Las comisiones del Senado citaron a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y al fiscal estatal, César Jáuregui, para dialogar en torno a la presunta participación de agentes estadounidenses en operativos de seguridad en la entidad, en un caso que será discutido próximamente en el Pleno, aunque los propios senadores reconocieron que se trata de una invitación y que la Cámara no tiene facultades para pedir explicaciones a la mandataria.
El dictamen que se discute en el pleno del Senado plantea una “invitación respetuosa” a ambas autoridades para acudir el 28 de abril, en medio de la controversia por la muerte de dos presuntos agentes de la CIA en un accidente vehicular tras un operativo en la Sierra Tarahumara.
El senador Luis Donaldo Colosio Riojas cuestionó la vía del citatorio y sostuvo que el tema debería ser atendido por la comisión bicameral de Seguridad Nacional, al tratarse de un asunto relacionado con la actuación de agentes extranjeros y la política de seguridad del Estado.
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También advirtió que el Senado no tiene facultades directas para llamar a comparecer a autoridades estatales en estos términos, y calificó el caso como una decisión con motivación política.
Durante la discusión, el senador Ricardo Anaya fijó la postura del PAN pero respaldó que la gobernadora acuda al Senado, aunque cuestionó el enfoque del dictamen y acusó a Morena de utilizar el caso con fines políticos.
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Sostuvo que su bancada votó a favor para llevar el tema al Pleno, aunque insistió en que la responsabilidad sobre la presencia de agentes extranjeros corresponde al ámbito federal. Además, retó a la mayoría a citar también a gobernadores de Morena para que expliquen la situación de seguridad en sus estados.
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El caso ha abierto un debate más amplio en el pleno sobre los alcances del Senado para llamar a comparecer a autoridades estatales y sobre el uso de mecanismos de control político frente a hechos vinculados con seguridad nacional.
El senador Marko Cortés Mendoza cuestionó que, en lugar de reconocer el desmantelamiento de un laboratorio de gran escala en Chihuahua, se utilizara el caso para golpear a la gobernadora y planteó que podría haber intereses electorales detrás.
“¿Por qué les molesta tanto que se combata al crimen organizado? ¿No será que a través de ese narcolaboratorio querían financiar campañas?”, lanzó, al sugerir un posible vínculo entre el crimen organizado y procesos electorales.
Pero el propio Partido Acción Nacional, al que pertenece la gobernadora, votó a favor del dictamen. El senador Ricardo Anaya Cortés explicó que el respaldo no implicaba coincidencia con el enfoque, sino la intención de llevar el tema al Pleno.
“Quieren que venga la gobernadora de Chihuahua a darles clases de cómo sí se combate al crimen organizado y cómo no se pacta con los narcotraficantes. Ella no tiene inconveniente en venir y adelantó que su bancada impulsará que también comparezcan otros funcionarios. Vamos a votar a favor, pero les vamos a pedir que venga el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya; que venga la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y que expliquen sus vínculos. Vamos a ver si ustedes también están dispuestos”, sostuvo.
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A lo largo de la sesión, el intercambio de acusaciones se intensificó. Mientras Morena sostuvo que se trata de un asunto de legalidad, soberanía y seguridad nacional, la oposición respondió que el dictamen busca golpear políticamente a la gobernadora de Chihuahua y desviar la discusión.