La muerte de agentes en un operativo antidrogas en Chihuahua ha reavivado la discusión sobre el papel de agencias estadounidenses en México, en medio de cuestionamientos sobre los límites de su actuación en territorio nacional.
El caso ha tensado la relación bilateral y colocado nuevamente en el foco la cooperación en materia de seguridad, mientras el Gobierno mexicano insiste en la necesidad de respetar la soberanía y las leyes vigentes.
Para David Saucedo, analista en seguridad, el episodio evidencia una práctica cada vez más frecuente: la actuación unilateral de organismos estadounidenses sin notificación previa al Gobierno federal mexicano, impulsada por la desconfianza respecto a posibles filtraciones de información hacia organizaciones criminales.
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La presencia de agencias como la CIA, el FBI y la DEA, explicó, “no es nueva”, pues desde hace años realizan labores de inteligencia, investigación y apoyo táctico en México, generalmente bajo esquemas de coordinación reservada con autoridades nacionales.
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Sin embargo, sostuvo que en los últimos años Washington ha reducido el intercambio previo de inteligencia con las autoridades mexicanas, especialmente a nivel federal.
“Compartir la información con el gobierno de México implicaba mayores riesgos, entre ellos que cayera en manos del crimen organizado”, afirmó el especialista.
A su juicio, la información obtenida a partir de capos extraditados, particularmente de estructuras vinculadas al Cartel de Sinaloa, ha permitido a las agencias estadounidenses identificar laboratorios clandestinos, rutas de tráfico y redes de protección institucional sin necesidad de compartir todos los datos con México.
Este factor, agregó, se combina con el interés político de Washington por adjudicarse directamente los resultados en la lucha contra el narcotráfico y proteger la identidad de sus agentes desplegados en operaciones sensibles.
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"La soberanía no se negocia"
La presencia de agentes estadounidenses en México, sin aval del gobierno federal, ha provocado la reacción de Sheinbaum, quien este viernes reiteró su defensa de la soberanía nacional y la exigencia de respeto al marco constitucional.
“El tema central es la presencia de agentes extranjeros en un operativo en un estado de la República sin haber solicitado los permisos que establece la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional”, afirmó.
Sheinbaum insistió en que la cooperación internacional debe mantenerse, pero siempre dentro del marco jurídico mexicano.
“La soberanía no se negocia. Se colabora, se coordina, pero en el marco de nuestras leyes”, declaró.
Remarcó que cualquier autoridad estatal que pretenda establecer colaboración con agencias extranjeras debe solicitar autorización a la Secretaría de Relaciones Exteriores e informar al Gabinete de Seguridad federal y así "cumplir la Constitución y las leyes”, subrayó.
Para Saucedo, la postura presidencial tiene una dimensión política clara, al reforzar un discurso de defensa nacional que, consideró, resulta rentable en términos de opinión pública.
“La presidenta se envuelve en la bandera y asume una postura nacionalista que le da puntos en popularidad”, señaló.
No obstante, el experto estimó que el reclamo institucional no modificará de fondo la cooperación efectiva entre ambos países.
En su opinión, la relación bilateral en seguridad ha operado desde hace tiempo bajo criterios de oportunidad y pragmatismo, más que por el marco normativo formal.
“El marco legal de colaboración binacional es letra muerta. En los hechos, ambos gobiernos toman decisiones pragmáticas para atender los casos que se presentan”, afirmó.
Saucedo descartó que el episodio escale a una crisis diplomática de mayor alcance, aunque advirtió que se suma a las tensiones ya existentes entre ambos gobiernos en temas como migración, seguridad y comercio.
A su juicio, más allá del debate público sobre soberanía y legalidad, la cooperación encubierta de agencias estadounidenses en México continuará.
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AJA