La muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) tras participar en un operativo contra el crimen organizado en Chihuahua abrió dos frentes de conflicto, uno interno, entre el gobierno federal y el de estatal, y otro en la administración de Claudia Sheinbaum y la de Donald Trump.
Un grupo operativo conformado por la Agencia Estatal de Investigación y la Secretaría de la Defensa Nacional realizó acciones contra el narcotráfico el sábado 18 de abril de 2026. Durante esa jornada, las autoridades desmantelaron dos laboratorios de drogas sintéticas en una zona limítrofe entre los municipios de Morelos y Guachochi.
El despliegue involucró a decenas de elementos mexicanos, pero el reporte oficial omitió inicialmente la participación física de personal extranjero en el terreno.
Te podría interesar
Aproximadamente a las dos de la mañana del domingo 19 de abril, un vehículo oficial desbarrancó en un barranco de 200 metros cerca de Polanco. En el accidente fallecieron Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación, y su escolta Manuel Genaro Méndez Montes.
Dos ciudadanos estadounidenses también perdieron la vida cuando la unidad se incendió tras la caída. La Fiscalía de Chihuahua informó ese domingo que el grupo regresaba del operativo en la sierra.
Te podría interesar
Versiones encontradas
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó sus condolencias el lunes 20 de abril durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. La mandataria puntualizó que el gobierno federal desconocía la movilización y rechazó la existencia de operativos conjuntos en tierra con agencias extranjeras.
El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, modificó su declaración original ese mismo lunes por la tarde. El funcionario estatal aseguró entonces que los estadounidenses realizaban tareas de capacitación lejos del área del aseguramiento.
El martes 21 de abril, los diarios The Washington Post y Los Angeles Times revelaron que los fallecidos pertenecían a la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Los reportes detallaron que Richard Leiter Johnston y John Dudley Black colaboraban en una estrategia contra los cárteles mediante intercambio de inteligencia.
Los cuerpos de ambos sujetos fueron entregados a sus familiares ese martes en el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez. La presidenta anunció ese día una investigación oficial por posibles violaciones a la ley nacional.
Escalada diplomática y notas oficiales
La Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática al embajador Ronald Johnson el miércoles 22 de abril para exigir explicaciones. Sheinbaum subrayó que cualquier acuerdo de seguridad con otras naciones requiere obligatoriamente el aval del Ejecutivo Federal según la Constitución.
El diario Los Angeles Times publicó ese miércoles que en realidad cuatro agentes de la CIA participaron en la misión operativa. La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado aprobó ese mismo día citar a la gobernadora y al fiscal.
Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt solicitó el miércoles 22 de abril que el gobierno mexicano mostrara mayor sensibilidad ante la tragedia. Donald Trump declaró en una entrevista con Fox News que México necesitaba el apoyo de su país para enfrentar al narcotráfico.
En respuesta, la mandataria mexicana reiteró el jueves 23 de abril que la soberanía nacional no era objeto de negociación bajo ninguna circunstancia. La presidenta calificó el hecho como un tema de seguridad nacional de alta relevancia.
Diálogo institucional y cumplimiento legal
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, recibió a la gobernadora Maru Campos Galván el jueves 23 de abril en la Ciudad de México. Durante el encuentro, García Harfuch explicó a la mandataria estatal los principios legales que prohíben a los estados gestionar colaboraciones internacionales autónomas.
La presidenta Sheinbaum señaló ese jueves que el gobierno de Chihuahua incurrió en una omisión de autoridad al solicitar apoyo extranjero. La jefa del Estado determinó que la comunicación futura ocurriría mediante la Secretaría de Seguridad.
La gobernadora Maru Campos anunció el viernes 24 de abril la creación de una unidad especial para investigar los hechos del 17 y 18 de abril. Campos designó a Wendy Paola Chávez Villanueva para encabezar las diligencias y concentrar las carpetas de investigación correspondientes.
La mandataria estatal manifestó su respaldo al llamado federal para establecer una agenda de trabajo conjunta que priorice la integridad soberana. El analista David Saucedo advirtió que el suceso evidenció desconfianza de agencias externas hacia el gobierno federal.
Estatus migratorio e informes finales
El Gabinete de Seguridad informó este sábado 25 de abril que los ciudadanos estadounidenses involucrados carecían de acreditación operativa formal. Una de las personas ingresó al país en calidad de visitante, mientras la otra utilizó un pasaporte diplomático sin los permisos adecuados.
Las autoridades federales confirmaron que ninguna institución nacional conocía la participación física de estos agentes en el despliegue operativo. El gobierno recordó que la legislación mexicana limita la cooperación extranjera al intercambio de información y capacitación técnica.
La presidenta de la República presentará el lunes 27 de abril un informe detallado con las evidencias recabadas sobre el ingreso irregular de los agentes. El Senado de la República espera la comparecencia de la gobernadora y el fiscal estatal para el martes veintiocho de abril a las once de la mañana.
Estas sesiones de trabajo buscarán esclarecer si existieron convenios previos o mecanismos de coordinación fuera del marco legal vigente. El caso mantiene bajo revisión el cumplimiento de los protocolos de seguridad nacional en la frontera.
VGB