Una iniciativa legislativa busca transformar el acceso al empleo juvenil en México mediante cambios a la Ley Federal del Trabajo. La propuesta plantea que empresas y entidades públicas reserven un porcentaje de vacantes para jóvenes sin experiencia laboral previa.
El proyecto fue promovido por senadores de Movimiento Ciudadano y también se discute en la Cámara de Diputados. Su objetivo es facilitar la inserción laboral de personas jóvenes, especialmente en su primer empleo formal.
Entre los puntos centrales, se establece que los centros de trabajo con al menos 40 empleados deberán destinar un mínimo del 5% de sus puestos a jóvenes que no cuenten con registro previo en la seguridad social.
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Además, la iniciativa contempla sanciones económicas para quienes incumplan con esta obligación, así como incentivos fiscales para las empresas que sí integren a este sector de la población.
Reforma laboral plantea cuotas obligatorias y sanciones económicas
El documento propone adicionar la fracción XXXIV al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, con el fin de establecer como obligación patronal la contratación de jóvenes bajo criterios de igualdad de género.
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Asimismo, se plantea modificar el artículo 133 para prohibir que los empleadores incumplan con este porcentaje mínimo, reforzando así la obligatoriedad de la medida.
Para garantizar su aplicación, se propone reformar el artículo 995, estableciendo multas que van de 5,865 a 293,275 pesos, equivalentes a entre 50 y 2,500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La propuesta también incluye cambios a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el objetivo de que el sector público adopte medidas similares en la contratación de jóvenes.
Estímulos fiscales para fomentar el empleo juvenil
En paralelo, se busca reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta mediante la adición del artículo 186 Bis, que otorgaría un estímulo fiscal del 25% a los empleadores que contraten jóvenes sin historial laboral registrado.
Este beneficio sería equivalente al salario efectivamente pagado, siempre que los trabajadores sean dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y tengan entre 18 y 29 años.
De acuerdo con la iniciativa, este tipo de incentivos no solo favorece a los jóvenes, sino que también fortalece la recaudación y contribuye a la estabilidad económica a largo plazo.
El proyecto también destaca que facilitar el acceso al empleo formal puede reducir la precarización laboral y evitar que los jóvenes se vean obligados a aceptar trabajos informales o mal remunerados.
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Impacto en el empleo y combate a la informalidad
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que el 48.8% de las personas desempleadas tiene entre 25 y 44 años, mientras que el 33% corresponde a jóvenes de entre 15 y 24 años.
Estas cifras reflejan que el desempleo afecta de manera significativa a la población joven, lo que dificulta su acceso a oportunidades laborales formales.
La exposición de motivos señala que esta situación también impacta en las finanzas públicas, ya que el Estado debe destinar mayores recursos a programas de asistencia social.
Además, se argumenta que implementar cuotas de contratación y estímulos fiscales podría reducir la informalidad, fortalecer el poder adquisitivo de los jóvenes y fomentar su participación en la economía.
En paralelo, otras propuestas legislativas, como la del senador José Máximo García López, buscan establecer cuotas de contratación para personas mayores de 40 años, así como eliminar restricciones relacionadas con la edad en ofertas laborales.
La iniciativa continúa su proceso legislativo en ambas cámaras y, en caso de ser aprobada, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
LSHV
