mexicanos que gozan de fuero constitucional.
A pesar de la vasta línea jurisprudencial que abarca desde la extradición de nacionales hasta delitos de terrorismo y penas inusitadas, los criterios de la Corte analizados hasta julio de 2023 no registran casos o reglas claras sobre cómo debe proceder el Estado mexicano si se solicita la extradición de un servidor público con inmunidad procesal activa.
Requisitos para orden de detención
El juez en retiro Gerardo Alarcón, especializado en justicia penal, quien tuvo a su cargo juicios de extradición, explicó que pese a que tanto el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como el senador Enrique Inzunza, tienen fuero, se les puede entregar una orden provisional de detención.
Esto es así porque el tratado de extradición de México-Estados Unidos no exige un desafuero, ni exige los requisitos a seguir en un proceso, entonces es importante que para pedir la orden de detención el sujeto debe tener librada orden de aprehensión en Estados Unidos.
Esa orden se manifestó, aunque Alarcón ignora si se agregó, y sería suficiente para emitir la orden provisional. La ley de extradición y el tratado no indican que se exija como requisito de procedibilidad como el desafuero.
Con fuero o sin fuero, ni la ley ni el tratado distinguen, ni el juez de control ni fiscalía pueden hacer distinciones, dijo Alarcón.
Tensión en la relación México-Estados Unidos
La solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, marca más claramente que sí hay un cambio en la relación entre México y Estados Unidos. Mientras que entre los gobiernos de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador se caracterizaba por los resultados inmediatos en que se capturaba a un capo y ya, ahora es diferente, dijo a La Silla Rota la internacionalista Daniela Reyes.
Ahora se exige detectar a las redes criminales y es donde más le pega al gobierno mexicano. No es captura a un gobernador, hazle juicio sino es hacer la investigación, atacar a gobernadores y quitarles las visas; eso ya es una estrategia diferente, explicó.
Lo que queda es saber cómo actuará México. Una cosa es ver si opone resistencia, como dijo la presidenta Sheinbaum. Lo que sí se puede avizorar es que, si opta por defender a Rocha Moya, temas como la negociación del TMEC, la migración, comercio y energía sí serán afectados.
Si en cambio se entiende la red criminal, si existe cooperación, la soberanía existirá, pero con la capacidad de trabajar conjuntamente en materia estratégica.
El internacionalista Fausto Pretelin estimó que las denuncias contra Rubén Rocha y otras nueve personas que pasaron por su gobierno por presuntos vínculos con el crimen organizado ponen a prueba la relación bilateral entre México y Estados Unidos y, de no atenderse conforme a derecho, pueden detonar una crisis diplomática.
Si México se niega a coadyuvar con las investigaciones y expuso que sería la primera ocasión en que nuestro país rechaza cooperar en materia de extradiciones con Estados Unidos.
“Creo que la presidenta ha evaluado mal su decisión, porque Estados Unidos y sobre todo Donald Trump, tienen ahora los argumentos para reforzar la idea de que México es un narcoestado, un narcogobierno. No hay que olvidar que para la justicia en Estados Unidos el narcotráfico es una derivada del del terrorismo”, recordó.
Es decir, que Rocha Moya y el resto de los funcionarios quedan en una situación vulnerable como en la que estuvo en su momento el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El especialista consideró que puede afectar otros aspectos de la relación bilateral, como la próxima renegociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, al estimar que para el gobierno estadounidense no hay condiciones de trabajar con un gobierno que encubra personas consideradas como narcotraficantes.
Entre los duros de Morena y Estados Unidos
Para el académico e internacionalista Raúl Benítez Manaut, aunque la presidenta Sheinbaum exigió pruebas ante la denuncia, dejó abierta la puerta a que si estas son contundentes, se aplicará la justicia
Se trata de un juego intermedio en el que la mandataria está entre los intereses de Estados Unidos y los de su partido Morena y es muy difícil orientarse de un lado u otro. Si lo hace hacia Estados Unidos perdería arraigo y hasta la acusarían de traidora. Pero si no extradita a Rocha Moya la relación con el vecino del norte se puede deteriorar y hasta perderse la oportunidad de firmar el TMEC.
Para la analista de la Universidad Iberoamericana, María Pía Taracena, la solicitud de extracción no afecta la negociación del T-Mec por qué está separado el tema comercial de ese tipo de temas en específico.
“Es un dilema para el gobierno ya qué no es que sea un tema de intervención, sino es un tema de señalamiento grave y de presión en la cooperación al máximo. Es absolutamente una presión al tema de seguridad y por lo tanto genera la asimetría en los intercambios de información sobre el particular”, concluyó Taracena.
Con información de Arturo Jiménez