La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentra elaborando un informe específico sobre la crisis de desapariciones en México, en un contexto marcado por la persistencia y el incremento de casos que han colocado al país entre los más afectados de la región.
De acuerdo con cifras citadas en su más reciente reporte anual, en México se registran 133,601 personas desaparecidas y no localizadas, un dato que refleja la magnitud del problema y que servirá como base para el análisis que realiza el organismo interamericano.
El informe en preparación busca profundizar en las causas estructurales, los patrones de impunidad y las respuestas institucionales frente a las desapariciones, así como evaluar las acciones emprendidas por el Estado mexicano en materia de búsqueda, identificación y acceso a la justicia.
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La CIDH ha señalado en diversos pronunciamientos que las desapariciones en México constituyen una de las crisis de derechos humanos más graves del continente, lo que ha motivado un seguimiento constante y la apertura de este informe temático que será clave para formular recomendaciones a las autoridades.
El organismo advierte que las entidades con mayor número de casos son el Estado de México con 14,844, Jalisco con 13,635 y Tamaulipas con 13, 614, lo que refleja la concentración del fenómeno en zonas clave del país.
Para la CIDH, la desaparición de personas y la emergencia forense “continúan siendo una crisis humanitaria grave”, además de expresar preocupación por el incremento de feminicidios, transfeminicidios y asesinatos de personas de la comunidad LGTBIQ+, así como por el alza en los casos de trata y la violencia contra las mujeres.
CIDH reconoce avances de México en búsqueda
Pese a este panorama, la Comisión reconoce que durante 2025 el Estado mexicano fortaleció sus mecanismos de respuesta institucional, particularmente en materia de búsqueda de personas desaparecidas, como parte del seguimiento a recomendaciones previas.
En su análisis, el organismo destaca que México reforzó protocolos de búsqueda y mecanismos institucionales para atender la crisis, aunque subraya que los avances aún son insuficientes frente a la magnitud del problema.
Además, la CIDH advirtió que, aunque se han impulsado campañas y programas oficiales para combatir la tortura, la armonización legislativa de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura sigue pendiente en la mayoría de las entidades federativas.
ONU escala caso y abre vía internacional
En días previos, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas llevó la situación de México ante la Asamblea General a través del secretario general, en un procedimiento contemplado en la convención internacional. Este paso coloca el tema en el principal órgano deliberativo del organismo y abre la discusión sobre posibles mecanismos de acompañamiento internacional para atender el problema.
La decisión se sustentó en evaluaciones del propio comité sobre la evolución de las desapariciones en el país, en un contexto donde también se analizan medidas de cooperación técnica y seguimiento. El organismo ha señalado que este tipo de procesos no sustituye las acciones internas, sino que las complementa dentro del marco internacional.
Datos nacionales perfilan a las víctimas
Registros oficiales retomados por instancias internacionales indican que cerca de una cuarta parte de las personas desaparecidas en México son mujeres, mientras que alrededor de 20 por ciento corresponde a menores de edad al momento de su desaparición. Estas cifras provienen del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Los mismos datos muestran que más del 97 por ciento de los casos con fecha identificada se concentra a partir de diciembre de 2006, lo que ubica el crecimiento del fenómeno en los últimos años. En materia de justicia, reportes citados por organismos internacionales refieren que el número de sentencias se mantiene limitado frente al total de casos registrados.
Nuevos focos y patrones territoriales
Además de las entidades con mayores cifras acumuladas, reportes recientes ubican a la Ciudad de México como una zona con incremento en reportes en periodos recientes, lo que la coloca como un punto de atención dentro del fenómeno. Este comportamiento se suma a patrones que muestran expansión del problema hacia zonas urbanas.
Organizaciones y centros de análisis también han señalado que la distribución territorial de las desapariciones se relaciona con factores como violencia criminal, dinámicas locales de seguridad y condiciones institucionales, lo que influye en la concentración y evolución de los casos en distintas regiones del país.
Diferencias con la ONU por el diagnóstico
El gobierno mexicano expresó desacuerdos con evaluaciones recientes del Comité contra la Desaparición Forzada, en particular sobre la caracterización del fenómeno y la metodología empleada en sus informes. Autoridades federales señalaron que los análisis internacionales no incorporan de forma integral la información actualizada por instancias nacionales.
Por su parte, el comité sostuvo que sus conclusiones se basan en información documentada y en estándares internacionales, lo que mantiene una diferencia de criterios sobre la dimensión y tipificación de las desapariciones. Este intercambio se da en paralelo a los espacios de diálogo y cooperación abiertos con organismos internacionales en materia de derechos humanos.