El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que faculta al Congreso para expedir una Ley General en materia de feminicidio, con el fin de homologar los tipos penales y sanciones a nivel nacional.
La propuesta enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte que en las legislaciones locales existen criterios diversos para acreditar las razones de género, agravantes y sanciones, lo cual repercute directamente en la investigación del delito, pues se establecen criterios diversos en las investigaciones.
“Esta situación genera un escenario de asimetría normativa en el que acreditar las razones de género depende del ámbito territorial en el que ocurran los hechos. Así, también se crean diversos estándares de investigación y probatorio”, apunta. La reforma al artículo 73 de la Constitución permite al Congreso expedir leyes generales en materia de feminicidio.
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La ley vigente sólo prevé esta facultad en casos de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, extorsión, trata de personas, tortura y otros tratos.
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La ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que el dictamen busca frenar la impunidad que ha normalizado la violencia extrema contra las mujeres en el país, sentando las bases mínimas para acreditar el feminicidio y así obligar a las autoridades a actuar con perspectiva de género y sentido humano. Señaló que las víctimas también se enfrentan a la revictimización institucional, hasta la omisión o negligencia de las autoridades involucradas en cada etapa de la investigación.
“De lo contrario ¿Qué nos queda? ¿Seguir contando cuerpos? ¿Seguir archivando expedientes? ¿Seguir escuchando a madres que claman justicia sin obtener respuesta? Eso es precisamente lo que este dictamen viene a romper”, expresó.
La bancada del PAN subió al pleno con letreros con consignas como “la violencia es sistemática, no aislada”; “7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia” y “sólo 15% de los feminicidios llega a justicia”. La diputada del PAN, Berenice Luna, apuntó que la legislación secundaria debe incorporar mecanismos efectivos de coordinación entre federación, entidades y municipios, con intercambio de información real, así como sistemas de supervisión y rendición de cuentas.
“¿De qué sirve 32 leyes si al final del día sólo el 15% de los casos sobre feminicidio llegan a una carpeta de investigación? ¿De qué sirve tener 32 fiscalías si piden dinero para buscar a las mujeres desaparecidas?”, cuestionó.
La legisladora del PRI, subrayó que “el problema de México no es sólo que las normas sean distintas entre estados, el problema es que desde que la mujer ha sido violentada llega sola la fiscalía”.