La Fiscalía General de la República reconoce deficiencias estructurales en la investigación de casos que siguen sin resolverse, heredados de la administración de Alejandro Gertz, y admite que seis de cada diez ciudadanos aún piensa que existe corrupción en sus áreas.
El diagnóstico presentado en su Plan estratégico de procuración de justicia 2026-2029, al que La Silla Rota tuvo acceso, acepta que el sistema de procuración de justicia sigue sin concluir la mayoría de los casos. En 2025, apenas el 7.14% de las carpetas de investigación llegó a una sentencia.
El texto parte de un diagnóstico que la propia dependencia califica como “honesto y no cómodo” y en el que se enumeran fallas como: exceso de tramitación masiva de casos y abuso del procedimiento abreviado, pasando por la fragmentación de la información; el documento califica esto como el mayor aliado de la impunidad.
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El plan asume que al cierre de 2025, el 57% de la población percibe corrupción en la Fiscalía, mientras que la percepción de inseguridad se mantiene en niveles elevados, con 75.6% de la población que considera inseguro su entorno. La institución indica que esta cifra es un punto de partida para medir el impacto de su programa de integridad y cero tolerancia.
En conjunto, identifica cuatro tensiones estructurales: la saturación por tramitación masiva de casos, la baja proporción de investigaciones que avanzan a juicio, la concentración territorial de la violencia y la persistente desconfianza ciudadana.
Demasiados casos, resultados magros
Respecto a la saturación por tramitación masiva, en 2025 acumuló más de 136 mil carpetas en trámite, pero solo 16.8% se presentó ante un juez y apenas el 7.14% llegó a sentencia.
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En 2024 se abrieron más de 84 mil carpetas de investigación, el 84.4% corresponde a casos sin detenido, lo que implica investigaciones más complejas y con mayores exigencias probatorias.
A ello se suma un patrón que la propia institución identifica como desequilibrio procesal: el 94.6% de las condenas se obtiene mediante procedimiento abreviado, es decir, sin llegar a juicio oral.
El documento identifica como uno de los principales obstáculos para la procuración de justicia el aislamiento de la información, que impide la coordinación entre instituciones y retrasa el intercambio de evidencia, lo que termina por favorecer la impunidad.
"La fragmentación de la información ha sido históricamente el mayor aliado de la impunidad", dice.
El documento asume, además, que el Estado mexicano mantiene una deuda histórica en materia de desaparición de personas, un delito que califica como prioridad máxima.
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¿Qué plantea la nueva estrategia?
Frente a este escenario, el Plan propone un rediseño profundo del modelo de procuración de justicia, con énfasis en priorizar los delitos de mayor impacto y reorientar los recursos hacia investigaciones más complejas.
Uno de los ejes centrales es la implementación de un nuevo modelo de investigación e inteligencia, basado en el uso de datos, análisis estratégico y tecnología para integrar casos más sólidos desde su origen.
También plantea dejar atrás un esquema estándar de atención, para adoptar una gestión diferenciada de casos que permita concentrar capacidades en investigaciones de alto impacto, como delincuencia organizada, extorsión, desaparición de personas y delitos financieros.
El plan prevé además fortalecer la coordinación con fiscalías estatales y el gabinete de Seguridad, así como desplegar células de inteligencia y unidades especializadas para desarticular estructuras criminales completas, en lugar de procesar casos aislados.
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En el ámbito interno, propone una reestructuración institucional que incluye la profesionalización del personal mediante un Servicio Profesional de Carrera, la modernización tecnológica y la implementación de sistemas de trazabilidad para dar seguimiento a las investigaciones en tiempo real.
Otro componente es el fortalecimiento del enfoque hacia las personas afectadas por delitos, con la promesa de colocarlas en el centro de la actuación institucional y mejorar los mecanismos de atención, información y acompañamiento.
El documento también plantea reforzar el combate a la corrupción interna y mejorar la transparencia, como condición para recuperar la confianza ciudadana.