La trayectoria de Mariela Gutiérrez Escalante, senadora por Morena y exalcaldesa de Tecámac entre 2019 y 2024, registra diversos episodios que derivaron en investigaciones y controversias públicas. Los hechos incluyen decisiones sobre control animal, señalamientos por designaciones de funcionarios y conflictos con autoridades municipales y estatales. Estos casos surgieron en distintos momentos de su carrera política.
El episodios más reciente se presentó este 15 de abril de 2026, cuando la legisladora reconoció que durante su administración se aplicaron procedimientos de eutanasia a miles de perros en el municipio. La declaración ocurrió tras la difusión de un video donde dialoga con personal de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México.
La senadora precisó en el Senado que el total alcanzó 10 mil 962 caninos durante sus dos periodos de gobierno. Los procedimientos se realizaron en el Centro de Bienestar Animal municipal como parte de acciones de control de población en vía pública.
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Lo anterior, luego de que se hiciera viral un video difundido por la activista Zyanya Polastri, en el que se muestra a la funcionaria discutiendo con servidores de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) sobre el tema. En la grabación, la legisladora reconoció que durante su gestión como alcaldesa de Tecámac se sacrificaron animales en el Centro de Bienestar Animal del municipio.
No obstante, la exalcaldesa justificó sus acciones argumentando que las órdenes fueron apegadas a la ley y que los animales habían violentado a varias personas.
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“Ciertamente hay libros donde se tienen que sacrificar animales, animales de calle, que quede bien claro. Y sí no lo negamos, sí se han tenido que sacrificar animales, pero todo con estricto apego a la norma. Yo nunca les mentí, está en el informe de gobierno, está en cada uno de los informes de gobierno”.
Autoridades ambientales estatales señalaron que parte de estos procesos no cumplió con lineamientos establecidos, al referir ausencia de diagnósticos previos y participación de personal sin acreditación. La exalcaldesa indicó que las medidas respondieron a condiciones locales y a reportes de incidentes con animales.
Manejo animal bajo revisión
El tema generó atención adicional debido a la participación de la legisladora en discusiones federales sobre protección animal en noviembre de 2024. En ese periodo, el Senado analizó reformas relacionadas con el cuidado y trato de animales en el país.
Las revisiones sobre este caso continúan dentro del ámbito administrativo, mientras autoridades evalúan la actuación de dependencias municipales involucradas en los procedimientos aplicados durante ese periodo.
En paralelo, investigaciones periodísticas difundidas en 2025 documentaron la presencia de familiares y personas cercanas a la exalcaldesa en áreas del gobierno municipal. Los reportes incluyeron cargos dentro de finanzas, operación política y servicios públicos.
Entre los señalamientos se mencionó la participación de allegados en la administración de recursos municipales y en la operación de programas locales. También se documentó la asignación de contratos a empresas vinculadas con personas cercanas.
Señalamientos por estructura administrativa
De acuerdo con estos reportes, la estructura municipal incluyó a familiares en posiciones clave, lo que motivó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés. Las funciones abarcaron áreas como tesorería, gobernación y organismos descentralizados.
Los documentos también refirieron la operación de grupos de apoyo territorial financiados con recursos públicos. Estas estructuras formaron parte de la organización política en el municipio durante ese periodo.
El 19 de noviembre de 2025 se registró un cambio en la dinámica política local. Autoridades del Estado de México intervinieron en la administración municipal con el objetivo de reorganizar la operación del gobierno local.
Durante esa jornada, la alcaldesa en funciones, Rosi Wong Romero, modificó la integración de su equipo y solicitó la salida de funcionarios identificados con la administración anterior. La decisión derivó en protestas y bloqueos en vialidades, incluida la autopista México-Pachuca.
Ruptura política en Tecámac
Familiares de funcionarios afectados realizaron movilizaciones para denunciar detenciones y exigir información sobre su situación. Los hechos evidenciaron una división interna dentro del grupo político en la región.
Además de estos episodios, la senadora participó en incidentes con autoridades locales. El 9 de diciembre de 2024 se registró un enfrentamiento con policías de Tonanitla en el contexto de un incidente vial en zona limítrofe.
El evento incluyó la intervención de elementos de seguridad y reportes de detonaciones. Autoridades iniciaron revisiones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.
El 8 de diciembre de 2025, Gutiérrez Escalante acudió al informe de gobierno municipal en Tecámac, donde se registraron empujones y el retiro de vallas de seguridad en el acceso al evento. La situación se desarrolló en presencia de autoridades estatales.
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Investigaciones y procesos abiertos
El 20 de diciembre de 2025, el Ayuntamiento de Tecámac abrió una investigación interna para revisar contratos de obra pública y servicios. El proceso se llevó a cabo a través del Órgano Interno de Control.
La indagatoria busca determinar posibles irregularidades en el ejercicio de recursos durante el último año de la administración anterior. Las autoridades municipales señalaron que el análisis incluirá contratos, asignaciones y procesos administrativos.
Estos procedimientos continúan en curso mientras se integran expedientes y se revisa la información disponible. Las resoluciones definirán posibles responsabilidades administrativas o legales relacionadas con los hechos señalados.
Fiscalía del Edomex abre investigación por maltrato animal
La Fiscalía del Estado de México inició una investigación de oficio tras la difusión de material en redes sociales y medios de comunicación en el que se realizan señalamientos sobre presuntos actos de maltrato animal en agravio de caninos en el municipio de Tecámac.
De acuerdo con la autoridad ministerial, la indagatoria se abrió por la posible comisión de delitos relacionados con el maltrato animal previstos en el artículo 235 Bis del Código Penal del Estado de México, el cual sanciona causar la muerte a cualquier animal que no constituya plaga.
El caso también contempla la agravante establecida en el artículo 235 Ter, cuando el maltrato es cometido por servidores públicos encargados del manejo de animales, lo que podría derivar en penas de hasta seis años de prisión.
La Fiscalía señaló que el objetivo de la investigación es esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades a las que haya lugar.
VGB