El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que la crisis de desapariciones en México refleja fallas estructurales del Estado y rezagos acumulados en los procesos de búsqueda, investigación e identificación de personas, además de erosionar la confianza de la sociedad en las instituciones.
Al concluir una visita oficial de cuatro días en el país, el funcionario señaló que las desapariciones constituyen uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos y uno de los temas más recurrentes en sus encuentros con autoridades y víctimas.
“Es un desafío grave y doloroso para las familias”, afirmó en conferencia de prensa, donde también llamó a evitar la polarización del tema. “Es necesario que no se polarice el tema porque eso no ayuda a las familias que siguen buscando a sus seres queridos”, subrayó.
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Durante su gira, sostuvo reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum, integrantes de su gabinete, legisladores, organizaciones civiles y colectivos de búsqueda, cuyos testimonios —dijo— fueron clave para dimensionar la problemática.
En ese contexto, Socorro Gil, integrante del colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco, relató que durante el encuentro con el Alto Comisionado expuso la situación de riesgo que enfrentan quienes buscan a sus familiares.
Señaló que hay casos de personas buscadoras que han sido asesinadas en el proceso.
A partir de estos encuentros, Türk indicó que las familias enfrentan obstáculos constantes: falta de resultados, retrasos en las investigaciones, deficiencias en la coordinación institucional y prácticas que derivan en revictimización. En muchos casos, agregó, son los propios colectivos quienes continúan las labores de búsqueda ante la ausencia de respuestas efectivas del Estado.
El Alto Comisionado reconoció que existe un marco legal robusto y esfuerzos institucionales en marcha; sin embargo, advirtió que estos no corresponden a la magnitud del problema. Señaló debilidades en los registros de personas desaparecidas, limitaciones operativas y fallas en la articulación entre autoridades de distintos niveles de gobierno.
Uno de los puntos más críticos, indicó, es la crisis forense. La acumulación de cuerpos sin identificar evidencia fallas estructurales en los sistemas de identificación, lo que impacta directamente en el derecho de las familias a conocer el paradero de sus seres queridos.
Asimismo, enfatizó que la impunidad sigue siendo uno de los principales reclamos de la sociedad mexicana. “Erosiona la confianza entre la población y el Estado”, afirmó.
Türk insistió en que el Estado debe garantizar la participación efectiva de las familias, proteger su integridad y responder a sus demandas de verdad y justicia. También subrayó que las investigaciones deben realizarse con debida diligencia para sancionar a los responsables.
En ese sentido, planteó la necesidad de consolidar políticas públicas integrales que aborden el fenómeno desde la prevención, la búsqueda inmediata y la investigación efectiva, con un enfoque centrado en los derechos humanos.
El funcionario también fue cuestionado sobre hechos recientes de violencia en el país, como el feminicidio de Edith y un ataque armado en Teotihuacán. Señaló que estos casos forman parte de un contexto persistente que requiere respuestas institucionales sólidas, con recursos suficientes, personal capacitado y mecanismos de coordinación eficaces.
Sobre la solicitud del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para elevar la situación de México a la Asamblea General, explicó que el análisis continúa y que la decisión no depende únicamente de su oficina.
Finalmente, reiteró la disposición de la Oficina del Alto Comisionado para brindar asistencia técnica al Estado mexicano y destacó la importancia de fortalecer las instituciones, mejorar la capacitación de funcionarios y mantener la cooperación internacional.
A una década de la última visita de un Alto Comisionado al país, concluyó que la situación exige acciones sostenidas para superar rezagos, corregir fallas estructurales y garantizar el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas.
Contexto.-Organismos de Naciones Unidas han señalado que el país acumula más de 130 mil personas desaparecidas, además de una crisis forense con más de 70 mil cuerpos sin identificar en morgues y fosas comunes, lo que evidencia limitaciones estructurales en los sistemas de búsqueda e identificación.
Este escenario ha derivado en tensiones entre el gobierno mexicano y el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, que recientemente solicitó escalar el caso de México a la Asamblea General de la ONU ante la magnitud del problema. El organismo ha señalado posibles omisiones del Estado, altos niveles de impunidad y fallas en la prevención e investigación de estos delitos.
En paralelo, informes de organizaciones internacionales advierten que la crisis no solo persiste, sino que continúa creciendo. Datos recientes estiman que los casos de desaparición superan los 133 mil, en un contexto donde las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos —incluidas personas buscadoras— también han aumentado, lo que agrava el riesgo para quienes buscan a sus familiares.
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Además, especialistas y organismos internacionales han advertido que la problemática está vinculada a fallas estructurales más amplias, como la debilidad institucional, la falta de coordinación entre autoridades y la persistente impunidad. En algunos casos, incluso se han documentado posibles responsabilidades por acción u omisión de autoridades, lo que ha llevado a calificar la crisis como una de las más graves en materia de derechos humanos en el país